El Congreso de EU investiga la implicación judicial en 'Rápido y Furioso'
Investigadores del Congreso emitieron órdenes para que se entreguen documentos que muestren las comunicaciones de varios funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos —incluido el fiscal general Eric Holder— en relación al operativo Rápido y Furioso.
Las órdenes, emitidas por el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara Baja, cubren las comunicaciones del jefe de la oficina del fiscal Eric Holder, Gary Grindler, y de Lanny Breuer, jefe del departamento de la división de crímenes.
Las órdenes solicitan información sobre comunicaciones relevantes del Departamento de Justicia con la Casa Blanca, así como sobre la muerte de un agente de la patrulla fronteriza en diciembre pasado.
“Altos funcionarios del Departamento de Justicia, incluido Eric Holder, sabían más de la operación Rápido y Furioso de lo que públicamente han dicho”, dijo el representante republicano por California Darrell Issa, presidente del comité.
“Los documentos que se demandan darán respuesta a preguntas funcionarios de Justicia han evitado desde que la investigación inició hace ocho meses. Es tiempo de que sepamos toda la verdad”.
Holder dijo a reporteros este martes que su oficina ha enviado “miles de páginas de documentos” al Congreso, pero prometieron colaborar con las ordenes.
El asunto “no nos desviará de otros asuntos importantes que realizamos aquí en el Departamento de Justicia”.
La operación Rápido y Furioso involucró a agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), que permitieron el tráfico de armas en la frontera entre Estados Unidos y México. Se cree que ese armamento se dirigió a cárteles del narcotráfico mexicanos .
El objetivo del plan, según las autoridades, era rastrear a los vendedores y compradores de armas que trabajaban para los cárteles. Pero el operativo generó controversia después de que armas implicadas en el programa fueron halladas en escenas de crímenes en ambos países. El gobierno de México y críticos de la Casa Blanca califican la operación de fracaso , bajo el argumento de que agudizó el problema del flujo ilegal de armas desde Estados Unidos.
Una investigación del Congreso estadounidense ha causado tensiones políticas, luego de que legisladores republicanos y demócratas intercambiaran acusaciones de haber actuado irresponsablemente.
