Transportistas preparan paro indefinido en Bolivia por alza en combustible
El primer llamado a huelga por el aumento de entre 57 y 82% en el precio de los combustibles, anunciado por el gobierno de Evo Morales, está a cargo de la Confederación de Choferes de Bolivia, que amenazó con hacer un paro indefinido.
El máximo dirigente de esa confederación, Franklin Durán, dijo que el llamado al paro general fue decidido por su directorio reunido de emergencia, que convocó a los sindicatos nacionales a una asamblea en La Paz para el próximo martes "para asumir otras medidas que frenen este gasolinazo".
Esta organización es la mayor agrupación sindical del sector del transporte y cuenta con 175,000 afiliados en el país.
El vicepresidente del país, Álvaro García Linera, que ejerce la presidencia interina por el viaje de Morales a Venezuela, anunció el aumento de los combustibles y otras medidas adicionales para paliar sus efectos en la economía familiar.
El coste del litro de gasolina sube de 0.53 a 0.91 centavos de dólar (un 72 por ciento), el de la gasolina premium de 0.68 centavos a 1 dólar (un 57 por ciento) y el del diesel de 0.52 a 0.96 centavos de dólar (82 por ciento).
Durán dijo que el sector del transporte "no puede someterse" a las decisiones del gobierno de Morales, porque el nuevo coste del combustible "afectará a la economía no sólo de los transportistas, sino de la población en su conjunto".
La confederación denunció que "habrá un efecto multiplicador" en el coste de otros productos usados por los transportistas como aceites, grasas y la mano de obra, lo que puede derivar en que el servicio de transporte suba hasta en 122 por ciento.
García Linera justificó la decisión del incremento con el argumento de que es necesario frenar el contrabando a países vecinos de los carburantes, que este año recibieron del Estado una subvención de 380 millones de dólares.
El vicepresidente también dijo que el barril de petróleo en el mercado interno costaba desde hace siete años 27 dólares, pese a que a nivel internacional ya está en los 90 dólares, lo que calificó de desincentivo para las empresas, que producen combustibles líquidos.
