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El gobierno de EU presenta demanda contra la ley migratoria en Alabama

El gobierno de Estados Unidos intenta bloquear la HB56 pues, alega, entra en conflicto con leyes federales en materia migratoria
lun 01 agosto 2011 10:41 PM
EU - Obama - migración
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este lunes una demanda para bloquear la ley de migración de Alabama HB56, al argumentar que interfiere con una responsabilidad exclusiva del gobierno federal de ese país, informa Notimex.
 
La dependencia alega que varias previsiones de la legislación entran en conflicto con las leyes federales en la materia, y “socavan el balance en la aplicación y objetivos de las leyes de migración”.
 
“Aunque el gobierno federal valora la asistencia y cooperación de los estados respecto al cumplimiento de las leyes de migración, un estado no puede establecer su propia política de migración, mucho menos pasar leyes que contravengan el papel federal”, precisó la petición.
 
La ley, promulgada en mayo pasado, obliga a los policías de Alabama a “determinar el estatus migratorio de una persona que se sospeche sea un extranjero no autorizado a estar en el país”.
 
También requiere a las escuelas públicas determinar la situación migratoria de sus alumnos y criminaliza la interacción entre residentes e indocumentados. En su demanda ante una corte federal de Alabama, el Departamento explicó que su acción responde a las mismas preocupaciones generadas por la ley de migración de Arizona SB1070, impulsada en 2010.
 
Aludió a la posibilidad de que la ley “resulte en hostigamiento y detención de visitantes extranjeros, inmigrantes legales y aún ciudadanos estadounidenses que no pueden demostrar con prontitud su estatus legal”.
 
El procurador general de Justicia, Erick Holder, dijo que la acción de este lunes deja en claro que el reto que presenta el ineficiente sistema migratorio nacional no puede enfrentarse con “remedos” de leyes estatales.
 
“El Departamento está comprometido a evaluar cada una de las leyes de migración y tomar decisiones basadas en hechos y en la ley. Cuando encontremos que leyes estatales interfieren con el gobierno federales, vamos a demandar como lo hicimos en Arizona”, dijo.
 
Por separado, la secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, consideró que la nueva ley distraerá recursos policiales de las prioridades para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
 
“Nosotros continuamos apoyando una amplia reforma de nuestro sistema migratorio a nivel federal, porque este reto no puede ser resuelto con un mosaico de inconsistentes legislaciones estatales”, indicó.
 
La HB56 rebasa los alcances de la SB1070 de Arizona, al dejar a discreción de la policía detener personas para determinar su estado migratorio sin que exista causa probable, sino solo una “sospecha razonable” de que sean indocumentados.
 
La norma aprobada en junio pasado por los legisladores locales obliga a dueños de casas y apartamentos a verificar la situación migratoria de posibles arrendatarios, y prohíbe a los ciudadanos de Alabama albergar o transportar a indocumentados, aunque sean familiares.

México aplaude demanda

El gobierno de México expresó su beneplácito por la decisión del gobierno federal estadounidense de buscar impedir la entrada en vigor de la ley migratoria HB56 en Alabama, a fin de que sea declarada inconstitucional, detalla Notimex.
 
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Patricia Espinosa, indicó que la ley criminaliza la migración y abre espacios para la posible aplicación indebida de la legislación por parte de autoridades locales estadounidenses.
 
La cancillería mencionó en un comunicado que esta decisión se suma a acciones ya iniciadas en contra de la ley ley, incluida la demanda presentada por un grupo de organizaciones civiles y a la que el gobierno de México apoyará bajo la figura de “Amigo de la Corte”.
 
“El gobierno de México reitera su reconocimiento al derecho soberano de todos los países para adoptar leyes y políticas públicas que deban aplicarse en su territorio”, expuso la dependencia.
 
En julio de 2010 el gobierno estadounidense presentó una demanda contra la Ley SB1070 en Arizona, y en dicho proceso una corte de distrito ratificó la suspensión temporal de la entrada en vigor de secciones centrales de la ley.

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