Dilma comienza su mandato con un estilo discreto, diferente al de Lula
Dilma Rousseff cumplió este viernes su primera semana en la Presidencia de Brasil y desde su investidura, el 1 de enero, no ha sido vista en público ni ha hecho declaraciones, en un estilo de gobernar opuesto al de su antecesor y protector, Luiz Inácio Lula da Silva.
Su silencio con la prensa incluso va más allá de estos días, pues la última vez que habló frente con los periodistas fue en Seúl, a inicios de noviembre, cuando acompañó a Lula a la cumbre del G-20 en su condición de mandataria electa.
Tras la ceremonia de investidura, la nueva presidenta ha mostrado discreción en el ejercicio del poder e ha impuesto un intenso ritmo de trabajo.
Su primer día lo dedicó a contactos con líderes extranjeros que viajaron a Brasil, entre ellos, Felipe, el príncipe de Asturias; el presidente de Uruguay, José Mujica, así como autoridades de Cuba, Portugal, Corea del Sur, Palestina y Japón.
El lunes congregó a su equipo político y desde entonces ha tenido encuentros a puerta cerrada con muchos de sus ministros, a los que convocó a una primera reunión conjunta el próximo día 14.
Pese a su distancia de las cámaras, a las que era asiduo Lula , la mandataria ya ha adoptado algunas medidas fuertes en lo financiero y prepara otras para reducir la presencia del Estado en la actividad económica, que fue impulsada con fuerza en los últimos dos años en el marco de planes para contener los efectos de la crisis global.
El ministro de Hacienda, Guido Mantega, uno de los colaboradores que Rousseff heredó de Lula, ha dicho que el gobierno prepara un recorte del gasto público, que afectará a todos los ministerios.
Con la misma discreción ha manejado las primeras diferencias surgidas en su equipo, incluida una con el ministro de Seguridad Institucional, José Elito Carvalho Siqueira, que al tomar posesión del cargo hizo una polémica referencia a los años de la dictadura, época en que la entonces guerrillera Rousseff estuvo presa y fue torturada.
El militar consideró que los desaparecidos por razones políticas que hubo en ese periodo (1964-1985) no deben ser motivo de “vergüenza”, sino que se trata de un asunto que debe ser estudiado “como hecho histórico”.
Rousseff no hizo ningún comentario público sobre el asunto, pero según fuentes oficiales citadas por dos diarios locales convocó al general, le manifestó su “malestar” con esas declaraciones y Carvalho Siqueira debió pedir disculpas por lo que consideró un “malentendido”.
Otro frente de conflicto con el que Rousseff deberá lidiar se abrió en la amplia coalición que formó para llegar al gobierno.
La coalición está formada por 11 fuerzas políticas y tiene como principales miembros al Partido de los Trabajadores (PT), al que la presidenta pertenece desde 1999, y el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), una influyente formación de centro-derecha que lidera el vicepresidente Michel Temer.
El PMDB, que se quedó con seis de los 37 ministerios, contra los 17 que ocupa el PT, ha comenzado a presionar por espacios y ha llegado a insinuar que puede unirse a la oposición en el Congreso para votar un aumento salarial superior al sugerido por el gobierno de Lula durante los últimos días de su gestión.
Ante eso, Rousseff suspendió hasta febrero los nombramientos de directores en diversas áreas de ministerios y empresas estatales, a fin de abrir un paréntesis de negociación con los partidos de su base política y en especial con el PMDB.
Mientras encara esos problemas , desde la sombra, la jefa de Estado también ha dado las líneas maestras de un plan con el que pretende acabar con la pobreza extrema, mediante programas de lo que el gobierno califica como "inclusión productiva".
