Miles de jóvenes migrantes inician el trámite contra la deportación en EU

Miles de jóvenes inmigrantes indocumentados se formaron el miércoles en largas filas en los centros de asistencia y las oficinas de abogados a lo largo de Estados Unidos para presentar sus solicitudes de entrada al programa de amnistía en contra de la deportación.

Están aprovechando uno de los mayores cambios en las políticas de inmigración que se han dado en años. A través de una orden ejecutiva del presidente Barack Obama, se permitirá a quienes entraron de manera ilegal al país durante su infancia quedarse en el país y trabajar sin temor de ser deportados, al menos durante dos años.

Una multitud se reunió en el Muelle de la Marina en Chicago el miércoles para recibir asistencia legal para rellenar los formularios. Nayeli Manzano, de 16 años, declaró para la filial de CNN, WLS-TV: “Pude aprender las costumbres y tradiciones y ahora estoy acostumbrada a vivir aquí”. Nayeli llegó a Estados Unidos desde México cuando era una niña y dice que se siente estadounidense. “Siento que soy una ciudadana”, dijo. “Lo único que me detiene es un papel”.

María, joven chilena se encontraba en un centro comunitario latino en Nueva York junto con otros inmigrantes indocumentados que se habían reunido allí para recibir asesoría legal previa a la entrega de los formularios que las autoridades efectuaron sorpresivamente un día antes de lo anunciado. María saltó de su asiento y gritó: “¡He hallado el formulario!”. Dicho formato, titulado Estudio de acción diferida para los llegados en la infancia, tenía fecha del 15 de agosto de 2012 y señalaba como fecha de vencimiento el 28 de febrero de 2013. María comenzó a llenarlo de inmediato mientras decía a un reportero que tenía miedo de revelar su apellido o los detalles de la travesía que la llevó a Estados Unidos, pero que se sentiría diferente cuando el formulario hubiera sido procesado y su estatus quedara garantizado.

Alejandro Mayorkas, director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, dijo que los solicitantes que no hayan cometido delitos graves pueden presentar su solicitud sin temor a ser deportados.

Los formularios se expidieron dos meses después de que la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Janet Napolitano, declarara que quienes hubieran llegado al país durante su infancia podrían solicitar ser tomados en cuenta para la acción diferida durante un lapso de dos años, sujeto a renovación, y podrían ser elegibles para obtener un permiso de trabajo previa autorización.

En un suburbio en el norte de Atlanta, David y Daniel Hernández escuchaban con mucha atención las instrucciones de su abogado. Llegaron a Estados Unidos con visas de turista hace aproximadamente 15 años, cuando David tenía tres años y Daniel apenas uno. Su madre, Salima Hernández, dijo que quería un mejor futuro y educación para sus hijos, que no le preocupaba su estatus legal hasta que se enteró de que sus hijos no podrían seguir con sus estudios si no contaban con una identificación oficial o un número de seguridad social.

David, quien ahora cursa el último año de preparatoria, y Daniel, estudiante de primer año de preparatoria, dicen que no eran conscientes de su estatus hasta hace un par de años, cuando comenzaron a hacer planes para ir a la universidad. “Sentí que al terminar la preparatoria no tendría a dónde ir”, dijo David a CNN. “Sentí que si esto no sucedía pronto terminaría regresando a México”. Confesó seguir preocupado por revelar su estatus a las autoridades federales al llenar la solicitud, aunque dice que vale la pena el riesgo. “Lo que venga en el futuro es mejor que lo que teníamos hace tres meses”, dijo.

Cerca de 1.7 millones de jóvenes podrían ser elegibles para el programa, de acuerdo con el Centro Hispano Pew, proyecto que se desprende del Centro de Estudios Pew.

Los contras del programa

El llamado Estudio de acción diferida para los llegados en la infancia fue creado en junio a raíz de la orden ejecutiva emitida por el presidente estadounidense Barack Obama.

Sin embargo, no hay garantías de que el programa sobreviva si Obama no resulta reelecto; el republicano Mitt Romney tendría el poder para revocar dicha orden. El programa tampoco garantiza a los solicitantes aceptados la obtención de beneficios públicos, lo que permitió que la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, emitiera una orden ejecutiva el miércoles en la que ordena a las agencias estatales negar los beneficios, entre ellos, las licencias de manejo, a los beneficiarios de la acción diferida.

En la orden ejecutiva estatal se puede leer: “El programa no provee beneficio público alguno a los extranjeros que se encuentran en el país ilegalmente fuera de la prórroga en la aplicación de las leyes de inmigración de Estados Unidos y de la posible obtención de un permiso de trabajo”. En el texto también se señala que otorgar prestaciones a los beneficiarios de la acción diferida tendría “consecuencias significativas y duraderas” sobre el presupuesto de Arizona, el sistema de salud y otras prestaciones pagadas con las aportaciones de los contribuyentes.

La orden emitida por Brewer recibió al instante las críticas de quienes apoyan la reforma migratoria y el DREAM Act, con la que se proporcionaría un estatus legal temporal a los jóvenes inmigrantes ilegales que se hayan graduado de la preparatoria y deseen asistir a la universidad o unirse a las fuerzas armadas, y en algún momento podrían obtener la residencia permanente o la ciudadanía.

“La gobernadora Brewer está atacando directamente a los niños y jóvenes inmigrantes que fueron traídos a Estados Unidos sin culpa alguna”, señaló la Coalición por el DREAM Act de Arizona.

El grupo organizó una marcha hacia el Capitolio del estado este miércoles; llevaban un estandarte en el que se leía: “El DREAM Act ya”.

