La DEA reconoce su participación en la operación 'Rápido y Furioso'
La Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ayudó en el fallido operativo contra el tráfico de armas conocido como Rápido y Furioso, reconoció la jefa del organismo, Michele Leonhart.
La DEA formó parte del grupo de agencias que permitieron la entrada de forma ilegal a México de cientos de armas , varias de las cuales llegaron a manos del crimen organizado, según una carta escrita por Leonhart y citada este viernes por el diario Los Angeles Times.
"(Nuestros agentes en Phoenix) tuvieron la más notable actividad investigadora asociada (al operativo), aunque el personal de la DEA no tuvo un papel de toma de decisiones en las operaciones" dirigidas por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), aseguró Leonhart en la carta filtrada por el Comité de Vigilancia del Congreso estadounidense a Los Angeles Times.
Leonhart admitió en el documento que el organismo a su cargo ayudó a reunir evidencia contra 20 traficantes en Arizona, investigados entre 2009 y 2010 mediante la investigación Rápido y Furioso
“(Nuestros agentes en Arizona y Texas) estuvieron indirectamente involucrados en la operación de la ATF a través de la operación relacionada con la DEA”, detalla un fragmento de la carta.
La agencia antidrogas colaboró en la obtención de números telefónicos, direcciones y en la traducción de llamadas de los sospechosos investigados, de acuerdo con Leonhart.
“(Nuestra agencia) ayudó en la fase final de ejecución de los arrestos, participó en los interrogatorios contra 20 acusados de tráfico de armas que fueron arrestados en el área de Phoenix (Arizona) y colaboraron en la conferencia anunciando los arrestos”, detalló.
Se estima que más de 2,000 armas fueron introducidas a México durante el operativo Rápido y Furioso. Algunas de ellas se localizaron en los lugares donde fueron asesinados el agente de la Patrulla Fronteriza Brian Terry, así como el mexicano Mario González, hermano de la exprocuradora de Chihuahua , Patricia González.
La operación es investigada por el Congreso estadounidense desde diciembre pasado por una comisión legislativa ante la que han comparecido secretarios de Estado y directores de agencias estadounidenses.
Algunas de las armas de Rápido y Furioso terminaron en manos del cártel de Sinaloa , uno de los más importantes grupos criminales de México.
En paralelo al polémico operativo y su investigación, el gobierno mexicano emprendió la Estrategia Nacional de Seguridad, una campaña contra la delincuencia organizada, la cual ha cobrado la vida de más de 34,600 personas desde 2006.
