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La cárcel de Guantánamo cumple 10 años sin expectativa cercana de cierre

El primer grupo sospechoso de terrorismo llegó en 1992 a la prisión en Cuba; 171 personas siguen detenidas pese a la promesa de cierre
mié 11 enero 2012 10:46 AM
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Este miércoles, hace exactamente 10 años, el primer grupo de sospechosos de terrorismo capturados en Pakistán y Afganistán llegó a la Bahía de Guantánamo, Cuba, a bordo del avión de transporte C-141. De noches heladas en las profundidades del invierno afgano, los 20 detenidos pasaron a la tropical brisa, con una apariencia aturdida y desaliñada.

Mientras más prisioneros llegaron con el paso de las semanas, el entonces secretario de Defensa de EU, Donald Rumsfeld, los describió como lo “peor de lo peor”. Y unas cuantas semanas después de que GTMO (como rápidamente se conoció el lugar) abriera sus puertas, el presidente George W. Bush dijo que los detenidos no tenían derecho a la protección derivada de los Convenios de Ginebra, ya que ellos no formaban parte de un ejército tradicional.

La población de Guantánamo creció rápidamente hasta alcanzar el siguiente año un máximo de 680 personas, y se expandió más allá del Campo de Rayos X, hasta otras secciones. En aquellos primeros días, dice Human Rights Watch, los detenidos fueron sometidos a “situaciones de estrés dolorosa, prolongado confinamiento solitario, amenazas con perros militares, y a amenazas de tortura y muerte”, entre otros abusos. El gobierno de Bush, aunque insistió en aumentar las técnicas de interrogatorio, no llegó a la tortura, sosteniendo que los métodos excepcionales eran legítimos de cara a una continua amenaza del terrorismo.

En la década anterior, la sola palabra Guantánamo se convirtió en una piedra de toque en el debate sobre cómo la democracia puede protegerse a sí misma del terror sin negar el acceso a la justicia. También se convirtió en sinónimo de política redituable y en tema de agria discusión en la corte federal sobre el principio del habeas corpus, derecho del detenido a defenderse ante un juez. También se hizo presente en la cultura popular, en la película Sicko de Michael Moore y en una canción de Patti Smith.

La falta de pruebas

Revisiones administrativas de los detenidos obtenidas y publicadas por WikiLeaks señalaron que en muchos casos los interrogadores sabían muy poco sobre los primeros grupos de detenidos. Las pruebas en su contra a menudo eran anecdóticas y anónimas, y ​​en abril de 2003 Rumsfeld se quejó de que las fuerzas armadas estaban “poblando Bahía de Guantánamo con enemigos combatientes de bajo nivel”.

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Durante la década anterior, muchos de los detenidos fueron liberados o transferidos a terceros países. Pero a menudo ha resultado difícil para Estados Unidos encontrar gobiernos dispuestos a aceptarlos. En el 2009, cuatro individuos de la etnia uigur, provenientes del oeste de China, quienes alegaban que habían huido a Afganistán para escapar de la persecución de Beijing, de pronto fueron trasladados a las Bermudas. Otros 13 fueron a parar a la isla de Palau, en el Pacífico, y otro más ahora es cocinero de pizzas en Albania.

Pero parte de ese primer grupo en llegar a Guantánamo está entre los 171 prisioneros que en la actualidad tiene el centro de detención. Varios detenidos de alto valor es probable que enfrenten juicios ante comisiones militares renovadas. Además, 46 individuos son considerados demasiado peligrosos como para ser liberados -pero demasiado difíciles de enjuiciar, ya sea en un tribunal civil o militar.

Otros 89 han sido eximidos de toda sospecha para su liberación por parte de varias agencias federales, pero permanecen en el limbo. (El último detenido en salir de Guantánamo fue un argelino de 50 años, exactamente hace un año.)

La detención sin juicio

En la víspera de Año Nuevo, el presidente Barack Obama aprobó como ley nuevas disposiciones que prohíben el traslado de los actuales detenidos a Estados Unidos para ser enjuiciados. La ley también amplía las restricciones sobre el traslado de los detenidos a su lugar de origen o a terceros países, incluyendo aquellos eximidos de toda sospecha por el gobierno para ser liberados. Y esta reafirma la autoridad del ejecutivo de detener a cualquiera considerado como integrante de Al-Qaeda, el Talibán o a fuerzas asociadas “sin juicio hasta el fin de las hostilidades”.

