La constitucionalidad de la reforma sanitaria de EU dependerá del Supremo
Como era de esperar, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha acordado que será el encargado de decidir la constitucionalidad de la reforma sanitaria, impulsada por el presidente Barack Obama, según anunciaron los jueces este lunes.
Se espera que el tribunal escuche los argumentos orales a finales de febrero o marzo, con una resolución de junio, asegurando que el tema se convierta en un debate político candente en un año de elecciones presidenciales.
El alto tribunal admitió a trámite dos preguntas importantes: si la provisión clave de la ley es inconstitucional, y si es así, si la ley en su totalidad, con sus 450 secciones, se debe desechar.
El mayor reto legal para la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (PPAC, por sus siglas en inglés) será la impugnación conjunta por 26 Estados, encabezados por Florida.
El asunto es si la sección de “mandatos individuales”, que requiere que casi todos los estadounidenses compren un seguro de salud para 2014 o si no enfrenten sanciones financieras, es un ejercicio impropio de la autoridad federal. Los estados también dicen que si este eje es inconstitucional, entonces toda la ley debe eliminarse.
Junto a Florida, en la impugnación se encuentran Alabama, Alaska, Arizona, Colorado, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Maine, Michigan, Mississippi, Nebraska, Nevada, North Dakota, Ohio, Pennsylvania, South Carolina, South Dakota, Texas, Utah, Washington, Wisconsin y Wyoming. Virginia y Oklahoma presentaron impugnaciones por su cuenta, junto con otros grupos e individuos que se oponen a la ley.
Los jueces hicieron un llamado a dirigir los asuntos al alcance de la autoridad federal y del poder del congreso para promulgar este tipo de legislación.
La Federación Nacional de Negocios, quien tiene un papel principal en oponerse a la ley, dijo que está de acuerdo con que la corte resuelva los asuntos mayores.
“Para la comunidad de pequeños negocios, aún no es muy tarde” sostuvo Dan Danner, director ejecutivo. “La ley de salud no ha estado a la altura de sus promesas de reducir costos, permitir a los ciudadanos mantener su cobertura o mejorar su incómodo sistema que ha sido una carga por mucho tiempo tanto para propietarios de pequeños negocios como para los empleados. La comunidad de pequeños negocios puede tener ahora esperanza; sus voces serán escuchadas en la corte más importante del país”.
“Tres apelaciones federales han encontrado la PPAC inconstitucional mientras que otra no ha dado su negativa etiquetando a la ley de “imponente en su alcance extensivo”. Ese circuito dividido aseguró que la Suprema Corte intervenga y decida el asunto.
Florida y otros estados republicanos han pedido que la corte intervenga. “Esta ley de salud es una afrenta a la libertad individual de los americanos y no permitiremos que el gobierno federal viole nuestros derechos constitucionales” sostuvo el fiscal general Pam Bondi. “Nuestro país necesita urgentemente un fallo final de la Suprema Corte”.
Los estados afirman que los individuos no pueden ser forzados a comprar seguros, un “producto” que posiblemente no quieran o necesiten.
El Departamento de Justicia refutó el argumento de los estados diciendo que todo estadounidense necesitará atención médica en algún momento de sus vidas, los individuos no “escogen” participar en el mercado de la salud. Los funcionarios federales citan cifras de 2008 de $43,000 millones de gastos no compensados de millones de personas sin seguro que reciben servicios de salud, costos que son transferidos a las compañías de seguros y se pasan a los consumidores.
La coalición de estados pide a la corte decidir sobre tres asuntos fundamentales:
- Si la ley debe ser rechazada completamente al ser inconstitucional su eje principal.
- Si los estados pueden ser forzados por el gobierno federal a expandir su parte del costo del Medicaid y administración, con el riesgo de que se pierdan esos fondos si se rechazan.
- Si los empleados del estado pueden recibir una cobertura de salud por mandato federal.
No hubo reacción inmediata desde la administración de Obama a la nueva impugnación de la Ley.
La reforma de salud, una prioridad demócrata desde la administración Truman, fue aprobada por el Congreso anterior, con una serie de votos de partido virtuales. Obama lo convirtió en ley en marzo de 2010. Esta ley es considerada como el logro legislativo más importante del presidente en sus primeros dos años en turno.
Entre otras cosas, la medida se tomó para ayudar a millones de personas sin seguro. Los estadounidenses reciben un adecuado y costeable sistema de salud impuesto por mandato y con subsidios. El gobierno federal sostuvo en la corte que 45 millones de estadounidenses el año pasado no contaban con cobertura médica, casi el 15% de la población del país.
La medida ha sido criticada al ser identificada con la socialización de la medicina, temiendo que esto se traduzca en más impuestos y menores servicios de salud.
Los que se oponen, etiquetan la medida de Obamacare. Los líderes republicanos, que capturaron la casa de representantes en las elecciones intermedias, han votado por virar o recortar severamente la ley.
