La Ley Arizona recibe un gran respaldo en la Corte Suprema de EU

Las partes suspendidas de la ley migratoria de Arizona recibieron este miércoles un gran apoyo en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que escucha los argumentos a favor y en contra de una polémica norma por las acusaciones de que criminaliza a los extranjeros indocumentados. De momento, se encuentra en un limbo legal tras trascender de instancias estatales a federales.

Estados de todo el país, que también debaten el tema de la inmigración, estaban pendientes de lo que ocurría en Washington sobre un asunto polémico y clave para la economía y el ritmo político de Estados Unidos en un año electoral. 

Hartos de los inmigrantes ilegales que cruzan desde México y con el argumento de la incapacidad del gobierno federal para detenerlo, los legisladores de Arizona aprobaron una dura ley migratoria hace dos años. El gobierno federal presentó una demanda, alegando que Arizona se había excedido en sus dependencias estatales. 

Cientos de activistas se manifestaban este miércoles contra la ley a las puertas del Supremo. Los opositores consideran que la norma promueve la creación de estereotipos y la discriminación racial. Los partidarios argumentan que la inmigración ilegal ha generado inseguridad pública y crisis económicas.

La cuestión clave de debate en la Corte Suprema es si los estados tienen autoridad para regular asuntos de inmigración o si esa es función exclusiva del gobierno federal. "¿Qué quiere decir que el gobierno no permite a los estados defender sus fronteras", dijo el juez conservador Antonin Scalia. Paul Clement, abogado de Arizona, dijo a la corte que el gobierno federal ha fallado en controlar el problema, y ​​que los estados tienen la facultad de ayudar a hacer cumplir las leyes de inmigración.

La jueza liberal Sonia Sotomayor, de origen puertorriqueño, dijo al abogado del gobierno federal que la parte fundamental de sus argumentos "no estaban siendo muy convincentes" y no mostró oposición a que Arizona aplique la ley, que permite a la policía local detener a cualquier sospechoso de ser un inmigrante ilegal. Éste fue uno de los cuatro puntos que bloquearon los tribunales federales de la SB 1070. 

El abogado del gobierno de Obama, el general Donald Verrilli, rechazó tajantemente esta afirmación, diciendo que los asuntos de inmigración están bajo su autoridad exclusiva y que la interferencia del estado sólo empeoraría las cosas. 

La gobernadora del estado de Arizona, la republicana Jan Brewer, reconoció que "existe la posibilidad" de que se den encarcelamientos masivos, si finalmente se desbloquean las secciones de la ley de inmigración SB1070 que fueron suspendidas por varios tribunales federales y cuya constitucionalidad empezó a analizar el Tribunal Supremo.

Brewer, quien se mostró muy optimista a la salida de la audiencia del Supremo, argumentó ante los medios, en la escalinata del máximo tribunal, que Arizona "tiene el derecho", y ella como gobernadora también, de "comprobar la identidad de los ciudadanos del estado", reportó la agencia EFE.

"Tenemos la responsabilidad y el deber de velar por la seguridad de los ciudadanos de Arizona", subrayó Brewer.

¿Gobernar para contentar a México?

Durante la exposición de argumentos, de 70 minutos, Clement enfrentó cuestiones no muy duras por parte de los integrantes liberales del tribunal, y basados más en la forma que en el fondo. "Queremos que el sistema de registro quede en su totalidad en manos federales”, advirtió la jueza Ruth Bader Ginsburg. 

Verrilli argumentó que la ley perjudicaría la capacidad de Washington para mantener relaciones diplomáticas con otras naciones, y señaló: “Tenemos problemas muy importantes en la frontera con México”. 

"Bueno, ¿no se puede evitar ese problema específico de las relaciones exteriores con tan sólo deportar a estas personas?”, preguntó Scalia. “Libérenlos de las cárceles y envíenlos de regreso a los países a los que objetan. ¿Qué hay de malo en ello? Tenemos que hacer cumplir nuestras leyes de una forma que satisfaga a México. ¿Es eso lo que están diciendo?”, dijo Scalia. 

De acuerdo con el Departamento de Justicia de los dos millones de latinos que viven en Arizona, en torno a 400,000 son ilegales. Entre el 60% y el 70% de las deportaciones o “traslados” tienen que ver con ciudadanos mexicanos, de acuerdo con el departamento. 

Las ramificaciones nacionales e internacionales de un ley estatal

Otros estados siguieron el ejemplo de Arizona , con la aprobación de leyes destinadas a disuadir a los inmigrantes ilegales. Se encuentran encalladas en tribunales inferiores en Georgia, Alabama, Utah, Indiana y Carolina del Sur. El caso de Arizona es el primero en llegar a la Corte Suprema de Justicia. Arizona es la zona de mayor tránsito de inmigrantes ilegales y contrabando del país. El resultado de la apelación, que se estima que se conocerá en junio, podría sentar un precedente importante para dichas leyes. 

En el caso en el que la decisión sea de cuatro votos a favor y cuatro en contra, lo más probable es que la ley se mantendría bloqueada, impidiendo que las cuatro disposiciones de la ley entren en vigor, y sin resolver las grandes cuestiones constitucionales.

La audiencia de la corte en materia de la ley de inmigración ilegal se suscita en un momento interesante. El Pew Hispanic Center dio a conocer esta semana un informe que manifestaba que la inmigración mexicana hacia Estados Unidos está en un punto muerto . 

No obstante, se mantiene el debate, ya que más de 10 millones de inmigrantes sin autorización, procedentes de México y otros países, siguen viviendo en EU. Aunque la inmigración ha disminuido hasta niveles no vistos en décadas, los partidarios de leyes migratorias más rigurosas quieren fortalecer los métodos de aplicación de cara a cualquier presión que pudiera presentarse en un futuro. 

La impulsora de la iniciativa, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, expresó su esperanza de que el estado salga adelante en el Tribunal Supremo. “Estoy llena de optimismo, de esa clase de optimismo que se produce por saber que la causa de Arizona es justa y verdadera”.

El gobierno, respaldado por un gran número de grupos defensores de los derechos civiles y de los inmigrantes, sostiene que la ley lesionaría las relaciones entre Estados Unidos y otros países, afectaría a los esfuerzos existentes en materia de cooperación, y que injustamente atentaría contra los inmigrantes legales. 

Legisladores republicanos, el alcalde del condado de Maricopa, Arizona, Joe Arpaio, y varios gobiernos estatales han presentado documentos de apoyo a la ley. Entre los opositores a la enmienda están el gobierno mexicano, la Liga Antdifamación, la Asociación Estadounidense de Abogados Inmigrantes y la ciudad de Tucson.