Estados Unidos y la justicia internacional: ¿cuáles son los avances?

En días recientes, el presidente Barack Obama aplaudió los esfuerzos de llevar al ex general serbio Ratko Mladic y al líder libio, Moammar Gadhafi, ante cortes internacionales.

Este es un nuevo indicador de que su administración tiene más voluntad que sus predecesores para promover el rol de la justicia internacional en los juicios de aquellos acusados de violaciones de derechos humanos graves, pero no hay que esperar a que Estados Unidos se una a la Corte Penal Internacional (CPI).

La CPI enjuicia a individuos acusados de crímenes de lesa humanidad, de guerra, de agresión y genocidio. Nació en una conferencia internacional en 1998 y quedó establecida en 2002. Desde entonces, 115 estados han ratificado el tratado, aunque Estados Unidos, Rusia, China e Israel no están entre ellos.

Su propia existencia ha sido un tema delicado en Estados Unidos. El ex presidente Clinton firmó el tratado que estableció a la CPI el 3 de diciembre de 2000 el último día hábil para firmar. Pero al mismo tiempo dijo: "No recomendaría a mi sucesor que enviara el tratado al senado". Y agregó que "Estados Unidos debería tener la oportunidad de observar y evaluar el funcionamiento de la corte antes de que sea sujeto a su jurisdicción".

Los conservadores aborrecen a la CPI desde hace tiempo. El senador Jesse Helms despotricó en su contra al asegurar que era "un ataque sin precedentes en la soberanía estadounidense". El ex presidente George W. Bush retiró su firma al tratado, preocupado de que las tropas y políticos estadounidenses pudieran enfrentar acciones de un fiscal con motivos políticos.

Como lo describió el entonces vocero de la Casa Blanca, Ari Fleischer, "El presidente (George W. Bush) cree que el principal defecto de la CPI es que pone a hombres y mujeres al servicio de Estados Unidos en riesgo de ser enjuiciados por una entidad que está más allá del alcance del país, más allá de las leyes estadounidenses y puede ser sujeto a estándares arbitrarios de justicia".

Sin embargo, la administración Bush aceptó el rol de la CPI al llevar a la justicia a los culpables de lo que describió como un genocidio en Darfur, Sudán. En 2005, Estados Unidos se abstuvo en lugar de vetar una resolución del Consejo de Seguridad refiriendo alegatos de crímenes de guerra en Darfur a la CPI.

En el gobierno actual la Secretaria de Estado Hillary Clinton parece ser la más entusiasta con unirse a la CPI. Hace dos años, en un evento en Nairobi, CNN le preguntó a Clinton si era más difícil alcanzar temas de derechos humanos al no ser signatorios.

"Ese es un gran arrepentimiento, pero el hecho es que todavía no somos signatorios", dijo. "Pero hemos apoyado el trabajo de la corte y continuaremos haciéndolo bajo la administración de Obama".

Este jueves, Clinton fue efusiva acerca de la captura de Mladic. "El arresto de Mladic sirve como una declaración para todos aquellos que violarían la ley y matarían a civiles inocentes: la justicia internacional funciona", dijo.

Mladic será procesado por la Corte Penal Internacional para la ex Yugoslavia, pero el sentimiento es claro y Obama le hizo eco a su punto de vista.

"Desde Nuremberg al presente, Estados Unidos ha visto desde hace tiempo justicia a crímenes de guerra, crímenes en contra de la humanidad y genocidio tanto como un imperativo moral como un elemento esencial para la estabilidad y la paz", dijo en una declaración emitida en la cumbre del G8.

Aunque no gastó capital político en su país en la batalla por ratificar el Tratado de Roma que estableció a la corte, Obama apoyó la decisión de la CPI de 2009 de emitir una orden de arresto en contra del presidente sudanés, Omar al-Bashir, en conexión con las matanzas de Darfur.

El gobierno de Obama también apoya la participación de la CPI en Libia. En febrero, Estados Unidos votó por la resolución 1970 del Consejo de Seguridad de la ONU que refería la situación de Libia a la CPI, diciendo que "ataques sistemáticos y generalizados están tomando lugar en contra de la población civil, lo que podría resultar en crímenes de lesa humanidad".

El procurador en jefe de la corte ha emitido órdenes de arresto en contra de Moammar Gadhafi, su hijo Saif al-Arab Gadhafi y el jefe de inteligencia libia, Abdullah Sanussi.

Quienes esperan que Estados Unidos respalde por completo a la corte dicen que temen que oficiales y soldados estadounidenses sean enjuiciados. La CPI fue diseñada como una corte de último recurso cuando el país anfitrión es incapaz o está indispuesto a enjuiciar a individuos acusados de crímenes graves. También argumentan que la administración Bush se rehusó a firmar por la perspectiva de que era "unilateral".

En una columna para el Los Ángeles Times de esta semana, el teniente coronel Butch Bracknell, un marino y alto miembro en el Consejo del Atlántico, recordó una conversación que tuvo en un viaje de entrenamiento reciente a Iraq: "Un funcionario iraquí me preguntó 'si Estados Unidos cree en la rendición de cuentas sobre la impunidad, por qué no son parte de la Corte Penal Internacional', no fui capaz de darle una respuesta satisfactoria".

Iraq y la mayoría de los otros estados árabes también le han dado la espalda a la corte, por una razón: Israel.

El procurador general de Qatar, Al Bin Fetais al Marri, dijo esta semana: "Entre el mundo árabe y la corte hay un gran malentendido", ya que aseguran que la corte es selectiva en sus investigaciones.

Algunos comentaristas africanos señalaron el hecho de que la mayoría de las órdenes de arresto emitidas hasta el momento son para africanos. Luego de que se emitiera la orden de arresto para el líder sudanés, Omar al-Bashir, un oficial sudanés dijo que la corte era "una herramienta de la nueva colonización".

Pese al progreso moderado (hasta el momento sin condenas) la CPI está lejos de establecerse como una institución universalmente respetada. La justicia (como la belleza) está en los ojos de quien la mira.