El juez Baltasar Garzón será juzgado por ordenar intervenir comunicaciones
La Justicia española sentará en el banquillo al magistrado Baltasar Garzón por ordenar que fueran grabadas en prisión las conversaciones entre los imputados en la trama Gürtel, uno de los mayores escándalos de corrupción política de los últimos años en España, y sus abogados.
El juez del Tribunal Supremo (TS) Alberto Jorge Barreiro, instructor de la causa, ordenó este lunes la apertura de juicio oral en un auto en el que señala que la orden de Garzón para que se realizaran las escuchas constituye un delito continuado de prevaricación judicial.
Barreiro indicó que la actuación del magistrado supone, además, otro delito de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales, ya que "decidió acceder indebidamente a las conversaciones confidenciales".
El juez del TS considera que Garzón, suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional desde el pasado 14 de mayo , "conociendo la estrategia de las defensas o datos confidenciales que pudieran proporcionar los internos a sus abogados, dominaba completamente la evolución de la causa, de gran trascendencia mediática".
El caso Gürtel, que implica a altos cargos del Partido Popular (PP), el principal de la oposición en España, investiga una trama corrupta, liderada por Francisco Correa, quien supuestamente creó un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos públicos mediante el soborno a funcionarios y autoridades de las regiones de Madrid y Valencia (ambas gobernadas por el PP).
La querella contra Garzón por ordenar las escuchas a los imputados en prisión fue presentada el 9 de diciembre de 2009 por el abogado Ignacio Peláez, que defiende a uno de los empresarios implicados.
Peláez solicita para él juez 10 años de inhabilitación, mientras que la defensa de Correa pide que sea inhabilitado 17 años y la Fiscalía reclama la absolución.
Esta es la segunda causa que llevará a Garzón a juicio, ya que el Tribunal Supremo lo sentará también en el banquillo acusado de prevaricación por declararse competente para investigar las desapariciones durante el franquismo.
El magistrado tiene abierta una tercera causa en el Alto Tribunal español por los supuestos cobros recibidos del Banco Santander, durante su estancia entre 2005 y 2006 en la Universidad de Nueva York.
