Repsol inicia proceso para llevar a arbitraje la nacionalización de YPF
Repsol declaró la existencia de una controversia en la nacionalización de 51% de las acciones de su filial, YPF, por parte del gobierno de Argentina, con lo que inicia el proceso para llevar el caso ante un arbitraje internacional.
La petrolera española envió una carta a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, para notificarle sobre la controversia.
A partir de ahora empieza un plazo de seis meses para que ambas partes intenten llegar a un acuerdo antes de que Repsol presente definitivamente una demanda arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, de acuerdo con la empresa.
La nacionalización de YPF provocó un diferendo diplomático entre Argentina y España ; este último país acaba de dejar de importar biodiésel argentino como respuesta.
Con esta acción, Repsol busca que se declare ilícita la actuación de Argentina, lo que obligaría al país sudamericano a restaurar la situación o a indemnizar a la compañía española por los daños y perjuicios ocasionados.
Repsol, el mayor accionista de YPF, posee el 57.4% del capital, una participación que la compañía presidida por Antonio Brufau ha valorado en 10,500 millones de dólares.
El Gobierno de Cristina Fernández nacionalizó el 51% de YPF, lo que solo afecta a las acciones en manos de Repsol.
La petrolera española sostiene que esta operación vulnera los compromisos asumidos por el Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado entre España y Argentina, por lo que esta controversia debe dirimirse ante el Ciadi.
Este tipo de tratados contienen medidas para proteger internacionalmente los recursos de inversionistas de un país en el territorio de otro, para dar estabilidad a la inversión y reducir la incertidumbre política y jurídica.
En estos acuerdos, las naciones asumen compromisos de cierto trato a las inversiones procedentes de otro país y permiten dirimir discrepancias en un foro "más neutral" que el de los tribunales locales.
En el caso de YPF, Repsol entiende que Argentina ha violado las cláusulas que establecen que no se puede nacionalizar sus inversiones ni someterlas a medidas discriminatorias, salvo por causas de utilidad pública y con la contraprestación del pago de una indemnización "adecuada y sin demora".
El gobierno argentino justificó la nacionalización al asegurar que YPF era responsable de la caída de la producción de crudo y gas en el país, y lo que obligaba a Argentina a importar combustible para garantizar el abastecimiento.
Repsol sostiene que, previo al anuncio de expropiación, se sometió a YPF a diversas medidas para "erosionar o destruir su valor" como, por ejemplo, la confiscación de manera coordinada de diversas concesiones en distintas provincias del país.
La energética española recuerda que el 16 de abril se hizo efectiva la expropiación de YPF, mediante la "ilegítima" intervención de la compañía y la expulsión de sus directivos, sin observar las medidas de protección establecidas en sus estatutos y antes incluso de la promulgación formal de la Ley de Expropiación.
En cuanto al hecho de que la nacionalización solo afecte a las acciones de Repsol, la petrolera considera que pone de manifiesto que se trata de una medida "discriminatoria" y contraria al principio de "paridad de trato".
Recientemente, Repsol ha remitido cartas a algunos de sus competidores –como Exxon, Chevron o ConocoPhillips– para advertirles que emprenderá acciones legales en su contra en caso de que acuerden eventuales inversiones en YPF y hasta que se resuelva la situación con el Gobierno de Argentina.
Argentina alberga el tercer mayor reservorio mundial de hidrocarburos no convencionales, apenas superado por China y Estados Unidos, según un informe del Departamento de Energía estadounidense.
