Garzón argumenta que luchó contra el desamparo de las víctimas de Franco

El juicio contra el juez español Baltasar Garzón por declararse competente en 2008 para investigar los crímenes del franquismo quedó este miércoles visto para sentencia en el Tribunal Supremo español, en una sesión en la que el juez dijo que su conciencia estaba "tranquila" y que actuó para evitar el desamparo y el "olvido" de las víctimas.

"El tribunal del hombre es su conciencia", dijo Garzón, citando al filósofo alemán Emmanuel Kant, para después añadir que creía "ajustadas a derecho" las decisiones que tomó para investigar los crímenes masivos, desapariciones forzadas y detenciones ilegales.

Tales pasos se dieron "como única defensa que las instituciones creo que deben a las víctimas para que no se produzca el olvido y la falta de memoria", agregó.

Previamente, la acusación popular ejercida por el sindicato ultraderechista Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad había mantenido su petición de 20 años de inhabilitación para el magistrado por un delito de prevaricación, mientras que la defensa y la Fiscalía solicitaron su absolución.

En su informe final, el abogado de Manos Limpias, Joaquín Ruiz Infante, acusó a Garzón de abrir una causa general para enjuiciar "un movimiento, una época". Ruiz Infante subrayó que Garzón actuó con distinto criterio cuando rechazó una querella por la matanza de Paracuellos, que afectó a prisioneros opuestos al bando republicano al comienzo de la Guerra Civil española (1936-1939).

El letrado centró su informe en el hecho de que Garzón archivara en 1998 —"en solo 24 horas", dijo Infante— la querella presentada por las familias de las víctimas de Paracuellos y 10 años después abriera una causa "por crímenes semejantes cometidos desde el otro lado".

"¿Se quiere sostener que los hechos ocurridos en Paracuellos no son desapariciones forzosas y sí los del bando contrario? ¿Que los enterrados en unas fosas pueden acogerse al derecho internacional y los de las otras no?", preguntó Ruiz Infante.

El representante de la acusación manifestó también que, con el criterio aplicado por Garzón, "hoy podríamos abrir un procedimiento por los fusilamientos del 2 de mayo" (de civiles madrileños a manos de las tropas francesas ocupantes para aplastar la insurrección popular de esa fecha de 1808).

La del juez "no fue una prevaricación imprudente", dijo Ruiz Infante, quien insistió en que Garzón "lo hizo conscientemente, porque conoce la ley", concluyó.

Gonzalo Martínez-Fresneda, abogado de Garzón, consideró que las decisiones que tomó el juez son "tan defendibles y razonables" como las contrarias, y replicó a Manos Limpias que la matanza de Paracuellos ya fue juzgada por el propio régimen franquista.

El abogado también dijo que Garzón no vulneró la Ley de Amnistía de 1977, porque el delito político no está definido, y consideró que el Tribunal Supremo debería decidir si todos estos crímenes, odios y venganzas merecen quedar bajo el paraguas de la "intencionalidad política".

Garzón se encuentra suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional desde 2010 a raíz de este procesamiento y de otras dos causas abiertas contra él, por ordenar escuchas a una red de corrupción y por unos pagos recibidos por varias conferencias en Nueva York.

Críticas desde la ONU

Una relatora de la ONU consideró este miércoles "lamentable" que el juez Baltasar Garzón pueda ser condenado por querer abrir una investigación sobre violaciones de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil española y la dictadura franquista.

"Es lamentable que el juez Garzón pueda ser castigado por la apertura de una investigación que está en línea con la obligación de España de investigar violaciones de los derechos humanos de acuerdo con los principios del derecho internacional”, dijo la relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Gabriela Knaul.

"Mantener el imperio de la ley requiere un compromiso incondicional con la Justicia y los derechos humanos", manifestó Knaul, quien argumentó que "los supuestos errores en las decisiones judiciales no deberían ser una razón para la expulsión de un juez y, mucho menos, para la puesta en marcha de un proceso penal".