"Muéstreme sus papeles", la constante en Arizona

La decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos de ratificar una parte de la controvertida ley de inmigración de Arizona presagia un "gigantesco" aumento en la vigilancia para un departamento de policía cuyo titular cuestiona si su dependencia podrá con la carga de trabajo.

Recientemente, ante una economía débil, el Departamento de Policía de Tucson tuvo que dejar ir a 160 agentes. Sin embargo, ahora debe prepararse para realizar unas 50,000 llamadas extras al año a funcionarios federales para verificar el estatus migratorio de personas detenidas y sospechosas de ser ilegales, dijo este martes el jefe policial Roberto Villaseñor. 

Otras dependencias reportaron "trabajo normal" tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia.

A 100 kilómetros de la frontera con México, el Departamento de Tucson podría gastar más de 10 millones de dólares al año por multas y encarcelamiento de unos 36,000 detenidos también sospechosos de ser inmigrantes ilegales, un aumento cercano al 7% respecto al presupuesto de 130 millones de dólares de la dependencia, dijo Villaseñor.

El jefe de la policía se pregunta si la agencia compuesta por 950 oficiales fue comprometida a una tarea "imposible". La ley estatal SB 1070 permite a los ciudadanos interponer una demanda en contra de este departamento u otros, en caso de que fracasen en aplicar las leyes federales migratorias, según el funcionario. 

"Solo para mi dependencia, esto será una enorme carga de trabajo; tan solo las llamadas y esperar una respuesta sobre qué hacer”, dijo el jefe de la policía de la segunda ciudad más grande de Arizona. 

"No estoy seguro de que el gobierno federal pueda hacerse cargo de todas las peticiones que recibirán", agregó Villaseñor. "No sé qué efecto tendrá esto en mi organización".

Este martes se cumplieron las primeras 24 horas de que las dependencias estatales y locales comenzaron a implementar la ley de inmigración estatal desde el fallo emitido por la Corte este lunes.

Otras dependencias involucradas preparan o entrenan a sus agentes para aplicar los controles obligatorios en materia de inmigración, dijo Amy Rezzonico, vocera de la oficina del secretario de Justicia de Arizona.

"Estoy muy segura de que habrá trabajo normal hasta cierto punto", consideró.

Ese fue el caso para más de 3,100 policías en Phoenix, la ciudad más grande del estado, ubicada a unos 250 kilómetros de la frontera. Un vocero del Departamento de Policía dijo este martes que no contaba con información inmediata proveniente de funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) acerca de los avances o resultados de los controles migratorios del día.

"Realmente no intentamos hacer un gran cambio respecto a lo que ya hacemos", dijo el vocero, el sargento Tommy Thompson. "Creo que existe una idea equivocada sobre que policías de Arizona saldrán a cazar gente que vive ilegalmente en Estados Unidos". 

"Tengo órdenes de hacer un intento razonable para contactar a ICE", dijo Thompson. "(La temperatura) es de 41 grados en Phoenix hoy. ¿Cuánto tiempo voy a estar en la orilla del camino con alguien (esperando una respuesta del ICE)? Es cuestión de minutos, 20 minutos tal vez, quizá 30 minutos".

Y mientras surgen inquietudes entre funcionarios como Villaseñor, el presidente Barack Obama y la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, se enfrentan acerca del impacto del fallo de este lunes, que si bien retiró algunas partes de la legislación, ratificó la disposición conocida como "muéstreme sus papeles".

El gobierno de Obama señaló que no permitirá  que las prioridades migratorias de Arizona se conviertan en las federales. Además, terminó con los acuerdos 28 con el estado, con los cuales pretendían una sociedad entre el Departamento de Seguridad Interior y dependencias locales, a las cuales se les delegaría autoridad en materia migratoria dentro de su jurisdicción.

Recientemente, el gobierno detuvo los procesos de deportación de inmigrantes indocumentados que cumplen con los requisitos del DREAM Act (Ley de Desarrollo y Educación de Menores Extranjeros, por sus siglas en inglés) y de esta manera dedicar esos recursos para deportar a quienes son considerados una amenaza mayor, como los criminales. 

La Casa Blanca destacó su trabajo en contra de delincuentes al anunciar un número récord de deportaciones el año pasado. 

Brewer denunció algunas de esas medidas implementadas por Obama y dijo que habrá demandas por la verificación de los estatus migratorios. "Ciertamente este no es el final de nuestro viaje".

