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Grupos civiles presentan demanda contra la ley antiinmigrante de Alabama

Un grupo de organizaciones de derechos civiles presentó una demanda colectiva contra la HB56, que entrará en vigor el 1 de septiembre
vie 08 julio 2011 04:11 PM
El gobernador de Alabama firma una dura ley contra inmigrantes
RobertBentley_Alabama_firmaley El gobernador de Alabama firma una dura ley contra inmigrantes

Un grupo de importantes organizaciones que defiende los derechos civiles interpuso este viernes una demanda colectiva contra la ley HB56 de inmigración ilegal de Alabama, el último recurso contra legislaciones similares aprobadas en otros estados.

La demanda alega que la ley de Alabama "pone en peligro la seguridad pública, incita a la discriminación racial de personas con apariencia extranjera e interfiere con las leyes federales", según un comunicado enviado este viernes por el Centro de Leyes sobre la Pobreza en el Sur.

Este grupo, junto a otros como la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLUD), Asian Law Caucus, Centro Nacional de la Ley de Inmigración y la Coalición Hispana de Alabama, presentaron la demanda en la Corte de Distrito de Estados Unidos, al norte de Alabama.

La directora jurídica del Centro de Leyes sobre la Pobreza en el Sur, Mary Bauer, dijo a CNN que la ley es muy “radical”, incluso más que proyectos similares promulgados en Arizona y Georgia, indicó.

“Esperamos que la ley no entre en vigor”, dijo Bauer.

Suzanne Webb, la portavoz de la Fiscalía General de Alamaba Luther Strange, dijo que recibió la tarde de este viernes una copia de la queja por correo electrónico, y que por el momento no tenía comentarios al respecto. En cualquier caso dijo que el fiscal general tiene previsto defender la polémica ley.

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“Bajo la ley estatal, los actos de nuestra legislatura se supone que son constitucionales, y es deber de esta oficina defenderlos, y así lo haremos”, indicó Webb.

La legislación de Alabama, conocida como HB56, fue aprobada y firmada por el gobernador Robert Bentley el mes pasado y se tiene previsto que entre en vigor el próximo 1 de septiembre.

Aunque la inmigración ha sido durante mucho tiempo una responsabilidad federal, otras medidas contra la inmigración ilegal han sido aprobadas en los últimos meses en estados como Arizona, Utah, Georgia, Indiana y Carolina del Sur.

Las partes más polémicas de estas leyes han sido suspendidas en cuatro de esos estados, en espera de las resoluciones tras las demandas en su contra que fueron presentadas.

El mes pasado, un juez federal anuló la parte clave de la ley de Georgia que permitiría a las autoridades locales verificar el estatus migratorio de quienes no puedan proporcionar una identificación válida y otra que buscaba penalizar a quienes transporten o alberguen a indocumentados.

La ley de Alabama tiene disposiciones similares. Según una hoja informativa presentada por Alabama a los republicanos de la Cámara, el proyecto de ley permite que la policía cuestiones el estatus migratoria a cualquier persona sospechosa de ser inmigrante indocumentado, obliga a los empleadores a corroborar el estatus legal de sus trabajadores mediante el sistema federal E-Verify y sanciona con la pérdida de sus licencias de negocios a aquellos que contraten indocumentados.

El representante republicano del Estado, John Merrill, dijo a CNN en junio que la legislación es “buena para Alabama”, ya que busca reducir la inmigración ilegal en el estado y busca la “igualdad de oportunidades para todas las personas que buscan ir a Alabama legalmente”.

El legislador rechazó las críticas de que la ley era discriminatoria y confió en que la ley entre en vigor tal y como fue redactada, a pesar de los desafíos legales.

Sin embargo, varios grupos defensores de los derechos civiles han llamado al proyecto de ley de Alabama inconstitucional e injusta, y han prometido luchar contra ella ante un tribunal.

Sin Yen Ling, un abogado de Asian Law Caucus, calificó a la legislación de ser la “versión más dura” de las leyes que han seguido a la de Arizona.

Olivia Turner, directora ejecutiva de la ACLU en Alabama dijo que la ley marca un retroceso en el estado, que había sido pionera en los movimientos en defensa de los derechos civiles.

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