Organizaciones buscan destituir al senador que elaboró la ley SB 1070
Un grupo de organizaciones civiles exige que el senador estatal republicano Russell Pearce , autor de la controvertida ley de inmigración de Arizona SB 1070 , sea destituido de su cargo bajo el argumento de que sus propuestas violan la Constitución de Estados Unidos.
La coalición Arizonenses para un Mejor Gobierno planteó este viernes su petición a la Secretaría de Estado de Arizona, un día después de que legisladores republicanos —entre ellos Pearce— presentaran dos iniciativas consideradas discriminatorias.
Una de ellas propone limitar la categoría de ciudadano de Arizona a las personas que hayan nacido en Estados Unidos y que al menos uno de sus padres tenga la ciudadanía estadounidense, ya sea por nacimiento o por naturalización.
La otra busca establecer una “distinción” entre las actas de nacimiento que da Arizona a los hijos de ciudadanos estadounidenses y las que otorga a los hijos de inmigrantes indocumentados.
El grupo de organizaciones sostiene que esas iniciativas violan la Constitución estadounidense al negar la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en el país. La enmienda 14 constitucional otorga la ciudadanía a cualquier persona nacida en Estados Unidos sin importar el estatus de sus padres.
“Pearce debe ser retirado de su puesto debido a su claro desdén por la Constitución de Estados Unidos”, dijo la activista Dee Dee Blase, directora del grupo Somos Republicans, que forma parte de la coalición.
El grupo tiene hasta el 27 de mayo para recaudar 7,756 firmas de votantes registrados en el distrito de Mesa, del que Pearce es representante, para poder llevar su propuesta ante el electorado del estado.
En abril de 2010, Arizona promulgó la ley SB 1070 propuesta por Pearce, con la que obligaba a los policías estatales a detener a cualquier persona sospechosa de ser inmigrante indocumentado.
La ley fue impugnada por grupos civiles y la propia Casa Blanca, que la consideran discriminatoria y violatoria de los derechos humanos. El gobierno de Arizona afirma que la legislación únicamente intenta aumentar la seguridad en la entidad.
Antes de que la norma entrara en vigor, una jueza federal bloqueó sus partes más polémicas , aunque el gobierno de Arizona apeló el fallo y llevó el caso a tribunales .
