España: piden investigar el robo de bebés durante el régimen franquista
La Fiscalía General del Estado español recibió este jueves una demanda conjunta para que investigue el robo de 261 bebés en España durante el régimen franquista, una práctica que según estimaciones podría haber afectado a centenares de miles de niños.
La Asociación Nacional de Afectados de Adopciones Irregulares (Anadir) acudió al fiscal general con la esperanza de que abra una causa que les permita encontrar a las madres, hijos y hermanos que buscan, después de un largo trámite judicial sin éxito, según anunciaron en su página web.
En la denuncia presentada ante el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, se han aportado pruebas con indicios de delitos de tráfico de niños, falsificación de documento público, suposición de parto (simular haber dado a luz a un niño vivo) y secuestro y detención ilegal, que no prescriben, según la asociación.
"La mayoría de los casos ocurrieron en Madrid, pero también hay muchos en Andalucía y Cataluña. Ocurrió en todas las comunidades autonómicas , con el mismo sistema: engaño a la madre asegurándole que su bebé ha muerto, búsqueda de compradores, pago, e inscripción como hijo propio", dijo el abogado de la asociación, Enrique Vila, en rueda de prensa.
La asociación dijo que el robo de niños se inició en los años 40 con las presas republicanas en una depuración política, pero que a partir de los años 50 se convirtió en una red de tráfico de bebés con fines económicos.
"Las personas implicadas en la presunta trama van desde médicos, auxiliares de enfermería, matronas, algún religioso, empleados de funerarias y otros intermediarios que se dedicaban a captar a los padres que podían comprar estos niños robados", dijo Vila.
En la documentación entregada a la Fiscalía General figuran desde partidas de nacimiento falsas, pruebas de ADN, testimonios de enfermeras o de padres que reconocen haber comprado a sus hijos.
La trama se pudo prolongar hasta los años 90, poco después de que cambiase una ley que hasta entonces favorecía el poder de los médicos y centros de maternidad para amañar la adopción o venta de bebés. En 1987 se aprobó una ley que daba a la Administración el control de las adopciones en España.
Anadir, una asociación creada por Antonio Barroso quien en 2008 con 39 años se enteró de que su partida de nacimiento había sido falsificada, intenta con este paso buscar el origen de los hijos robados, así como un castigo para los culpables.
La asociación está dispuesta a acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si la Fiscalía General dice que estos delitos han prescrito.
