Baltasar Garzón se enfrenta a la ley española por abuso de autoridad
El juez más conocido de España, Baltasar Garzón, fue a juicio este martes en Madrid acusado de abusar de su autoridad judicial en una investigación sobre la corrupción financiera.
El juicio ante un panel de siete jueces de la Suprema Corte de España comenzó la mañana de este martes y, si es declarado culpable, Garzón, quien fue suspendido en 2010 en espera del proceso, no iría a la cárcel, pero podría perder su derecho, de forma permanente, de ser juez en España.
Este proceso por el caso Gürtel, de corrupción financiera y política, es sólo el primero de los dos juicios en contra de Garzón. La próxima semana, en un caso que muchos expertos legales dicen que es el más importante, se acusará a Garzón de nuevo de sobrepasar su autoridad legal, durante la investigación de violaciones de los derechos humanos bajo la dictadura de Francisco Franco en España.
Garzón llegó a ser conocido internacionalmente en 1998, cuando solicitó la extradición del exdictador chileno Augusto Pinochet, quien se encontraba en un hospital de Londres. Garzón le acusó del asesinato de españoles en Chile y de los crímenes de genocidio.
En mayo de 2010, cuando fue suspendido de su cargo de juez en la Audiencia Nacional: "Me enfrento con calma, con la tranquilidad de saber que soy inocente de estos cargos."
En el caso de corrupción financiera por el que es investigado, Garzón es acusado de ordenar las escuchas telefónicas en contra de algunos implicados en prisión, y algunas de sus conversaciones fueron con sus abogados.
Estos abogados más tarde presentaron una denuncia contra Garzón, y dijeron que se había excedido en su autoridad judicial para ordenar las intervenciones telefónicas y también violó sus derechos constitucionales.
Garzón dijo más tarde que pensaba investigar a los abogados defensores, y que las intervenciones telefónicas se debieron a las sospechas de que los acusados en el escándalo de corrupción movían los fondos, incluso mientras estaban en prisión preventiva.
Se espera que el juicio abra con cuestiones preliminares, y si no hay retrasos importantes, Garzón podría declarar este martes.
La semana siguiente, se seguirá el caso por abuso de poder judicial en contra de Garzón al investigar las fosas comunes bajo el régimen de Franco, algunas de las cuales aún están siendo desenterradas en España.
Una cooperativa de pequeños funcionarios públicos presentó una querella contra Garzón en el caso de Franco, diciendo que el hizo caso omiso de una ley de amnistía de 1977 aprobada por el Parlamento español, dos años después de la muerte del dictador.
"El Parlamento aprobó por unanimidad la ley de amnistía. El juez Baltasar Garzón tomó una postura como si estuvieran locos. ¿Qué piensa?, ¿Qué es mejor que ellos", dijo Miguel Bernard, líder de la cooperativa Manos Limpias.
Los grupos de derechos humanos han seguido de cerca los casos contra Garzón.
"Es muy irónico que Garzón, que se ha convertido en un símbolo internacional de la justicia, deba ser perseguido en su casa por las mismas cosas que se convirtió en un héroe para todo el mundo y en América Latina en particular", dijo a CNN Reed Brody, de Human Rights Watch.
Garzón, de 56 años, pasó 22 años como juez de instrucción en la Audiencia Nacional, que maneja los casos de terrorismo y otros casos delicados. Se ha investigado al líder de Al-Qaeda, Osama bin Laden, el grupo terrorista vasco ETA, y los traficantes de drogas.
El juez ha sido considerado uno de los favoritos tanto de la derecha como de la izquierda españolas, según los casos que estaba investigando. Sus críticos dicen que es demasiado extravagante, siempre muy dispuesto a hablar delante de las cámaras.
Desde su suspensión en 2010, Garzón ha estado trabajando como asesor jurídico fuera de España sobre casos de derechos humanos y asuntos judiciales, en particular en América Latina.