Arizona inicia la defensa de la ley SB1070 ante el Tribunal Supremo de EU
El estado de Arizona presentó su argumento inicial ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos para la audiencia del 25 de abril en la que se decidirá el futuro de la ley estatal SB1070, la primera en el país en criminalizar a los indocumentados.
"El documento presentado y la próxima exposición oral ante el Supremo son la culminación de una batalla legal que juré luchar a favor de la gente de Arizona", dijo la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, en un comunicado de prensa.
La mandataria republicana aseguró que este no es un debate solamente sobre l a SB1070 , sino sobre el principio constitucional que cada estado tiene que proteger a su gente, especialmente cuando el Gobierno federal ha fallado en sus responsabilidades.
El estado de Arizona pide al Supremo eliminar la suspensión de cuatro secciones de la SB1070, entre ella una que autoriza a las agencias del orden locales cuestionar el estatus migratorio de aquellas personas sospechosas de ser indocumentadas.
Una juez federal en Arizona bloqueó en 2010 estas secciones en respuesta a una demanda interpuesta por el Gobierno federal en contra de la SB1070, decisión que fue ratificada por la Corte de Apelaciones del Circuito Nueve.
Brewer considera que los indocumentados se han vuelto una carga para los hospitales en el estado, mientras que las "casas de seguridad", donde los traficantes alojan temporalmente su "mercancía humana" (inmigrantes ilegales), se encuentran con frecuencia en los vecindarios.
"Arizona no está sola en sus esfuerzos, estados como Utah, Alabama, Carolina del Sur y Georgia han seguido nuestro liderazgo y han establecido leyes similares a la SB1070. Ciudadanos de todas partes del país han apoyado Arizona y se han unido en coro para pedir que el Gobierno federal asegure la frontera", finalizó Brewer.
Arpaio evita litigios por prácticas racistas
El Departamento de Justicia de Estados Unidos y los abogados de la oficina del alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, llegaron a un acuerdo para hacer cambios que eviten litigios en el caso relacionado con las acusaciones de prácticas de perfil racial en contra de hispanos en Arizona.
El anuncio se hizo tras una primera reunión que duró varias horas en Phoenix, donde se discutió el informe del Departamento de Justicia dado a conocer en diciembre pasado que asegura haber encontrado indicios de práctica de perfil racial en contra de conductores hispanos por parte de la oficina de Arpaio.
Ambas partes se reunirán nuevamente el próximo 14 de abril para continuar con el diálogo, de acuerdo con el comunicado de prensa conjunto.
El alguacil ha negado rotundamente estas acusaciones argumentando que son motivadas por intereses políticos.
Aunque dijo cuestionar los resultados de la investigación civil, Arpaio está dispuesto a cooperar con el Gobierno federal para evitar una batalla en las cortes.
Después de que el Departamento de Justicia diera a conocer el resultado de su investigación, varios grupos a nivel nacional y local se han unido pidiendo la renuncia del controvertido alguacil.
Por su parte, Arpaio ha declarado que no piensa dejar su puesto y que esta decisión la tomarán los votantes el próximo mes de noviembre cuando esté en juego su reelección.
