Human Rights Watch acusa a Hugo Chávez de asfixiar a sus críticos
La situación de derechos humanos y libertad de expresión en Venezuela ha empeorado desde 2008, debido a una serie de medidas que han contribuido a la "concentración y abuso de poder" del gobierno del presidente Hugo Chávez, advirtió este martes en un informe la organización humanitaria Human Rights Watch (HRW).
“La acumulación de poder en el Ejecutivo, la eliminación de las salvaguardas institucionales y la erosión de las garantías de los derechos humanos han dado al gobierno de Chávez carta blanca para intimidar, censurar y procesar a venezolanos que critican al presidente o frustran su agenda política”, afirmó la organización con sede en Nueva York.
Según el reporte Venezuela: Concentration and Abuse of Power Under Chávez, el presidente “desperdició una oportunidad histórica” para fortalecer la democracia y a cambio “la situación de derechos humanos en Venezuela se ha vuelto aún más precaria”.
La Asamblea Nacional, de mayoría chavista, amplió los poderes del mandatario para “limitar la libre expresión y castigar a sus críticos”, según HRW.
Mientras, el Tribunal Supremo ha rechazado “explícitamente” el concepto de la separación de poderes y la independencia jurídica y se ha volcado a promover la agenda política del mandatario, afirmó.
El Tribunal Supremo de Venezuela, que tiene nuevos integrantes desde 2010, todos afines a Chávez, desdeña la autoridad del sistema interamericano de derechos humanos, y con sus fallos ha “validado el desprecio del gobierno hacia las normas internacionales de los derechos humanos”, agregó el reporte.
No hubo de inmediato reacción del gobierno de Venezuela tras conocerse el reporte de HRW, pero Caracas no ha tenido una relación cordial con organismos de derechos humanos.
Chávez anunció en abril pasado que su país se retirará de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que acusó de ser “un mecanismo que usa Estados Unidos” contra Venezuela. Unos días antes, el gobierno venezolano arremetió contra la CIDH por su supuesta "parcialidad" contra Caracas, y advirtió que se plantea abandonarla si no cesa lo que llamó "denuncias infundadas" .
Desde 2002, Venezuela prohibió la entrada al país a la CIDH, porque supuestamente reconoció al gobierno de facto durante el golpe de Estado que sacó a Chávez del poder por 48 horas ese año.
El reporte de la organización puso como un ejemplo de abuso del arresto de la jueza María Lourdes Afiuni, quien fue encarcelada y acusada de "presunta comisión de abuso de autoridad, favorecimiento para la evasión y corrupción propia", luego de otorgarle la libertad condicional a un conocido crítico del gobierno que había estado preso durante tres años.
“La detención y el prolongado encarcelamiento de Afiuni han tenido un profundo impacto en otros jueces de tribunales inferiores, que temen que se inicien juicios penales en su contra si dictan sentencias que pudieran disgustar al gobierno de Chávez”, afirmó HRW.
Censura a medios de comunicación
El informe recuerda que en diciembre de 2010, la Asamblea Nacional impuso restricciones a la libertad de expresión, entre las cuales se incluye la prohibición de transmitir mensajes que “fomenten zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público”, argumento que el gobierno, según HRW, ha utilizado para ampliar su control sobre los medios de comunicación.
El objetivo de la ley aprobada es establecer la "responsabilidad social" de quienes prestan los servicios de televisión, radio e internet. La ley afecta a todos los textos, imágenes, sonidos o contexto enviados o recibidos en Venezuela
“El gobierno de Chávez ha utilizado sus facultades regulatorias para ampliar la cantidad de medios de comunicación estatales y favorables al gobierno”, según HRW.
Aunque Globovisión es “el único canal de amplia cobertura que aún mantiene una postura crítica de la actuación del presidente”, el gobierno inició procedimientos administrativos “ que podrían llevar a su suspensión o cierre” , advierte la organización.
Globovisión anunció el pasado 29 de junio que pagaría una multa, después de que el máximo tribunal del país ordenó la confiscación de sus bienes, tras un proceso que derivó de la cobertura de Globovisión de un enfrentamiento en la cárcel de El Rodeo II en junio y julio de 2011.
Pese a que medios como Globovisión critican fuertemente al gobierno, el temor a las represalias ha llevado a la autocensura, afirma el reporte.
