La exsenadora Piedad Córdoba sale de Colombia por amenazas de muerte
Las amenazas de muerte que obligaron a Piedad Córdoba a salir de Colombia son el resultado de los ataques que ha recibido del ahora expresidente, Álvaro Uribe, y del silencio que ha guardado el actual mandatario, Juan Manuel Santos, afirmó este viernes el abogado de la excongresista opositora, Luis Guillermo Pérez.
El abogado, quien también es vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), dijo que la conjunción de estos factores tiene en riesgo la vida de Córdoba, quien debió abandonar el país el jueves por la noche.
La exsenadora liberal y facilitadora de la liberación de secuestrados por la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) salió de Colombia horas después de que Uribe compareciera ante el comité del Congreso que lo investiga por su presunta responsabilidad en una trama de escuchas y seguimientos ilegales, causa a la que Córdoba concurre como víctima.
La exsenadora "recibió una información muy confidencial, confiable, de que había un plan para asesinarla y que debía salir del país para proteger su vida", dijo Pérez.
"Ha salido temporalmente, hasta que el Gobierno individualice (identifique) a quién está detrás de este atentado, y tenga un pronunciamiento claro del presidente de la República", agregó el vicepresidente de la FIDH. El abogado advirtió que Córdoba "ha sido amenazada permanentemente".
"El silencio de Santos"
"Es el resultado de toda la campaña que orquestó Uribe en su contra, no solamente para provocar su muerte política, sino para provocar su asesinato, y es el resultado también de la manera como ha sido maltratada por el Gobierno de Santos", sostuvo Pérez.
El abogado dijo que Santos "no le ha reconocido la legitimidad de su gestión por los secuestrados y la paz, y ha guardado silencio ante los ataques de Uribe en su contra".
Es una omisión del jefe del Estado y de Gobierno, y de los ministros de Defensa y del Interior que "alienta la posibilidad de que Córdoba sea asesinada", continuó Pérez, y observó que la responsabilidad directa de la seguridad y de lo que le pueda pasar a ella es del gobierno.
"Más que carros blindados y hombres armados, lo que exigimos es una rectificación pública y un reconocimiento público de los aportes sustanciales que Córdoba ha hecho para la liberación de secuestrados y la paz de Colombia", enfatizó el jurista.
Una docena de rehenes han sido liberados de manera unilateral por las FARC gracias a gestiones de Córdoba, quien el pasado noviembre, por orden de la procuraduría fue destituida e inhabilitada por 18 años para ejercer cargos públicos, tras hallarla culpable de "colaborar y promocionar" a grupos como las FARC , al margen de la ley.
La salida de Córdoba del país coincide con el anuncio hecho hace algunas semanas, en donde dio a conocer que su hija, Natalia María, abandonó el país por amenazas y que sigue sus estudios universitarios a través de internet.
La política salió del país en mismo día en que el expresidente Álvaro Uribe compareció ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, en la que negó su responsabilidad en las escuchas ilegales practicadas durante su Gobierno (2002-2010).
Uribe indicó que jamás ordenó persecuciones o espionaje contra periodistas, políticos y organizaciones no gubernamentales (ONG), que lo acusan de desacreditar a la Corte Suprema de Justicia, abuso de poder e interceptación de comunicaciones. El expresidente dijo que todo ello no es más que una "venganza criminal".
El espionaje ilegal ocurrió desde el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, central de inteligencia), dependiente de la Presidencia y entre los afectados está la exparlamentaria Piedad Córdoba.
