Las protestas estudiantiles en Chile, un síntoma de la brecha social

Nicolás, como miles de estudiantes, participa en el movimiento estudiantil que desde hace cuatro meses demanda el cambio en el sistema educativo de Chile y que ha logrado el apoyo ciudadano, de profesores, padres de familia y partidos políticos , además de la atención mediática mundial.

Con marchas masivas en la capital y paros en algunas universidades y escuelas de nivel medio, los estudiantes protestan contra el lucro en las instituciones educativas, buscan que el Estado tome las riendas de la educación y que se reestructure el sistema de financiamiento y acceso a las universidades.

Según datos oficiales, el Estado chileno puede ofrecer educación básica y media a casi el 100%  de la población, pero en el nivel superior la cobertura es sólo de 22.7% para los más pobres y de 67.8% para los más ricos, de acuerdo con el Ministerio de Planificación.

“La mala base educativa que traen de las escuelas públicas, les determina a estudiar en universidades privadas que planifican sus carreras como negocios, sin asegurar empleabilidad a sus egresados, los que además se endeudan en montos que pueden alcanzar los 90,000 dólares con horizontes de pago a 20 años”, explica en entrevista con CNNMéxico Miguel Urrutia, académico de la Universidad de Chile.

De acuerdo con información del Ministerio de Educación, de los 100 mejores puntajes en el examen de acceso a la universidad, 96 son alumnos de escuelas privadas, tres de municipales, que depende de recursos públicos, y sólo uno de subvencionadas, en las cuales invierten el estado y la iniciativa privada. Este sistema es producto de reformas al sistema en educación implementadas en la década de 1980, durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Un reporte de 2010 del Banco Interamericano de Desarrollo señala que el 40% de la inversión educativa en Chile proviene del sector privado, es decir, de las familias.

Nicolás, estudiante de Ingeniería Forestal en la Universidad de Chile, es uno de los jóvenes que ha participado en estas protestas. Su carrera cuesta unos 6,500 dólares al año, una pequeña fortuna para él y su familia, de clase media —según el Ministerio de Planificación, un hogar de clase media recibe 990 dólares mensuales, aproximadamente—. Su papá estudió una carrera técnica y tiene un negocio de control de plagas, su mamá trabaja medio tiempo en el área de aseo en un hotel.

De los cinco años de estudios profesionales, cuatro años ha tenido un financiamiento del 80% otorgado por el Estado, con un interés anual de 2%. Para el presente ciclo consiguió una beca completa, que le dan el gobierno y la universidad, sin embargo, arrastrará una deuda cercana a los 20,000 dólares para cuando salga, contando intereses y el aumento de 5% que cada año sube su matrícula.

Pero el costo y la accesibilidad a la educación superior son sólo una parte de un problema de raíz en Chile: la segregación.

En las últimas décadas, el éxito económico y democrático del país sudamericano ha sido "espectacular", según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): la pobreza disminuyó de 39% de la población total en 1990 a 15% en 2009, el PIB pasó de 28.4 mil millones de dólares en 1989 a 163.7 mil millones de dólares en 2009 y el país tuvo un crecimiento promedio anual de 5% en la última década, de acuerdo con datos del Banco Mundial y de la misma OCDE.

No obstante, tiene la desigualdad más alta entre los países que integran este grupo. "Las tasas de empleo en el 10% de los hogares más pobres siguen siendo inaceptablemente bajas: sólo el 30% está empleado, en comparación con el 70% de empleo entre el 10% de los hogares más ricos", describió el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, en abril de 2011.

El modelo educativo entra en los retos a superar. “Los colegios y liceos públicos que son administrados por los municipios reciben la misma subvención que los privados (subvencionados), pero aseguran gratuidad”, explica en entrevista Urrutia, académico de la Universidad de Chile.

Un estudio de 2006 de Pablo González y Alejandra Mizala, del Centro de Economía Aplicada de la Universidad de Chile, explica que los padres pagan tres veces más en colegios particulares que lo que el Estado invierte en los subvencionados.

“Un elemento adicional de este modelo es la alta segregación de las poblaciones educativas: los ricos estudian con los ricos, y los pobres con los pobres, aún en el nivel universitario. El movimiento estalla entonces porque las clases populares han accedido en las últimas décadas a la universidad, pero segregadamente”, explica Urrutia.

Según el Centro de Estudios Públicos, que analiza temas de interés para la opinión pública, las protestas han logrado el apoyo del grueso de la sociedad chilena: el 80% no está de acuerdo con el lucro en las instituciones educativas. “La verdad es que los que no apoyan el movimiento se lo guardan, pienso que como el movimiento es tan fuerte te da miedo irte en contra de él”, dice Carmen Castillo, madre de familia.

¿Por qué iniciaron las protestas?

Los estudiantes estaban descontentos por un proyecto de reformas educativas que inició con el gobierno de Michelle Bachelet, durante el cual también hubo protestas, y que continuó con Sebastián Piñera.

Pero luego de varias conversaciones y tres propuestas de solución por parte de Piñera hacia federaciones estudiantiles, no se ha logrado un acuerdo.

Franklin Johnson, estudiante de Ingeniería Civil, reprocha que continúen las manifestaciones luego de que el gobierno se abrió al diálogo.  “Se defienden rechazando las propuestas por no satisfacer el 100% de sus exigencias y calificando al gobierno de intransigente. Sin voluntad a diálogo las protestas solo significan desorden público”, dijo en entrevista con CNNMéxico.

El Ministerio de Educación puso en marcha el 16 de agosto el programa “Salvemos el Año Escolar”, dirigido a los estudiantes de educación básica y media cuyos colegios han sido tomados por los llamados “secundarios”, que hasta el 26 de agosto reportaba una inscripción de 100,000 alumnos. Pero en el caso de los universitarios, la incertidumbre permanece.

Hasta ahora, un joven ha muerto por las protestas y algunos universitarios están en huelga de hambre.

Mientras, Nicolás,  como miles de estudiantes, sigue buscando la transformación y permanece en una especie de limbo respecto a su futuro educativo, y el lastre de su deuda, que debe empezar a pagar a los dos años de haberse titulado, podría extenderse si el año escolar se detiene. No está seguro cuánto adeudará: "Tendrías que hacer el cálculo", dice, "yo no lo hago porque no me quiero deprimir”. Cuando egrese, Nicolás deberá 20,000 dólares.