La gobernadora de Carolina del Sur firma la ley antiinmigrante SB20
La gobernadora del estado de Carolina del Sur, Nikki Haley, firmó este lunes la ley antiinmigrante SB20, que autoriza la creación de una unidad policial del estado especializada en combatir la inmigración ilegal, informó Notimex.
La firma de la legislación, una legislación similar a la SB1070 de Arizona , ocurrió en la ciudad de Columbia, en medio de amenazas de demandas por considerarla inconstitucional y muy costosa.
La medida envía "el mensaje de que Carolina del Sur es un estado que sigue las leyes y que da la bienvenida a la inmigración legal pero no a los ilegales. (Los indocumentados) se pueden ir a otra parte", aseguró Haley en el Capitolio estatal, según la agencia EFE, durante la promulgación de la medida que entrará en vigor en enero de 2012.
La SB20 permite a las agencias del orden público indagar el estado migratorio de los detenidos sospechosos de algún delito y comunicarse directamente con oficiales del Servicio de Inmigración y Aduana (ICE) cuando se sospecha que se tiene en custodia a un indocumentado.
El estatuto convierte a Carolina del Sur en la sexta entidad estadounidense que emite una ley destinada a desalentar la inmigración ilegal con medidas policiales.
Al promulgar la ley antiinmigrante, Carolina del Sur sigue los pasos a Arizona, Georgia, Alabama, Utah e Indiana que aprobaron legislaciones para combatir la inmigración ilegal.
Un juez federal bloqueó temporalmente este lunes la ley HB87 promulgada en Georgia antes de su entrada en vigor el próximo viernes 1 de julio. El fallo contempló particularmente dos apartados controversiales que permitían a los policías locales cuestionar a cualquier persona sobre su estatus migratorio.
Policía local antiinmigrante
A diferencia de otras propuestas antiinmigrantes, la SB20 contempla la creación de una Unidad de Aplicación de la Ley las Leyes de Inmigración, una especie de policía de inmigración local con patrullas y uniformes propios que cuenta con 12 agentes y tiene un presupuesto de 1.3 millones de dólares con poderes para examinar el estatus migratorio de una persona.
Los agentes se especializarán en realizar investigaciones y redadas para frenar la inmigración ilegal , y mantendrán lazos entre las autoridades estatales y el estado con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) del gobierno federal.
La ley convierte en delito mayor, con penas de hasta 25,000 dólares o 5 años de prisión, la producción de documentos falsos y el no portar consigo una identificación estatal como licencia de conducir o documento migratorio.
También obliga a las empresas a comprobar la legalidad de los trabajadores utilizando el sistema federal E-Verify y los que no utilicen el programa corren el riesgo de perder sus licencias de operación e inclusive de ser cerradas temporalmente.
Acompañada de los senadores estatales republicanos Lawrence Grooms y Larry Martin, ambos promotores de la SB20, la gobernadora Haley enfatizó que los indocumentados cuestan más dinero al estado en servicios sociales, médicos, educación que los que se pueden gastar en la implementación de la ley, según EFE.
"Los 'ilegales' son una amenaza para nuestra libertad y deben ser erradicados", agregó el senador Grooms, de acuerdo con EFE.
"Cometen delitos como robar documentos, manejar sin licencia, no pagar impuestos y traen a nuestras comunidades prostitución, drogas y pandillas”, aseguró Grooms. “Si los federales no cumplen con su trabajo debemos hacerlo para resguardar la seguridad de los ciudadanos de Carolina del Sur", según EFE.
Voces de rechazo
Algunos hispanos que asistieron a la firma de la polémica ley catalogaron de “vergonzosa” la acción de Haley.
"Nos vamos a quedar sin los trabajadores porque se van a ir a otros estados. Es una vergüenza que la gobernadora no tenga idea de las contribuciones de los inmigrantes", afirmó a EFE, Julie Leone, residente del estado.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otros grupos de derechos humanos han advertido que interpondrán demandas para frenar la legislación, al igual que ha ocurrido en las demás entidades que han aprobado este tipo de legislaciones.
El gobierno de México lamentó la promulgación de la ley SB20 tras considerar que "que criminaliza la migración y abre espacios para la posible aplicación indebida de la legislación por parte de autoridades locales", de acuerdo con un comunicado enviado por Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Carlos Flores Vizcarra, cónsul general de México en las Carolinas, dijo a EFE que comenzarán a "desarrollar una serie de reuniones con la comunidad de mexicanos para informar sobre esta ley y con grupos de abogados para buscar vías legales para proteger los derechos civiles de los connacionales".
Cifras recientes del censo de 2010 indican que los hispanos representan un 5.1% de la población del estado, es decir, más de 200,000 personas. Según el Centro Pew, la cifra de indocumentados llegó a 55,000 en 2010.
Se estima que una buen parte de los inmigrantes indocumentados que residen en Carolina del Sur, ubicado en la cosa este de Estados Unidos, labora en procesadoras y enlazadoras de alimentos marinos.
