Una masacre en Colombia revive el temor de la violencia paramilitar
El gobierno colombiano se encuentra frente al desafío de resolver el caso de una masacre ocurrida este miércoles por la noche cuando hombres armados asesinaron a 10 campesinos en Antioquia, situación que pone en alerta a las autoridades ante una escalada de violencia similar al terrorismo paramilitar que vivió el país en la década pasada.
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, convocó este viernes a un consejo extraordinario de seguridad para analizar el caso, y en previsión a que vuelvan a brotar las matanzas que fueron el modus operandi de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), los grupos paramilitares desmovilizados en el gobierno de Álvaro Uribe.
Este miércoles por la noche, nueve hombres y una mujer, todos de origen campesino, fueron asesinados por desconocidos cuando terminaron su jornada laboral en la finca La España, del municipio de Santa Rosa de Osos, departamento de Antioquia.
De acuerdo con las primeras indagatorias, tres individuos irrumpieron en la granja, y tras retener a los trabajadores, les arrojaron una granada de mano y rematarlos con disparos de armas de fuego. Un joven logró sobrevivir cuando los agresores lo daban por muerto, pero se encuentra gravemente herido.
"Esto es el infierno", fueron las palabras que le dirigió el secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño, al gobernador del departamento, Sergio Fajardo, cuando llegó al lugar en la mañana del jueves y se encontró con la entrada de una casa ensangrentada.
"Se sabe que anoche asesinaron a diez personas con la lógica de la masacre", declaró el ministro Pinzón el jueves. "Precisamente este año tenemos el número más bajo de masacres de toda la década, pero el hecho de que se presente ésta nos parece de la mayor gravedad".
Las autoridades apuntan a que los responsables fueron miembros de la banda criminal Los Rastrojos, una de las organizaciones armadas dedicadas al narcotráfico y la extorsión y que surgieron tras la disolución de las AUC, ocurrida en 2006 entre un acuerdo de los paramilitares con el gobierno de Uribe.
Tras difundirse la noticia por el país, el ministro Pinzón confirmó que en esa región fue capturado en los días anteriores un hombre conocido como alias 18, el presunto jefe de Los Rastrojos, por lo que dijo que no descartaba que la captura estuviera relacionada con el crimen de los campesinos.
El gobierno también hizo pública una recompensa de 50 millones de pesos (unos 27,500 dólares) por información que lleve a la captura de los responsables.
Sin embargo, en Santa Rosa de Osos circula una versión diferente a la de las autoridades, pues se afirma que Los Ratrojos habrían cometido los homicidios en venganza por una extorsión que no fue cumplida por el propietario de la finca, según testimonios de los aterrorizados campesinos.
Al parecer, el propietario de La España es dueño de otras fincas donde trabajan muchos campesinos, lo que corresponde con una declaración del gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, quien afirmó a la prensa local que Los Rastrojos y Los Urabeños, la otra banda con presencia en la región, mantienen enfrentamientos por el control de ese territorio para sus actividades del tráfico de drogas y la extorsión.
El municipio donde ocurrió la matanza se encuentra en una región en la que históricamente han tenido gran presencia los paramilitares y donde, tras la desmovilización de las AUC, tomaron mucha fuerza las bacrim, o bandas del crimen organizado, uno de los principales problemas de seguridad que enfrenta el presidente Juan Manuel Santos.
Ante la situación, el representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, advirtió que la masacre es "un grave peligro" para el futuro del país, y pidió la procuración de justicia del gobierno para que masacres como la de Santa Rosa de Osos no se repitan.
"Asesinar campesinos para enviar un mensaje a otras personas reviste un grave peligro para los derechos humanos y para el futuro del país", dijo Howland en un comunicado de prensa.
A su vez, El defensor del pueblo de Colombia, Jorge Armando Otálora, advirtió de un posible desplazamiento de campesinos en la región de Antioquia, y pidió al Gobierno medidas "para proteger la vida" de los habitantes ante la presencia de grupos neoparamilitares.
Otálora pidió que el gobierno tome medidas urgentes para prevenir las situaciones como esta, que surgen “a raíz de los enfrentamientos que libran Los Rastrojos y Los Urabeños por el control criminal de la zona apelando al narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión", según advirtió en un comunicado.
A finales de diciembre del año pasado, estos grupos paralizaron todo el norte de Colombia mediante un desafiante paro armado que duró varios días ante la presencia del gobierno, las fuerzas de seguridad y los ciudadanos.
Mientras este viernes los familiares entierran a los campesinos asesinados en “la masacre de la tomatera", por haberse producido en una finca dedicada al cultivo de tomates de árbol, el país espera los resultados de las autoridades para hacer justicia en la matanza más grave ocurrida en Colombia en los últimos años.
