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La ATF ocultó a sus agentes detalles del programa 'Rápido y Furioso'

Algunos de los agentes de la ATF en México no fueron informados del programa sino hasta que fue cancelado, según un reporte del Congreso
mar 26 julio 2011 08:27 AM
Decomiso armas Mexico
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Funcionarios estadounidenses no informaron a sus contrapartes mexicanos acerca de un controvertido programa de tráfico de armas , aún cuando un número mayor de éstas llegaba a manos de los cárteles en México, reportó este martes un comité del Congreso de Estados Unidos.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia tampoco dio a conocer detalles claves de la operación Rápido y Furioso a agentes con sede en la Ciudad de México cuando se activaron las alarmas, de acuerdo con el reporte.

“No solo fueron engañados por sus colegas, también fueron frustrados sus intentos de saber que era lo que estaba pasando”, concluyó el Comité de Supervisión y de Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes.

El programa Rápido y Furioso es objeto de investigación del Congreso desde diciembre pasado, cuando dos armas de la operación fueron encontradas en la escena del asesinato de dos agentes fronterizos en Arizona. Más de 2,000 armas pudieron haber llegado a manos de integrantes de los cárteles de la droga como resultado del programa, que incluyó que agentes de la ATF permitieran el libre tránsito de armas a México.

“Los directivos de la ATF supuestamente temieron que alguna fuga de información comprometiera la investigación”, indica el reporte, escrito por el comité. “La negativa de los directivos de la ATF y del Departamento de Justicia de compartir información pudo haber prolongado el flujo de armas desde los compradores hasta México”.

Carlos Canino, el agregado de la ATF en la Ciudad de México, informó al fiscal general del país que la investigación después de conocerse que las armas del programa fueron utilizadas para matar al hermano de la procuradora de justicia del estado de Chihuahua. Canino afirmó que dio a conocer los detalles de la operación a pesar de la falta de una indicación clara de Washington “porque no quería que ella se enterara a través de reportes de prensa de donde vinieron esas armas”.

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Aun así, funcionarios de la ATF en la Ciudad de México no conocieron todos los detalles del programa hasta que fue cerrado, luego del asesinato en diciembre pasado del agente de la patrulla fronteriza Brian Terry.

La operación comenzó a finales de 2009 y concluyó en enero pasado. Los investigadores afirman que la ATF permitió que 2,000 armas fueran compradas ilegalmente y transportadas a México, donde grupos de narcotraficantes fuertemente armados combaten entre ellos y con las autoridades por el control de las calles desde hace varios años.

En una entrevista con los investigadores del comité, Canino tildó a la operación de “la tormenta perfecta de idiotez” y advirtió que “Brian Terry no es el último”.

“Desafortunadamente, hay cientos de Brian Terrys, probablemente, en México”, afirmó.

Por el operativo, la ATF ha sido duramente criticada y pone en duda el futuro de su director, Kenneth Melson.

A Canino y a su entonces jefe, Darren Gil, directivos de la ATF en Washington les pidieron que “se retiraran” de la operación, según el reporte.

“De acuerdo con el liderazgo de la ATF, no solo todo se encontraba ‘bajo control’, sino que la ATF y el Departamento de Justicia estaban al tanto de la investigación en Phoenix”, según el reporte.

La investigación del Congreso fue realizada por el representante Republicano de California, Darren Issa, el presidente del comité, y por el senador Republicano Charles Grassley, a cuya oficina se acercaron los agentes de la ATF que destaparon el programa.

Los legisladores repetidamente preguntaron qué altos funcionarios fueron informados de la operación, y el reporte de este martes incluye al fiscal general adjunto Lanny Breuer como el más alto funcionario en el Departamento de Justicia que supo del caso. También se autorizaron escuchas telefónicas “en el nombre” del entonces fiscal general adjunto David Ogden en la primavera del 2010, según el reporte.

El Departamento de Justicia no respondió a pedidos de comentarios sobre el reporte.

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