Paraguay ordena suspender un anunciado paro aeroportuario
El Gobierno paraguayo ordenó suspender el inicio de una huelga de trabajadores aeroportuarios, programada para la medianoche del jueves, para garantizar el tráfico ante la celebración de la Cumbre Iberoamericana el fin de semana.
No obstante, los sindicalistas que rechazan una ley que autoriza la concesión de los principales aeropuertos dijeron que seguirán adelante con la medida y que apelarían la resolución oficial.
La huelga coincide con la llegada de las delegaciones de más de 20 países para participar en la cumbre, que se realiza por primera vez en Paraguay y reunirá a jefes de Estado y autoridades iberoamericanas.
El Ministerio de Trabajo emitió una resolución que prohíbe el inicio de la medida de fuerza, por siete días, ante la necesidad de garantizar el funcionamiento pleno de la terminal aérea ubicada en las afueras de la capital.
El viceministro de Trabajo, Raúl Mongelos, dijo que la institución tiene la potestad de disponer medidas de este tipo para asegurar un servicio básico.
Pero el sindicalista José Villalba declaró que "la asamblea decide que nos mantengamos firmes. Vamos a apelar esta medida".
El principal temor es que la paralización de actividades, principalmente las vinculadas con las operaciones de carga, descarga y en las torres de control, afecte la seguridad de los vuelos, aunque el Gobierno aseguró que ésto no ocurrirá.
"La convocatoria de huelga es para esta noche a partir de la cero hora, pero la DINAC (Dirección Nacional de Aeronáutica Civil) va a prestar los servicios en forma normal. La ley nos obliga a no interrumpir el servicio", dijo el director de Aeropuertos, Víctor Velázquez, a la radioemisora Cardinal.
"De todas maneras nosotros tenemos un plan de contingencia para que los servicios no se interrumpan", agregó Velázquez, quien destacó que militares asistirán a los funcionarios para garantizar la operatividad del aeropuerto.
Más de 600 trabajadores de la DINAC se oponen a la concesión de los aeropuertos.
La ley cuestionada fue aprobada por el Congreso y el presidente Fernando Lugo, que presentó personalmente la norma a los parlamentarios, que tienen hasta el 3 de noviembre para tomar una decisión.