La fiscal general de Colombia dimite tras destapar casos de corrupción
La fiscal general de Colombia, Viviane Morales, renunció este viernes de manera irrevocable tras defender los resultados de su tarea frente a los "más grandes casos de corrupción" en el país, varios de los cuales implican a cercanos colaboradores del expresidente Álvaro Uribe.
La jurista sostuvo que se aparta cuando "todos los protagonistas (de estos hechos de corrupción) han sido acusados por la Fiscalía y tienen medidas de aseguramiento (de detención preventiva)". Morales anunció y formalizó su renuncia ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras la decisión del Consejo de Estado de anular la elección de su puesto, el cual la convirtió en la primera mujer en ejercer como titular de la Fiscalía General.
El Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo en el país, informó el pasado martes que declaraba nula la elección de esta jurista por considerar que la CSJ se había equivocado al interpretar el quórum necesario para la adopción de sus decisiones.
El Supremo la había designado en diciembre de 2010 después de un interinato de más de un año en el ente judicial, cuyo titular es elegido de una terna que presenta el jefe del Estado. La había propuesto el presidente Juan Manuel Santos , cuyo antecesor, Uribe (2002-2010), no pudo lograr que los magistrados de la CSJ, con los que mantuvo tensas relaciones, eligieran fiscal de una terna que les recompuso varias veces ante el rechazo de alguno de sus candidatos.
Santos, que había sugerido la posibilidad de integrarla a una nueva terna, lamentó desde Cartagena su decisión por considerar que ella había ejercido el cargo "con gran dignidad, con gran eficiencia, con gran transparencia, con un gran carácter".
Ante ello, el gobernante anunció que pondrá en funciones como fiscal interino al vicefiscal Wilson Alejandro Martínez, para que no salga perjudicada la lucha compartida contra el crimen y la corrupción.
La jurista, excongresista de origen liberal, recibió el cargo con escandalosos hechos de corrupción que implicaban a excolaboradores de Uribe, varios de los cuales están presos, uno de ellos asilado y otro, al parecer, bajo protección en el exterior.
Uno de los casos de mayor relevancia está relacionado con una trama de escuchas y seguimientos ilegales, por parte de la central de inteligencia, a magistrados, opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.
Morales dijo que no cedió a las presiones y que es sólo la decisión del Consejo de Estado, que significa el "debilitamiento institucional" de su tarea, lo que le impide que pueda actuar en los juicios que vienen y cuya gravedad no admite la presencia de una fiscal interina.
"El poder de mis contrincantes y la perversidad de sus aliados en algunos medios de comunicación exigen un fiscal en el ejercicio pleno de sus atribuciones", reconoció Morales antes de anunciar que renunciaba ante el tribunal que la había elegido.