Las actitudes en parte se han endurecido debido a que una considerable minoría de los detenidos de Guantánamo que fueron liberados o transferidos, quizá hasta el 25%, han regresado a la yihad. Algunos ahora son de los principales personajes de Al-Qaeda en la Península Arábiga.

El clima prevaleciente es muy diferente al de la orden ejecutiva de Obama, la cual fue firmada dos días después de que asumiera el cargo y en la que se comprometió a cerrar Guantánamo en enero de 2010, pues declaró que “la existencia de Guantánamo probablemente creó más terroristas en el mundo que los que detuvo”.

Grupos de derechos humanos han criticado sistematicamente la propia existencia de Guantánamo, el maltrato de los presos y su falta de acceso a recursos legales. Abogados especializados en el tema de derechos humanos han dedicado miles de horas a peticiones en la corte federal para lograr la liberación de los detenidos. Sin embargo, la Corte de Apelaciones, en Washington, D.C., invariablemente ha fallado a favor del gobierno. El caso más reciente llegó esta semana a la Suprema Corte de EU.

La postura republicana

Algunos de derecha argumentan que por sus acciones, los detenidos han perdido su derecho a la protección legal. En 2008, la gobernadora de Alaska, Sarah Palin, se mofó de la promesa de Obama de cerrar la prisión. “Los terroristas de Al-Qaeda todavía conspiran para provocarle un daño catastrófico a EU y él está preocupado de que alguien no les diga sus derechos”, comentó.

Mitt Romney consideró en aquel momento que “Guantánamo es un símbolo de nuestra determinación. También es algo honestamente inteligente mantener lejos de nuestro suelo a estas personas y no tener que darles acceso a nuestro sistema legal”. Y el senador Lindsey Graham (republicano de Carolina del Sur) el año pasado comentó de Khalid Sheikh Mohammed: “Estamos en guerra... Él no robó una tienda de licores, atacó nuestro país”.

No todos los republicanos están de acuerdo con tal enfoque. En 2008, el senador John McCain (republicano de Arizona) sugirió llevar a todos los presos de GTMO a tribunales militares en Fort Leavenworth, Kansas. Sin embargo, un sondeo llevado a cabo en 2010 por CNN halló que el 60% de los estadounidenses están a favor de mantener la prisión abierta.

El futuro de Guantánamo

Al no poder cumplir su promesa electoral de cerrar Guantánamo, Obama exploró la opción de juzgar a más terroristas en tribunales federales, sólo para enfrentarse a una tormenta política. Un plan dado a conocer en 2009 para juzgar a Mohammed en una corte federal en Nueva York fue desechado tras quejas por su costo y la seguridad.

Mohammed y otros cuatro acusados ​​de tener algún papel en los ataques del 11-S ahora enfrentarán a los tribunales militares en Guantánamo, pero aún tiene que ser procesado formalmente. La organización American Civil Liberties Union se ha opuesto a los tribunales, al decir que estos “son lugares seguros de estar sujetos a continuos desafíos legales y demoras, y sus resultados no serán vistos como legítimos. Eso no es justicia”.

Según grupos de derechos humanos, el destino de los prisioneros que quedan en Guantánamo es sólo una parte de una fotografía más inquietante, ya que existen alrededor 3,000 presuntos combatientes enemigos detenidos sin juicio alguno en Afganistán. Más de un tercio de ellos, incluyendo a talibanes de “alto valor”, están prisioneros en un centro de detención en la Base Aérea de Bagram, apodada “la nueva Guantánamo” por defensores de los derechos humanos.

El gobierno afgano ahora exige hacerse cargo de la prisión, al decir que los detenidos han denunciado torturas, búsquedas con su cuerpo al desnudo y temperaturas heladas (aunque éstas parecen haber sucedido en la parte de la prisión que ya está bajo el control de Afganistán). Bajo el derecho internacional, Estados Unidos no puede entregar ningún detenidos que pudiera padecer torturas, y Naciones Unidas el año pasado informó que los detenidos bajo custodia afgana son rutinariamente sometidos a ese tipo de prácticas.

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