La Suprema Corte respalda una ley antiinmigrante para negocios de Arizona
La Suprema Corte de Estados Unidos respaldó una ley del estado de Arizona que castiga a los negocios que contraten a inmigrantes en situación de ilegalidad laboral, una ley que oponentes, incluida la administración del presidente Barack Obama, dicen que interfieren en la supervisión federal sobre asuntos de inmigración.
Cinco votaron a favor y tres en contra, lo que representa una victoria para quienes apoyan una reforma del sistema de inmigración.
Es la primera pelea en cortes federales relacionada con una serie de leyes estales que recientemente fueron promulgadas con el fin de combatir la inmigración en situación de ilegalidad, un tema que se convirtió en un pararrayos político.
El asunto sobre la contratación de personas sin documentos legales se centró en si la ley estatal pisotea a la autoridad federal.
“Arizona tomó la ruta menos propensa a causar tensión con la ley federal”, escribió el magistrado presidente John Roberts. “Se basa únicamente en la propia determinación del gobierno federal de quién es un extranjero no autorizado, y exige a quienes ofrecen empleo en Arizona a utilizar el propio sistema del gobierno federal para verificar el estado legal del empleado".
Arizona promulgó dicha ley en el año 2007, permitiendo al estado suspender licencias de negocios que “intencionalmente o a sabiendas” no exijan los requisitos a los postulantes para ser elegibles para un empleo. Las compañías deben utilizar la base de datos federal E-Verify, que verifica documentos de los actuales y futuros empleados. La base de datos fue creada por el Congreso como un recurso voluntario y discrecional.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos presentó una demanda contra Arizona, argumentando que las leyes federales prohíben a los estados hacer obligatorio el uso de E-Verify. El grupo fue apoyado por otras organizaciones a favor de los derechos civiles. Arizona respondió que su autoridad de conceder licencias le da el derecho de supervisar negocios bajo su jurisdicción.
La administración del presidente Obama recomendó una revisión judicial, y se alineó con los negocios y grupos de defensa de derechos civiles.
Una ley federal en 1986 limitó significativamente el poder de los estados para regular por separado la contratación de trabajadores “sin autorización”. Una excepción fue hecha para “leyes locales de licencias y otras similares”. Bajo la ley, los negocios tienen que revisar la documentación para confirmar que un postulante tiene el derecho de trabajar en Estados Unidos, incluyendo la verificación de la forma de inmigración I-9.
Aunque se aumentaron penas civiles y criminales, los negocios que realizaron un esfuerzo “de buena fe” para cumplir con la ley tuvieron generalmente inmunidad.
El magistrado Roberts, respaldado por sus cuatro colegas conservadores, afirmó que “Arizona fue una milla más allá en asegurarse de que su ley sigue las provisiones (de la ley federal) en todos los aspectos materiales”.
Disintiendo, la magistrada Sonia Sotomayor hizo notar que el E-Verify es un programa voluntario, y dijo que las críticas al gobierno federal por supuestamente hacer poco para hacer cumplir la ley son irrelevantes.
“Permitir que los estados pidan de manera obligatoria el uso del E-Verify los pone, incorrectamente, en una posición que les permite tomar decisiones, que afectan directamente (a la forma en que se utilizan) los recursos federales”, escribió. Los magistrados Stephen Breyer y Ruth Bader también disintieron.
La magistrada Elena Kagan no participó en el caso, debido a que ella era fiscal general el año pasado cuando el caso alcanzó la Suprema Corte.
La gobernadora de Arizona, Jan Brewer , respaldó la ley y dijo en diciembre pasado a CNN que tiene argumentos. “El fondo del asunto es que creemos que el gobierno (federal) no está haciendo el trabajo por tanto Arizona va a ayudar a realizarlo. Nos enfrentamos a una crisis”.
El resultado puede servir como un fogueo para un pleito judicial de alto nivel sobre otra reforma –la ley SB1070– del estado de Arizona, aún más controversial, que está en una corte federal de apelación . El estatuto puede, entre otras cosas, dar un mayor rol a la policía local para arrestar a personas si existe “la sospecha razonable” de que se encuentran en el país sin documentos legales para radicar.
