"Salvé la vida al quitarme los implantes PIP": paciente argentina afectada

Gabriela decidió en 2007 ponerse implantes de mama porque quería verse mejor y el médico le aseguró que eran de la mejor calidad. “Yo fui con mucha confianza, creía en el médico”, dice desde Buenos Aires. Más tarde, se tuvo que operar para quitárselos antes de que uno de los tres ganglios que le habían salido le alcanzara una vena. “Podría haber muerto, la verdad es que sí”. Los implantes eran Poly Implante Prothesis, conocidos como PIP.

Esta argentina de 31 años pagó 20,000 pesos argentinos (en torno a 4,600 dólares) por la operación. Cuando comenzó a sentir fuertes dolores, el médico le pedía 2,000 pesos (460 dólares) para quitarle los implantes; también le exigía firmar un documento en el que lo deslindaba de cualquier responsabilidad.

“Me levanté y me fui llorando”, dice en entrevista telefónica con CNNMéxico. A partir de ese momento, inició un recorrido por clínicas públicas que no la atendían porque solían decirle que había cirugías más urgentes como fracturas de cráneo. Para ese momento, Gabriela sabía que uno de los implantes se le había reventado. Un segundo especialista le había ordenado hacerse una ecografía de urgencia y ésta mostraba que la silicona se había derramado en su cuerpo. “Dejaba de trabajar una semana y volvía, cuando me sentía muy dolorida o me deprimía”, recuerda Gabriela, quien trabaja en una cafetería en el Mercado Central de Buenos Aires.

Como miles de mujeres por todo el mundo, esta madre de tres niñas sufría porque los PIP se rompen con facilidad y el gel que se derrama irrita los tejidos de la piel, produce inflamación y dolor, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.

En su intento por quitarse los implantes conoció a Virginia Luna, una abogada que fundó la Agrupación Afectadas PIP Argentina, en la que representa legalmente a 3,500 mujeres que buscan “reconocimiento económico suficiente para poder removerse las prótesis, recolocarse unas nuevas eligiendo al médico que realiza la intervención y algún monto por el daño causado”, explica.

Gabriela consiguió finalmente que le quitaran los implantes en enero, luego de que Luna la puso en contacto con un programa de televisión que costeó todos los costos de la cirugía a cambio de que ella contara su historia. Ahora se recupera de la operación, que asegura que le salvó la vida.

Como ella, miles de latinoamericanas con  implantes defectuosos PIP  se enfrentan a la negativa de los médicos que se los colocaron a quitárselos de forma gratuita, a la falta de recursos para costearse ellas mismas la operación y la indiferencia del sector público.

“Están esperando sacarse los implantes y nadie quiere hacerse cargo”, dice Gabriela, quien conoció a otras mujeres en su misma situación cuando intentaba encontrar los medios para retirárselos luego de que uno de ellos se le reventó. "No se han hecho exámenes, pero tienen pánico”, describe.

Los países con más afectadas por los implantes en América Latina son Colombia y Venezuela, con 14,000 en cada uno, de acuerdo con Luna, quien también trabaja para el grupo Afectadas de Latinoamérica.  En Venezuela, ya iniciaron acciones legales .

En Argentina hay 13,500 afectadas. En México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios no ha ofrecido cifras. En todo el mundo se calcula que 300,000 mujeres en 65 países se los colocaron tanto por cuestiones estéticas como por cirugías reconstructivas después de recibir tratamiento contra cáncer de mama.

El gobierno de Venezuela se comprometió a pagar el costo de retiro de los implantes, pero no su sustitución. En México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios recomendó a los médicos que colocaron los implantes ponerse en contacto con sus pacientes para hacerles una valoración médica.

En la Unión Europea, la decisión final de retirar los implantes corresponde a cada Estado miembro. Cinco de ellos, Francia, Alemania, República Checa, Holanda y Bélgica, recomiendan extraerse los implantes a todas las portadoras, mientras que otros como España y Reino Unido sólo lo consideran necesario en caso de fugas. 

Las autoridades en Francia y Gran Bretaña descartaron el temor de cáncer por los implantes, pero dijeron que en caso de que se rompan podrían causar inflamación, cicatrización y fibrosis.

Las alertas sanitarias por los implantes PIP surgieron a finales de 2011, cuando las autoridades francesas detectaron que una parte de ellos habían sido fabricados con un silicón de uso industrial. El fundador de la compañía que fabricaba las prótesis,  Jean-Claude Mas, está bajo control judicial de Francia acusado de lesiones involuntarias