Nuevas batallas legales aguardan a la aplicación de la ley de Arizona

Un capitulo legal se cierra ahora que una juez federal levantó el amparo en contra de la disposición conocida como Muéstreme sus papeles , incluida en la dura ley de inmigración de Arizona; analistas y abogados afirman que la batalla legal no ha terminado, simplemente cambiará de rumbo.

La implementación de la ley agudizará la delicada relación entre la policía, que debe aplicar la ley, y los latinos que alegan que la ley llevará inevitablemente a la discriminación racial. Los defensores de los latinos se han dedicado a vigilar los arrestos que lleva a cabo la policía ya que las cortes solicitaron evidencia de tal discriminación.

La controvertida disposición autoriza a la policía local, además de vigilar el cumplimiento de otras leyes estatales, a verificar la situación migratoria de las personas que sean detenidas por cualquier razón. La juez federal de Arizona explicó esta semana que basó su decisión en el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en el que se reafirma la disposición.

En las comunidades hispanas del estado, que según los grupos de defensa componen la mayoría de los inmigrantes del estado, ya iniciaron las campañas para informar al público y la vigilancia de las actividades de la policía.

“Ya estamos en eso”, declaró Isabel García, directora adjunta de la Coalición de Derechos Humanos, organización de defensa de derechos civiles con sede en Tucson, que se opone a la polémica ley. “Creamos una línea de asistencia llamada ‘Yo soy testigo’. No damos crédito a la cantidad de llamadas que hemos recibido”, relató García.

Mientras tanto, el escenario está listo para proseguir con la batalla entre los gobiernos estatal y federal sobre la aplicación de la ley; el Departamento de Seguridad Nacional reiteró esta semana que sólo atenderá las solicitudes de control de inmigración en los casos prioritarios, como aquellos en los que estén involucrados criminales convictos.

La ejecución del fallo que emitió la juez de distrito, Susan R. Bolton, en el que se ordena el levantamiento del amparo podría ocasionar debates legales adicionales. Ambas partes tienen un plazo de 10 días para darse por enterados del fallo con el que se levantó el amparo aunque pueden no estar de acuerdo en la forma de ejecución de la disposición, señaló Thomas Sáenz, presidente y consejero general del Fondo Mexicano Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF), una de las partes que se opone a la ley. MALDEF y los abogados involucrados en el caso no han decidido si impugnarán el fallo de la juez, indicó Sáenz, quien agregó que la batalla legal será larga y difícil.

En otro caso que también transcurre en Arizona, el MALDEF y la Unión Americana de Libertades Civiles de Arizona esperan el fallo de un juez federal sobre la demanda colectiva que presentaron en contra del sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, y su equipo, quienes están acusados de discriminación racial contra de los latinos.

Arpaio ha rechazado tales acusaciones . Sáenz señaló que “Arpaio es un ejemplo de lo que sucederá en el estado si se implementa la disposición Muéstreme sus papeles.

Mientras esto ocurre, el número de revisiones migratorias solicitadas por la policía local de Arizona ha ido a la baja durante los últimos tres años, reveló la vocera del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Amber Cargile, quien informó que el ICE sólo responde a las solicitudes de la policía local pueden ser consideradas como prioridad federal, como los casos que involucran a criminales extranjeros, a quienes representen una amenaza a la seguridad pública, quienes hayan cruzado la frontera recientemente y a los inmigrantes que entren al país de forma ilegal por segunda vez.

Las 61 solicitudes emitidas en junio por las agencias policiales locales resultaron en el arresto de 151 personas bajo cargos de violación de las leyes migratorias; en julio hubo 35 solicitudes que resultaron en 85 arrestos y en agosto se registraron 65 detenciones, informó Cargile.

“Estamos presenciando una tendencia a la baja”, señaló Cargile. “Esto ha sido constante a lo largo de los últimos tres años. Los cateos en casas clandestinas en Phoenix han disminuido considerablemente y los arrestos a cargo de la Patrulla Fronteriza, indicador clave de la inmigración ilegal, han disminuido significativamente”.

Una vez que el amparo sea levantado de manera oficial, el gobierno de Arizona deberá decidir cuándo iniciará la aplicación de la disposición, indicó Doris Meissner, becaria del Instituto de Políticas Migratorias, grupo de estudios sin filiación partidista con sede en Washington. Meissner señaló que Arizona podría esperar un tiempo antes de implementar la disposición para capacitar y asesorar a sus corporaciones policiales.

Salvo que los opositores a la ley soliciten un amparo de emergencia en contra de la disposición, la aplicación de esta es solo cuestión de tiempo. Una vez que entre en vigor, señaló Meissner, se espera que cambie la estrategia de quienes se oponen a esta ley. Desde el momento en que entre en vigor, los opositores se dedicarán a vigilar su aplicación, agregó. Es ahí donde estriba el nuevo reto.

En resumen, la resolución de Bolton determina que, en vista del fallo de la Suprema Corte, la disposición no puede ser bloqueada bajo especulaciones de discriminación. Debe haber evidencia de discriminación racial para que la ley pueda ser bloqueada. Meissner señaló que “no se puede hacer solo en teoría. Se debe contar con el testimonio de una persona o personas que crean haber sido víctimas de discriminación”. Sin embargo, esos casos no son fáciles de ganar, admitió Marshall Fitz, director de políticas migratorias en el Centro de Progreso Americano, centro liberal de estudios en políticas públicas. Agregó que tratar de comprobar ante la corte un caso de discriminación racial se vuelve una batalla de argumentos entre las víctimas y la policía. “Por un lado está la historia y por otro la respuesta que darán los policías”, señaló Fitz. “No es imposible, pero cualquier litigante te dirá que el camino es cuesta arriba”.

La aplicación de la disposición Muéstreme sus papeles desencadenará un proceso que durará años en el que los litigantes y activistas reunirán evidencia para convencer a la corte de que efectivamente existe la discriminación racial.

Tras el fallo emitido esta semana, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer negó que la ley fuera discriminatoria. “Como ya he dicho, no basta con que esta ley se aplique. Debe ser aplicada de manera eficiente, efectiva y en armonía con la Constitución y los derechos civiles. No dudo que los representantes de la ley en Arizona estén dispuestos a cumplir con la misión que les espera”, afirmó.

A pesar de su aplicación, la ley podría no arrojar los resultados esperados por sus promotores. El gobierno de Obama ha implementado una política para retirar solo a ciertos grupos de inmigrantes indocumentados, como es el caso de los criminales convictos. Aunque la policía de Arizona inunde el ICE con solicitudes, la agencia solo responderá a aquellas que cumplan con los requisitos, señaló Cargile.

“Como hemos subrayado anteriormente, las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en Arizona han recibido instrucciones de no responder a las solicitudes de aplicación de la ley de inmigración efectuadas por la policía estatal y local a menos que el individuo o individuos involucrados se encuentren entre las prioridades del DHS”, indicó. Sin embargo, el departamento continuará con la verificación de la situación migratoria de una persona a solicitud de las autoridades.