Venezuela falla contra candidato opositor, pero puede acudir a comicios

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) decidió desestimar la habilitación de Leopoldo López para ejercer cargo público , tal y como exigía la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque no le cierra las puertas para que se postule a los comicios presidenciales de 2012.

En un fallo que no despeja las interrogantes sobre al futuro del político, la Sala Constitucional declaró "inejecutable" el fallo de la CIDH, que obliga a suspender la inhabilitación administrativa de López para ejercer cargo público, argumentando que no se pueden anular las decisiones de la Contraloría.

Sin embargo, según la presidenta del TSJ de Venezuela, Luisa Estella Morales, la sentencia no impide al dirigente opositor presentar su candidatura a las elecciones presidenciales de octubre del año próximo.

"Leopoldo López tiene pleno derecho a elegir y ser electo, puede concurrir ante el Consejo Nacional Electoral inscribirse y participar en cualquier elección que se realice (...) libremente puede hacerlo", señaló la funcionaria en una conferencia de prensa.

Preguntada sobre la posibilidad de que López fuera elegido en los comicios para la Presidencia, convocados para el 7 de octubre de 2012 , Morales se excusó de pronunciarse "acerca de situaciones futuras".

"Llegará el momento que si eso ocurriese tendríamos que pronunciarnos, pero en este momento es ciertamente una posición incierta y futura sobre la cual la sala no podría pronunciarse", afirmó.

En su sentencia, difundida el pasado 16 de septiembre, la CIDH ordenó a Venezuela "dejar sin efecto" las resoluciones del contralor que inhabilitaron a López "por un período de tres y seis años" al entender que se contravenía la exigencia de la Convención Americana de Derechos Humanos de que ese tipo de decisiones se tomen tras sentencia penal firme.

Según ese fallo, si bien López "ha podido ejercer otros derechos políticos, está plenamente probado que se le ha privado del sufragio pasivo, es decir, del derecho a ser elegido".

El gobierno venezolano defiende que es la Contraloría la institución a la que corresponde resolver sobre las inhabilitaciones, de acuerdo con la Constitución.

Morales subrayó que "son inejecutables en primer lugar la nulidad de las resoluciones administrativas de la Contraloría" y también "la nulidad de los actos administrativos por los cuales se inhabilitó administrativamente al ciudadano Leopoldo López".

El procurador general, Carlos Escarrá, puntualizó en declaraciones a la televisión estatal que si bien el Estado venezolano es "respetuoso" de los tratados internacionales, "no puede existir ninguna decisión que vaya en contra" de la Constitución.

Sentenció que López "jamás" ha estado inhabilitado políticamente e indicó que puede lanzarse para cualquier cargo de elección popular, pero no ejercer "una función que signifique administración de recursos públicos".

En tanto, la contralora encargada, Adelina González, detalló a periodistas que "una vez vencido el periodo de la sanción", que concluyen en 2014, López "podrá optar a otros cargos públicos".

La oposición, por su parte, deploró la decisión del TSJ, y aseguró que el Estado "está obligado a acatar las sentencias" de la CIDH "de conformidad con instrumentos de Derecho Internacional suscritos" y que forman parte de la Constitución nacional.

La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció en un comunicado que denunciará "este desacato flagrante" en la Organización de Estados Americanos (OEA) y ante los Gobiernos del continente, y apuntó que "dibuja de cuerpo entero el talante antidemocrático y antijurídico" del gobierno de Hugo Chávez.

El partido de López, Voluntad Popular, uno de la 30 que integran la MUD, anunció que comentará este martes la decisión del TSJ.

A juicio de esa agrupación, Venezuela ha quedado "al margen del Sistema Interamericano" con un fallo que, opinó, "vulnera los acuerdos internacionales suscritos y ratificados".

López tiene previsto competir en las elecciones internas que la MUD celebrará el próximo febrero para decidir al candidato opositor que enfrentará a Chávez en octubre del año próximo.