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Una organización promigrante demanda al gobierno de Nuevo México

Activistas y legisladores buscan frenar un programa estatal que exige a los extranjeros con licencia de conducir comprobar su residencia
mié 24 agosto 2011 10:59 PM
Susana Martínez
Susana Martínez Susana Martínez

Una organización civil de defensa de los migrantes y un grupo de legisladores buscan frenar un programa del gobierno de Nuevo México, en el sur de Estados Unidos, que exige a los extranjeros que obtuvieron una licencia de conducir en el estado comprobar que residen ahí.

El programa —conocido como “certificación de residencia”— fue anunciado en julio por la gobernadora Susana Martínez, militante del Partido Republicano, quien con esa medida intenta acabar con una ley de 2003 que permitió a los indocumentados conseguir una licencia de conducir .

De las 50 entidades de Estados Unidos, sólo Nuevo México y Oregón otorgan esa prerrogativa a los indocumentados. Martínez, quien asumió el cargo en enero pasado , considera que esa facultad ha hecho de Nuevo México un “imán” al que acuden los indocumentados de otros estados para hacerse de una licencia.

Por ello, intenta terminar con esa situación a través de un programa ejecutado por el Departamento de Impuestos y Rentas. La dependencia planea enviar cartas a las casas de extranjeros con licencia de conducir, para que se presenten ante las autoridades y comprueben que residen en Nuevo México.

El programa, sin embargo, se topó este miércoles con una demanda interpuesta ante la Corte de Distrito de Santa Fe por el Fondo México-Americano de Defensa Legal y Educación (Maldef) y un grupo de legisladores.

Los demandantes argumentan que es ilegal obligar a los extranjeros con licencia de conducir a que comprueben si efectivamente residen en el estado. Según sus estimaciones, unas 10,000 personas pueden resultar afectadas.

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Martha Gómez, abogada de Maldef, dijo este miércoles en conferencia de prensa que este programa señala a un grupo específico de personas, lo que representa un gasto excesivo de los recursos del estado que no fue autorizado, ratificado o incluso considerado por el Legislativo estatal.

“Este programa viola los derechos de los residentes de Nuevo México y pasa sobre los deseos de la Legislatura estatal”, declaró.

Hasta el momento, los intentos de Martínez de terminar con la facultad que permite a los indocumentados obtener una licencia han fracasado ante la falta de apoyo de los legisladores estatales, pero la gobernadora ha advertido que buscará nuevamente concretar una reforma en la materia en septiembre.

Uno de los legisladores estatales que forma parte de la demanda es el demócrata Miguel García, quien patrocinó la ley estatal de 2003 que otorga licencias de conducir a los indocumentados. Para García, el único motivo de Martínez para acabar con esta práctica son sus intereses políticos.

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