Inmigrante mexicana busca su estatus legal en EU tras ganar en la Corte
Una inmigrante ilegal que esta semana recibió 200,000 dólares por una demanda en contra de la oficina de un sheriff de Tennessee pedirá a un juez federal que le conceda permiso para permanecer en Estados Unidos de forma legal, dijo su abogado a CNN.
El jueves, un jurado concedió a Juana Villegas el pago por los daños y perjuicios por una demanda civil en contra del gobierno conjunto de Nashville y el condado de Davidson, en la que alegó que los ayudantes del sheriff del condado violaron sus derechos cuando le pusieron cadenas durante su embarazo, parto y su recuperación.
Inicialmente había presentado una demanda contra las autoridades federales, pero el juez desestimó esa parte del caso.
Ahora, su abogado, Elliot Ozment, dice que pedirá al jurado que supervisó el caso concederle a su cliente una U-visa, estatus especial que puede ser otorgado a aquellos que están en el país de manera ilegal y que han sido víctimas de algún delito.
La U-visa le permitiría a Villegas –de nacionalidad mexicana— vivir y trabajar legalmente en el país durante tres años, y con derecho a renovación por otros tres más, aseguró Ozment. Durante dicho periodo, ella puede arreglar su estatus y convertirse en una ciudadana legal.
Tiene una remota posibilidad, puesto que la U-visa sólo ha sido concedida una vez anteriormente por un juez federal. Comúnmente, estas visas son conferidas por otras autoridades migratorias.
"Pensamos que el nivel de mala conducta se ha elevado tan alto que por lo que ha sufrido se merece una U-visa", dijo Ozment. "Ha sido víctima de un equívoco terrible, terrible".
La consideración sobre el destino de Villegas se produce mientras el Departamento de Seguridad de EU anuncia su intención de examinar individualmente cerca de 300,000 casos pendientes de deportación en las cortes federales de inmigración. Los casos de menor prioridad -aquellos que no involucran a individuos considerados violentos o peligrosos- serán suspendidos.
La historia de Villegas comienza el 3 de julio de 2008, cuando ella tenía nueve meses de embarazo y conducía hacia casa con sus tres hijos, tras regresar de una cita médica en el área metropolitana de Nashville.
Un policía la detuvo y, según la demanda de Villegas, decidió arrestarla por conducir sin licencia, debido a que el agente sospechó que estaba ilegalmente en el país. La decisión de arrestarla fue influida por un controversial acuerdo entre el departamento de policía y el gobierno federal, el cual permitía a los policías locales hacer cumplir las leyes de inmigración, conocido como la sección 287(g), de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Villegas fue llevada a un centro de detención, donde dos días después, entró en trabajo de parto. De acuerdo con documentos judiciales, Villegas fue llevada al Hospital General de Nashville, donde fue puesta en una camilla con las manos y los pies encadenados.
Una vez en su habitación del hospital, dos ayudantes del sheriff del condado de Davidson se negaron a abandonar el cuarto, cuando ella se cambiaba la bata de hospital, y desconectaron su teléfono para que ella no pudiera alertar a su esposo acerca del parto, según los expedientes.
Después, uno de los ayudantes le encadenó el pie izquierdo y la mano derecha a la cama del hospital, algo que el personal médico denominó como una "bárbara" violación de las normas médicas, dicen registros de la corte. Las cadenas y los grilletes fueron finalmente quitados antes de que diera a luz.
"Durante el juicio testificó acerca de cómo estaba asustada por la seguridad de su bebé", comentó su abogado, Ozment. "No sabía qué esperar. No sabía lo que iba a pasar".
Tras dar a luz al bebé, y en contra de una orden médica, un tercer ayudante la volvió a encadenar a la cama, de acuerdo con documentos judiciales.
Los policías del departamento del sheriff que permitieron a los ayudantes encadenarla durante toda esta experiencia traumática, violaron la constitución estatal de Tennessee y la federal, expuso su abogado.
En abril, el juez de distrito de EU, William Haynes, decidió en favor de Villegas, y tras un juicio de tres días la semana pasada, el jurado dio la indemnización por 200,000 dólares. El abogado de Villegas había solicitado una indemnización por 1.2 millones de dólares.
Villegas también demandó al gobierno federal, argumentando que fue erróneamente arrestada bajo el programa. La demanda fue desechada.
Villegas alguna vez fue deportada de San Diego, pero regresó de manera ilegal a EU, donde vive desde hace años, aseguró su abogado. Al momento de su arresto, su hijo mayor tenía 14 años; él nació en territorio estadounidense.
