El juicio a una monja reabre casos de niños robados durante el franquismo
La monja María Gómez Valbuena, que este jueves se negó a declarar ante el juez de Madrid que investiga el robo de cientos de niños en España durante el franquismo y los primeros años de la democracia, rechazó las acusaciones y dijo que le "repugna" separar a un recién nacido de su madre.
La religiosa de 87 años publicó una carta abierta en la que se disculpa, además, por no haber "atendido correctamente" a los medios tras comparecer en un juzgado de instrucción de Madrid, de donde salió en un auto con cristales cromados.
"Me repugna en lo más hondo de mi ser, considero inadmisible e injustificable en ninguna circunstancia y jamás he tenido conocimiento de la separación de un recién nacido de su madre biológica, realizada bajo coacciones y amenazas", señaló la religiosa en la carta.
Sor María es acusada por María Luisa Torres de haberle arrebatado a su hija recién nacida en la clínica Santa Cristina de Madrid en 1982, para venderla en adopción luego de que la acusara de "adúltera", ya que el padre no era su marido.
La monja trabajaba como asistente social en ese hospital cuando, según la denunciante, ocurrieron los hechos.
El juez Adolfo Carretero ha citado mañana a declarar como testigos a los padres adoptivos de la niña supuestamente robada.
Por otra parte, el abogado de sor María intentó que el magistrado archivara el caso por prescripción del delito, pero Carretero desestimó su petición, por lo que la monja ha apelado a una instancia superior.
El caso de los niños robados saltó a la opinión pública en 2008, tras la aprobación de la ley para la recuperación de la Memoria Histórica, con los niños que fueron arrebatados a familias republicanas para ser educados por familias afectas al franquismo durante la Guerra Civil (1936-39) y los primeros años del franquismo (1939-75).
A estos casos se sumaron cientos de denuncias de desapariciones que se extienden hasta 1990.
La comparecencia de sor María de este jueves coincidió con la reunión mantenida por representantes de los afectados con varios ministros y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, tras la cual el gobierno se comprometió a crear un censo de posibles "niños robados".
El gobierno promete censo de niños robados
El gobierno español se comprometió a elaborar un censo de posibles "niños robados" durante la dictadura franquista y los primeros años de la democracia, tras la ola de denuncias de adopciones irregulares.
El censo es una de las medidas anunciadas por el Ejecutivo tras reunirse con las asociaciones de afectados, el mismo día en que la monja María Gómez Valbuena compareció ante el juez.
Hasta el 14 de noviembre de 2011, se habían abierto 1,072 diligencias informativas y 342 diligencias previas, al tiempo que se había llevado a cabo 14 exhumaciones.
El gobierno español dijo que con estas medidas se propone "concretar la dimensión real del problema”. Desarrollará un grupo de trabajo coordinado por el Ministerio de Justicia, en el que participarán también los departamentos de Interior y Sanidad y la Fiscalía General del Estado.
El Ministerio de Justicia asumirá las medidas necesarias para facilitar la obtención de datos del Registro Civil, como nacimientos y posibles fallecimientos de recién nacidos en los últimos 50 años.
Por su parte, el departamento de Sanidad, previa autorización, recabará información de los centros sanitarios y pedirá para ello la colaboración de los servicios regionales de salud.
La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que le envíe datos actualizados sobre las investigaciones.
La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados pidió en marzo pasado al gobierno español que impulsara y continuara con las actuaciones encaminadas a tratar de esclarecer los casos de niños robados y facilitar el reencuentro entre los familiares.
