Garzón encara la justicia por investigar las víctimas del franquismo

El juez español Baltasar Garzón acude este martes a la justicia por uno de los tres casos que se le imputan: la investigación de las víctimas del franquismo. El juez enfrenta una inhabilitación en los tribunales de entre 12 y 20 años.

Garzón está acusado por un presunto delito de prevaricación, dictar a sabiendas de una resolución injusta, por declararse competente para abrir una causa sobre 114.266 desaparecidos, de lo que responsabilizó a Francisco Franco y a otros 34 cargos militares, de acuerdo con el auto del juez de 2008. Autorizó la apertura de 19 fosas, entre ellas la que se creía que albergaba los restos de Federico García Lorca.

En 2008, la Audiencia Nacional consideró al juez incompetente para asumir esa investigación y que debían ser los juzgados de cada demarcación los que decidieran sobre la apertura de las fosas.

Dos organizaciones, Manos Limpias y Libertad e Identidad, interpusieron más tarde una querella contra el Garzón por no aplicar la Ley de Amnistía de 1977 en la instrucción del caso. Esta ley de la Transición española amnistió a los responsables de crímenes políticos cometidos por ambos bandos. Manos Limpias, cuyo secretario general es el exdirigente de una formación ultraderechista, y Libertad e Identidad, "un grupo de ciudadanos que reclaman un modelo moral más sólido" y el "redescubrimiento" de la nación española, consideraban que Garzón se había excedido en sus competencias.

El magistrado Luciano Varela del Tribunal Supremo, instructor del caso contra Garzón, sostuvo que el juez "intentó tomar el control de la localización y exhumación" de las fosas comunes en su investigación. “Emitió múltiples decisiones que por múltiples razones están en contra del razonamiento judicial, y lo hizo a sabiendas, con el tiempo constituye un abuso de poder”, según Varela, que lo acusó de ignorar deliberadamente la Ley de Amnistía.

Apelar al derecho internacional

Garzón negó haber violado la ley de 1977 y alegó que, por ser crímenes contra la humanidad, esos casos estaban excluidos de la ley de amnistía de 1977 y eran delitos vigentes al desconocerse el paradero de las víctimas. Se amparaba en el derecho internacional, que establece la obligación de los estados de investigar los delitos internacionales más graves y considera las desapariciones como un delito de carácter permanente mientras no se sepa dónde yacen las víctimas. El magistrado Varela rechazó todos los recursos y decidió no archivar el caso.

Manos Limpias considera "falso" que el juicio sea por enjuiciar el franquismo, la Ley de Memoria Histórica, la exhumación de fosas o por su incompetencia para conocer la causa. La organización sostiene que se debe a la vulneración de las leyes penales, la vigencia de la Ley de Amnistía, la prescripción y la imposibilidad de juzgar a fallecidos.

El año antes en el que Garzón abrió el caso, el Parlamento español había aprobado la Ley de Memoria Histórica, que condenó la dictadura e instaba a las autoridades locales a la búsqueda y apertura de fosas comunes para la identificación de las víctimas de la Guerra Civil y el régimen militar. La norma pretendía reconocer los derechos de los perseguidos por motivos políticos o religiosos. La ley se aprobó sin el apoyo del Partido Popular, que la consideró una manera de reabrir viejas heridas, de dividir a la sociedad y de alejarse del espíritu conciliador de la Transición.

"Una injusticia"

Garzón está suspendido de su puesto en la Audiencia Nacional desde mayo de 2010. La decisión desencadenó una serie de reacciones que condenaban el dictamen. "Es lo más grave que ha pasado en la democracia española desde el intento de golpe de Estado de 1981", señaló entonces el director de cine Pedro Almodóvar, uno de los que se manifestaron en contra.

Amnistía Internacional señala que "nadie debe ser juzgado por investigar violaciones de derechos humanos". Human Rights Watch indica que "resulta paradójico que Garzón esté siendo juzgado por intentar aplicar en su país los mismos principios que logró promover con éxito en el ámbito internacional".

Asociaciones por la defensa de la memoria de las víctimas de la dictadura destacan la paradoja de que el juez que persiguió al dictador chileno Augusto Pinochet, ahora sea juzgado por abordar la dictadura española.

"Hay que permitir que Garzón prosiga su trabajo. España necesita un honesto ajuste de cuentas con su problemático pasado y no la persecución de quienes tienen el coraje de pedirlo", afirmaba el New York Times en el editorial Una injusticia en España.

El juez acudirá este martes ante la justicia, cinco días después de que quedara para sentencia otro proceso que acarrea por supuestas escuchas ilegales en una trama de corrupción que implicó al Partido Popular, el caso Gürtel.