Al firmar la orden de acción diferida, Obama señaló que los cambios harían a la política migratoria “más justa, más eficiente y más equitativa”. Los cambios en la volátil política migratoria recibieron el elogio de los líderes latinos toda vez que los republicanos se mostraron indignados y se quejaron de que la maniobra se acercaba a la amnistía, palabra con connotación negativa entre los conservadores, y usurpaba la autoridad del Congreso. Obama aclaró que “no es una amnistía. No es inmunidad. No es una vía a la ciudadanía ni es algo permanente. Es una medida provisional”.

Mayorkas reiteró el martes que la acción diferida no otorga estatus legal o un atajo hacia la residencia permanente o la ciudadanía. Dijo que los costos del programa se cubrirán mediante el pago de una cuota de 465 dólares por solicitud, costo que cubre una revisión biométrica y la emisión de una autorización segura de trabajo y añadió que se examinará cuidadosamente cada solicitud para evitar fraudes.

Solo una oportunidad

Ana Ramírez cuenta que a ella y a su hermana, Juana, sus padres las llevaron sin documentos a Estados Unidos hace muchos años cuando eran muy pequeñas. Mientras rellenaban las solicitudes del programa en un suburbio de Atlanta, Juana aseguraba que no había tenido alternativa a llegar al país.

El abogado Charles Kuck señaló que los jóvenes inmigrantes solo desean vivir sin temor a ser deportados. “Están obteniendo dos cosas de este programa: una, la promesa de no ser deportados durante dos años; y dos, un permiso de trabajo”, aseveró Kuck. “A cambio, el gobierno federal está logrando que alrededor de un millón de chicos se registren, den sus datos biográficos y los de sus familias y proporcionen su fotografía”.

Instó a quienes deseen presentar su solicitud a asesorarse con un abogado. “El gobierno ha sido muy claro: no habrá apelaciones ni mociones para revisión”, dijo. “Sólo hay una oportunidad”.

Al anunciar el programa, Obama hizo notar que los hijos de los inmigrantes ilegales “estudian en nuestras escuelas, juegan en nuestros vecindarios, hacen amistad con nuestros hijos, honran a nuestra bandera. No tiene sentido expulsar a los jóvenes talentosos que, para todos los fines y propósitos, son estadounidenses”. El presidente declaró que el cambio en la política “es lo correcto”.

Bajo las nuevas políticas, las personas menores de 30 años que hayan llegado a Estados Unidos antes de los 16 años, que no representen amenaza alguna a la seguridad y que hayan sido estudiantes exitosos, o que hayan servido en las fuerzas armadas, podrán obtener una prórroga a la deportación por dos años y solicitar permisos de trabajo. Los participantes deberán comprobar que han vivido en el país de forma continua durante al menos cinco años. El cambio es parte de los esfuerzos que realiza el departamento para enfocar los recursos en los inmigrantes ilegales que representan una amenaza mayor, como los criminales y los que en estos momentos intentan entrar en el país, dijo Napolitano. La medida responde a la inquietud de la comunidad latina e incluye algunas de las disposiciones del DREAM Act, la cual no logró conseguir suficiente respaldo republicano para obtener la aprobación del Congreso. El nombre DREAM es el acrónimo de Desarrollo, Asistencia y Educación para los Menores Extranjeros, por sus siglas en inglés.

Obama ha sido criticado por los líderes latinos por el incremento general en el número de deportaciones de inmigrantes indocumentados que se ha dado en los últimos años. El año pasado, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU expulsó a 396,906 inmigrantes ilegales, el mayor número en la historia de la dependencia.

Obama y Napolitano han pedido al Congreso aprobar el DREAM Act, la cual llevaría al rango de legislación las medidas similares que permitirían que los hijos de inmigrantes ilegales sigan viviendo y trabajando en el país.

Los republicanos que obstruyeron los intentos demócratas para cambiar las leyes de inmigración han condenado la medida, y algunos la consideran una maniobra para eludir la oposición del Congreso.

El diputado de Iowa, Steve King, enemigo republicano de las propuestas demócratas sobre inmigración, amenazó en junio que presentaría una demanda para evitar que Obama “implemente su política inconstitucional e ilegal”.

La senadora republicana de Carolina del Sur, Lindsay Graham describió la decisión como “la clásica maniobra de Barack Obama de elegir a la política sobre el liderazgo” y el director del Comité Judicial del Congreso, Lamar Smith (republicano por Texas) dijo que el cambio era “la decisión de otorgar amnistía a millones de inmigrantes ilegales en potencia”. Otros pronosticaron que la medida hará más difícil el ya de por sí escaso mercado laboral para los jóvenes estadounidenses. Sin embargo, el senador demócrata por Illinois, Dick Durbin, quien patrocinó el DREAM Act, dijo que la medida “dará a estos jóvenes inmigrantes la oportunidad de salir de las sombras y ser parte del único país al que han considerado su hogar”.

El virtual candidato presidencial republicano, Mitt Romney, dijo en junio que el asunto necesita una acción más sustancial que una orden ejecutiva, la cual puede ser reemplazada por el siguiente presidente.

Romney dijo que de ser presidente, buscaría brindar “certidumbre y claridad a las personas que llegan a este país por causas ajenas a su voluntad, en virtud de las acciones de sus padres”.

Los latinos constituyen la población migrante de más rápido crecimiento en el país; el voto latino es considerado un bloque crucial para la elección presidencial de noviembre.

La vocera de uno de los más importantes grupos latinos, el Consejo Nacional de La Raza, alabó la medida del gobierno. “En vista de la apatía del Congreso ante la reforma migratoria, este es el paso correcto que debe tomar el gobierno en este momento”, dijo en junio la vocera del CNLR, Laura Vázquez.