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Uruguay: diputados rechazan juzgar a oficiales de la dictadura

La Ley de Caducidad no pudo ser eliminada y continuará evitando que los oficiales que cometieron abusos en la dictadura sean juzgados
vie 20 mayo 2011 12:09 PM
camara de diputados uruguay
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Después de catorce horas ininterrumpidas de debate en la madrugada de este viernes y con cientos de manifestantes a las afueras de la Cámara de Diputados de Uruguay, los legisladores acordaron mantener la ley que protege a los oficiales acusados de violar los derechos humanos durante la dictadura militar entre 1973 y 1985.

El Frente Amplio, partido gobernante y con mayoría en la Cámara, propuso eliminar la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Sin embargo, uno de sus integrantes, Víctor Semproni, decidió no apoyar la eliminación de la ley contradiciendo las órdenes de su partido para votar a favor de la derogación.

Semproni se convirtió en la figura del debate cuando se retiró de la sala y dejó en 49 el número de diputados del Frente Amplio, el mismo que la oposición. Su abandono significó un empate de votos y la subsecuente vigencia de la Ley de Caducidad, como lo ha sido desde 1986.

El presidente uruguayo, José Mujica, había expresado su rechazo a la medida propuesta por su partido, aunque anunció que no iba a vetarla si finalmente era aprobada. “No podemos dejarles a las nuevas generaciones las frustraciones de la nuestra”, dijo en un evento público.

¿Olvidar sin castigar?

Amnistía Internacional consideró este viernes que “Uruguay había perdido una oportunidad histórica" al no derogar la Ley de Caducidad dejando a casi 7,000 prisioneros políticos que denunciaron torturas y abusos durante la dictadura sin la oportunidad de iniciar un proceso para buscar justicia.

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Semproni, un ex guerrillero de 74 años que sufrió torturas durante la dictadura, dijo estar "totalmente de acuerdo y en pie de lucha para borrar definitivamente la Ley de Caducidad del sistema legal uruguayo", pero consideró también la iniciativa "poco segura" y "generadora de mayores dificultades".

La ley había sido sometida en 1989 y 2009 a referendo y, en ambas ocasiones, la población votó a favor de mantenerla vigente. La oposición, el Partido Nacional, calificó la propuesta de eliminar la ley como "un grosero intento de pasar por encima de la voluntad popular" expresada en las urnas, en palabra del diputado Gonzalo Borasi.

El debate sobre la ley ha provocado enfrentamientos dentro del Frente Amplio y críticas al gobierno de Mujica. El partido “ha demostrado demasiadas divisiones, conflictos, escándalos", afirmó el analista político Adolfo Garcé.

El experto recordó que, además del caso del diputado oficialista Víctor Semproni, que con su negativa a apoyarlo impidió que el plan progresara por un sólo voto, un senador dimitió, otro fue expulsado y varios parlamentarios lo respaldaron a regañadientes.

La Asociación Crysol de ex presos políticos uruguayos lamentó la permanencia de la ley y señaló que redoblará el esfuerzo en la búsqueda de su anulación.

El vocero de Crysol, Baldemar Taroco, consideró "lamentable" la actitud del presidente uruguayo quien, dijo, cambió varias veces de opinión.

En medio del camino legislativo del proyecto se reunió con los legisladores oficialistas y les pidió que no lo votaran debido a los costos políticos que supondría para el partido y el jueves, poco antes de la sesión de Diputados,  le solicitó a Semproni que acompañara al oficialismo aunque el legislador le desatendió.

Mujica, que este viernes cumple 76 años, y Semproni, fueron compañeros de armas en la década de los años 1960 y 1970 dentro del grupo guerrillero MLN-Tupamaros. El presidente dijo que el tema debía resolverlo el Frente Amplio y no el gobierno, el mandatario también estuvo preso en duras condiciones durante la dictadura.

Esta noche se llevará a cabo la Marcha del Silencio por el centro de la capital uruguaya con la que cada 20 de mayo se recuerda a las víctimas de la dictadura.

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