La parte de la ley estatal validada por la Corte es de gran alcance, dijo un experto.

"Si lees el estatuto cuidadosamente, literalmente crea una obligación para todas las dependencias para determinar el estatus de las personas", dijo Marc Miller, vicedecano y profesor de Derecho en la Universidad de Arizona. "Al hacerlo un mandato y alinearlo con las advertencias de la Suprema Corte de Justicia, surge una pregunta extremadamente difícil para la policía y los alguaciles: ¿Nos preocupa la discriminación racial? Claro que sí".

Pero el mecanismo para la aplicación de la ley —como requerir la verificación migratoria, entre otras medidas en caso de "sospecha razonable" de inmigración ilegal—  es "confuso", dijo el analista jurídico de CNN, Jeffrey Toobin.

"En el mundo real, ¿qué significa tener una sospecha razonable de que alguien está aquí ilegalmente? ¿Qué debe hacer un policía?", cuestionó Toobin. “Cómo aplicarlo en el mundo real es una especie de misterio para mí".

Por lo menos dos alguaciles de Arizona dijeron que la ley no implicará un gran cambio para sus departamentos.

El sheriff del condado de Pima, Clarence Dupnik, dijo que sus ayudantes seguirán llamando a la Patrulla Fronteriza para determinar el estatus migratorio de una persona. Eso se traducirá en unos 100 casos al mes para la Patrulla, dijo. 

“Seguiremos trabajando como de costumbre”, afirmó Dupnik, quien ha sido alguacil durante 32 años.

Dupnik se opuso a la SB 1070 por considerar que si ésta hubiera sido ratificada completamente por tribunales federales causaría sobrepoblación en las cárceles y sobrecarga de trabajo.

"Lo más importante es cómo una dependencia policial elige aplicar la ley", dijo Dupnik. Por ejemplo, otros condados hacen redadas; no el suyo, aclaró.

"La policía no pidió esta ley", dijo Dupnik. "No necesita esta ley".

El alguacil del condado de Santa Cruz, Tony Estrada, dijo que la parte validada de la legislación representa un "cambio muy pequeño" para su dependencia. Su condado comparte una frontera de casi 80 kilómetros con México y es un importante pasillo para el tráfico de drogas e inmigrantes ilegales.

Sus 39 policías seguirán llamando a cualquiera de los 1,000 agentes de la Patrulla Fronteriza en su condado para verificar los estatus migratorios, dijo. "Nuestra preocupación es la percepción pública de lo que estamos haciendo", afirmó.

Teme que los latinos no pidan ayuda y que los testigos no se presenten, dijo Estrada. "Los hispanos nos mirarán un poco diferente y eso me preocupa".

Los comerciantes y habitantes de la comunidad latina expresaron su ansiedad y miedo entre la clientela y los vecinos.

El propietario de una taquería en Phoenix, Hector Manrique, dijo este martes que el negocio ha ido en picada desde que se propuso la ley, en 2010. Prevé que la situación empeore tras la resolución de la Suprema Corte.

"Es malo para la comunidad hispana", dijo Manrique, un mexicano que ha vivido en Phoenix desde 1990 y que se encarga de la Taquería Guadalajara desde el 2003. "Parecía que a todo el mundo se le olvidó esto por un rato y ahora, de repente, tengo amigos que me hablaron ayer y que tienen miedo porque tienen hijos, tienen una familia que mantener".

Kelly Ramírez, una mujer de 31 años originaria de Tucson, corredora de bienes raíces y propietaria de un negocio, dijo que muchos inmigrantes latinos no conocen los detalles de la ley, pero saben que algo ha cambiado.

"No pueden realmente analizarla, así que lo que harán es esconderse", dijo. "Habrá menos conversación, menos ayuda de las personas que a lo mejor no están haciendo nada malo, pero que saben de alguien que sí".

Russell Pearce, el exsenador estatal republicano que creó la SB 1070 y quien fue destituido de su cargo, dijo a CNN este martes que las acusaciones de posible discriminación racial eran "degradantes para la ley". 

“Un agente está entrenado para poner atención a las cosas que no encajan. Todo lo que este proyecto hace es permitirles hacer las preguntas que necesitan hacer”, dijo Pearce.

Laura Smith-Spark, Melissa Abbey y Kelly Andersen, de CNN, contribuyeron con este reporte