La legislatura de Georgia aprueba una ley contra los inmigrantes
La legislatura de Georgia aprobó la noche del jueves una iniciativa de ley que crea el marco legal para una fuerte ofensiva contra los inmigrantes indocumentados, al seguir el ejemplo de la controversial SB1070 de Arizona .
La Cámara de Representantes de Georgia otorgó el voto final a la iniciativa HB87, que convierte en delito estatal el ser indocumentado y autoriza a los policías cuestionar a cualquiera sobre su estatus migratorio si existe “causa probable”.
Los representantes estatales votaron la legislación por una mayoría de 112 a 59, horas después de que en el Senado fuera también aprobada por el voto de 37 contra 19, a menos de dos horas de que terminara el periodo de sesiones de este año.
“Es un gran día para Georgia”, declaró el representante estatal republicano Matt Ramsey, autor del proyecto de ley, al contabilizarse los votos y conocerse la aprobación de la propuesta.
“Hemos cumplido con el trabajo que nuestros electores nos pidieron que hiciéramos para atender los costos y las consecuencias sociales que han sido vertidos sobre nuestro estado por la incapacidad del gobierno federal para proteger las fronteras de nuestra nación”, apuntó Ramsey.
La iniciativa pasa ahora al escritorio del gobernador republicano Nathan Deal, quien se espera estampe su firma y promulgue la HB87 como la nueva Ley 2011 de Aplicación y Reforma a la Inmigración Ilegal.
Deal, quien asumió su cargo en enero, hizo campaña el año pasado declarando estar a favor de la SB1070 de Arizona y prometiendo establecer durante su administración estrictas medidas contra la inmigración indocumentada.
La propuesta HB87, aprobada tras múltiples enmiendas en un constante proceso entre una y otra cámara legislativa que se prolongó hasta el día final de la sesión, crea un agresivo marco legal para desalentar la inmigración ilegal en Georgia.
La iniciativa autoriza a las policías locales y estatales cuestionar a cualquier persona sobre su estatus migratorio cuando exista alguna “causa probable”, como una violación de transito u otra infracción que dé pie a indagar al sospechoso.
La HB87 habilita también a los policías a detener a quien encuentren en violación de las leyes de inmigración y conducir a los indocumentados en calidad de arrestados a las cárceles estatales o federales.
La propuesta fue aprobada con una previsión que obliga a los empleadores de Georgia que tengan empresas con más de 10 trabajadores, a usar el sistema federal de verificación “E-Verify”, para determinar si sus empleados están autorizados a laborar legalmente en Estados Unidos.
La iniciativa deja pendiente la sanción a los patrones que no cumplan con el requisito que decreta como obligatorio.
Sin embargo, la HB87 sí establece castigos graves de hasta 15 años de prisión y multas de hasta 250 mil dólares, a quien utilice alguna identificación falsa para conseguir un trabajo en Georgia.
Organismos empresariales cabildearon hasta el último minuto para tratar de que los legisladores eliminaran los requisitos de verificación de trabajadores, pero sólo lograron una excepción para los pequeños negocios de menos de 10 empleados.
La propuesta penaliza además a quien, en la comisión de un delito, transporte en forma consciente o albergue inmigrantes indocumentados con castigos de hasta un año de prisión , adicional a la sanción que reciba por el crimen en el que se le sorprendió.
Establece la misma pena, para quien “aliente” en forma consciente a indocumentados a viajar o llegar a Georgia.
La legislación crea la Junta Estatal de Revisión de Inmigración para investigar las denuncias sobre funcionarios del gobierno local y estatal que no acaten o hagan cumplir las leyes estatales relacionadas con la inmigración.
La propuesta ordena al Departamento de Agricultura de Georgia el estudiar la posibilidad de crear un programa propio de trabajadores huéspedes, como fue establecido en forma reciente en Utah.
Al igual que en Arizona, grupos defensores de los derechos de los inmigrantes y otros opositores a la HB87 han amenazado con lanzar boicots económicos contra Georgia en caso de que la entidad promulgue esta iniciativa como ley.
Los opositores sostienen que la legislación es una medida extrema y anticonstitucional que promueve la discriminación racial y pronostican que al igual que la SB1070 de Arizona, será frenada por las cortes federales.
“La legislación provocará el terror en todo el estado”, advirtió Azadeh Shahshahani, directora del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión de Libertades Civiles de América (ACLU) de Georgia.
“Todos los georgianos tendrán que llevar identificación consigo en todo momento con el fin de evitar ser detenidos mientras la policía trata de determinar su estatus migratorio”, indicó Shahshahani.
Legislaciones similares a la de Georgia están siendo consideradas también por las legislaturas de Oklahoma y Carolina del Sur, donde la propuesta es aún más dura que la misma SB1070 de Arizona.
Utah promulgó el mes pasado un paquete de cuatro leyes migratorias , que por un lado contienen medidas policiales de control migratorio y por otro es más flexible al otorgar permisos a indocumentados para trabajar y vivir en esa entidad durante dos años.
A lo largo de las últimas semanas, legislaturas de otras entidades, como Colorado, Iowa, Kansas, Kentucky, Nebraska, New Hampshire, Dakota del Sur y Wyoming, han rechazado iniciativas antiinmigrantes, ante el desaliento de que estas puedan ser establecidas.
El denominador común de los legisladores en todas estas entidades ha sido la sospecha de que este tipo de legislaciones no pase la prueba de las cortes federales.
La SB1070 de Arizona está suspendida en sus partes medulares por la orden de una jueza federal que analiza aun la constitucionalidad de la medida.
