EU: senador acusa a oficina de control de armas de permitir contrabando
Como parte de las actividades del Proyecto Gunrunner (Traficante de armas), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) permitió que contrabandistas adquirieran armas a prestanombres con la esperanza de conocer su destino final , acusó el senador republicano, Charles Grassley.
Las dos AK-47 encontradas en Arizona, cerca del lugar donde fue asesinado un agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, forman parte de las armas que las autoridades federales han permitido negociar en el mercado negro.
Grassley dijo que la ATF perdió el rastro de varias de las armas, incluidas las dos encontradas en Río Rico, el lugar donde fue asesinado el agente fronterizo Brian Terry.
“Terry perdió la vida en el tiroteo, y probablemente fue asesinado por una de esas armas”, escribió Grassley en una carta al fiscal general Eric Holder, quejándose de que la ATF obstruía su investigación en la materia.
En un informe publicado en Los Angeles Times, la ATF aseguró que no existe evidencia de que los rifles hayan sido utilizados para matar al agente .
El asistente del fiscal general, Ronal Welch, negó la versión de que la ATF haya permitido la venta de armas de asalto a prestanombres que luego las transportaron a México.
“La ATF hace todo lo posible para interceptar las armas que han sido adquiridas ilegalmente y evitar su traslado a México", escribió Welch en una carta a Grassley el 4 de febrero.
Sin embargo, el agente de la ATF John Dodson, admitió al programa CBS Evening News que la Oficina permite intencionalmente el paso de armas a México .
“Lo hemos estado haciendo todos los días desde que llegué aquí”, dijo Dodson, al afirmar que estas operaciones han contribuido en la escalada de violencia en México.
Sólo unos minutos antes de que se transmitiera el programa el jueves, el director interino de la ATF, Kenneth Melson, informó en un comunicado que la agencia formará un panel para “revisar las actuales estrategias de tráfico de armas llevadas a cabo por los encargados de división y agentes especiales”.
“Esta revisión permitirá a la ATF maximizar su efectividad al llevar a cabo investigaciones y procesos complejos sobre tráfico de armas”.
Como reacción, el Departamento de Justicia solicitó a su inspector general independiente evaluar lo concerniente al Proyecto Gunrunner.
La ATF permitió a Jaime Ávila, residente de Phoenix, hacer repetidas adquisiciones de armas después de que su nombre ingresara a la base de datos de personas sospechosas el 13 de enero de 2010, dijo Grassley. El 16 de enero Ávila compró tres AK-47, y adquirió más en los siguientes meses. La agencia mantuvo el rastro de Ávila, pero no de las armas que compró, escribió Grassley.
En diciembre de 2010, 11 meses después de que Ávila adquiriera las armas, la identificación del número de serie reveló que dos de ellas fueron descubiertas en la escena del asesinato del agente Terry.
“Es difícil aceptar que nuestro hijo fue asesinado con una pistola que fue comprada en Estados Unidos”, dijo la madrastra del agente, Carolyn Terry, en un correo electrónico dirigido a Grassley. “Creo que intentan encubrir la muerte de nuestro hijo y esperan que se olvide. Eso no sucederá. Nosotros queremos saber quién permitió la venta del arma que asesinó a mi hijo”.
Grassley incluyó el correo en la carta dirigida a Holder, enviada el 9 de febrero.
Agentes rasos de la Patrulla Fronteriza también están decepcionados por el caso, dijo T.J. Bonner, presidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza.
“Simplemente no tiene sentido para mí o para los agentes con los que he hablado. Los cárteles de la droga pueden conseguir las armas en cualquier lugar pero, ¿por qué hacerles más sencillo el proceso?”
Bonner exigió la investigación del Proyecto Gunrunner, que aseguró, se encuentra fuera de control.
Aseguró que es normal que los organismos de aplicación de la ley controlen la compra y venta de bienes de contrabando, pero no les permiten cruzar la frontera, donde probablemente serán utilizadas en actos criminales.
“¿Cuál es el objetivo del juego? No está claro en mi mente”, dijo Bonner.
Una historia publicada por el Centro de Integridad Pública, que investiga el programa de la ATF, cita al asistente del director de operaciones de campo de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, Mark Chait.
En ese informe, Chait habla sobre un cambio de política para no arrestar al primer prestanombres que adquiera las armas, sino profundizar en la organización a través de técnicas de investigación, relató Scot Thomasson, vocero de la ATF, a CNN el sábado.
Chait cambió de política después de años de esfuerzos estériles enfocados a pequeños compradores con la esperanza de desmantelar operaciones mayores de tráfico de drogas.
El anterior enfoque en los prestanombres fue criticado en otoño pasado por el inspector general del Departamento de Justicia.
El reporte decía que la ATF debía enfocarse en traficantes de alto nivel, contrabandistas y los últimos depositarios de las armas traficadas.
En el caso del asesinato de Terry, los agentes arrestaron a Ávila poco después del tiroteo y fue acusado de realizar compras ilegales de armas. Otros sospechosos han sido arrestados, sin embargo, nadie ha recibido cargos por el asesinato.
Grassley investiga qué sucedió con las armas mencionadas en las declaraciones de Ávila, que refieren de la compra de 760 armas, y de las cuales sólo se recuperaron 103.
