México aguarda el proceso uruguayo sobre la regulación de la marihuana

A pesar de las diferencias de los mercados de la droga y del contexto de cada país, México debería tomar nota del debate legislativo que se desarrolla en Uruguay sobre la legalización de la marihuana, de acuerdo con organizaciones internacionales consultadas por CNNMéxico.

Estas instituciones sostienen que en México aún no puede pensarse en un mercado regulado de la marihuana mientras que Uruguay es el país ideal para ello.   

El Congreso mexicano debate una iniciativa para legalizar el consumo recreativo de marihuana. El proyecto, presentado a mediados de noviembre por el diputado Fernando Belaunzarán, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), permite el autocultivo de hasta cinco plantas de marihuana y establece la entrega de licencias a distribuidores de marihuana con controles a través de la Secretaría de Salud. Se presentó una semana después de que los estados de Colorado y Washington aprobaran la creación de un mercado regulado de marihuana el 6 de noviembre.

“Nos parece bien que en México se debata este tema a nivel federal, pero esta iniciativa está hecha muy al vapor”, dijo en entrevista con CNNMéxico Jorge Hernández Tinajero, miembro del Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas (Cuphid). “Nosotros hablamos con el legislador que presentó la iniciativa y es consciente de las imperfecciones que tiene. Pero se quería aprovechar este momento internacional”.

No es la primera vez que México debate algo así. De acuerdo con Cuphid, ya ha habido cinco iniciativas que establecían algún tipo de regulación del mercado de marihuana a estudio del Congreso mexicano y otras dos más a nivel federal. Aunque ninguna de ellas ha sido exitosa.

“A pesar de que incluye el autocultivo y parte del espíritu de lo que está sucediendo en Uruguay, creo que este proyecto no considera factores muy importantes. Si no regulamos con precisión quién puede acceder a esos mercados y de qué manera, cómo evitar la comercialización directa de los productos, entre otros temas, estamos entrando en una zona en la que podemos perder mucho de lo que hemos avanzado. Y no existe un consenso como en Uruguay sobre la necesidad de legislar en este sentido”, dijo Hernández Tinajero.

Encuestas oficiales estiman entre 50,000 y 75,000 el mercado de consumidores de marihuana en la Ciudad de México. De acuerdo con un estudio presentado en octubre por el equipo jurídico del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y del Colectivo de Estudios de Drogas y Derecho (CEDD), el 78.9% de los delitos contra la salud presentados en 2010 ante el Ministerio Público se referían a delitos de posesión y consumo de drogas. La investigación señala que en el 80.7% de las sentencias dictadas a nivel federal no se había cometido otro delito que el de consumo o posesión de drogas. Así, señala el estudio, las personas más comúnmente apresadas a nivel federal son consumidores o narcomenudistas de bajo perfil.

“Hoy existe un uso poco eficiente y racional de los recursos policiales en México”, dijo a CNNMéxico Catalina Pérez Correa, una de las autoras del estudio. “Cada detención por posesión o consumo, cada averiguación previa por estas conductas es una averiguación que no se hace para otros delitos. Es un homicidio o un secuestro que no se investiga. Los recursos del Estado son limitados. Tener a una persona en una prisión estatal nos cuesta en promedio 167 pesos al día”. 

El debate que se abre nuevamente en el Congreso mexicano llega en un momento crítico a nivel internacional. El 12 de noviembre, los presidentes de México, Guatemala, Honduras, Belice y Costa Rica solicitaron a la Organización de Estados Americanos (OEA) un estudio exhaustivo de lo que implicaría la legalización de la marihuana. Ya durante su intervención ante la ONU en septiembre, el presidente Felipe Calderón había pedido un debate serio acerca de la actual política prohibicionista sobre las drogas.

El proyecto llega también en plena transición de mando. El presidente electo, Enrique Peña Nieto, ya dijo esta semana durante su reciente visita a Washington que está en contra de la legalización de las drogas. “Personalmente, no estoy a favor de la legalización de las drogas y no lo estoy porque no se trata sólo de legalizar la marihuana, me parece que esa es la puerta a que eventualmente sectores de la población puedan llegar a consumos muchos más dañinos”, dijo en entrevista con CNN al periodista Wolf Blitzer . Aunque habló de la necesidad de un debate sobre la actual política, especialmente tras la decisión de Colorado y Washington. 

“Para México es muy difícil intentar regular la existencia de un mercado recreativo de marihuana porque las presiones internacionales en ese sentido todavía no han dejado de existir”, dijo Hernández Tinajero. “Lo último que va a querer hacer el nuevo gobierno es entrar en un conflicto frontal con Estados Unidos. Creo que van a utilizar los canales más diplomáticos y menos en términos de rebeldía que como lo han hecho otros países como Uruguay”.

El camino de la rebeldía

“Uruguay es el país ideal para hacer este tipo de proyecto”, dijo a CNNMéxico Coletta Youngers, directora de la organización The Washington Office on Latin America (WOLA). “Es un país muy pequeño, aislado, la mitad de la población está en la capital, tiene instituciones relativamente sólidas, con niveles de corrupción bajos. Es una buena idea comenzar aquí para ver cómo funciona y poder aprender de la experiencia”.

En junio el presidente uruguayo José Mujica anunció públicamente la intención del Estado de crear un mercado estatal y regulado de marihuana. Pero de cómo esto sucedería poco se sabía. En agosto el Ejecutivo envió al Parlamento uruguayo un proyecto de ley con un único artículo: “El estado asumirá el control y regulación de las actividades de importación, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización, y distribución de marihuana o sus derivados”. Se trataba de una especie de declaración de intenciones que poco aclaraba acerca de qué forma se crearía el mercado regulado y estatal de marihuana. 

El 15 de noviembre, entró a consideración de la comisión de Adicciones de la Cámara de Diputados (Cámara baja) un proyecto aprobado por la bancada de legisladores del Frente Amplio (de izquierda y partido que actualmente está en el gobierno). Se trata de 37 artículos mediante los cuales se permite la venta de hasta 40 gramos de cannabis por persona y la plantación de hasta seis plantas en el caso del autocultivo. También se permite el uso de marihuana con fines medicinales y se habilita la instalación de clubes de membresía de hasta 10 o 15 integrantes, que podrán producir hasta 7,200 gramos de marihuana anuales.

El proyecto, al que accedió CNNMéxico, crea el Instituto Nacional del Cannabis (INCA), que estaría encargado de distribuir las licencias de producción tanto a públicos como a privados y que, además controlará el correcto desarrollo de la política. El organismo estará dirigido por autoridades estatales y también por organizaciones vinculadas al consumo de marihuana.

Se plantea la creación una comisión que anualmente redactará un informe a la Asamblea General (la unión de ambas cámaras parlamentarias). Quienes distribuyan marihuana por fuera de este esquema estatal recibirán penas que van desde los 20 meses hasta los 10 años de prisión, y se establecen multas económicas para quienes infrinjan las normas en cuanto a las licencias.

“El mayor punto débil de este proyecto es cómo crear sistemas que no solo sean eficaces en términos de satisfacer al mercado sino que eviten el surgimiento de un mercado negro”, dijo Youngers. “Hay que asegurar que los precios oficiales no dejan abierta la posibilidad de que surjan precios más baratos. Para eso lo clave es ir evaluando todo el tiempo e irlo ajustando cuando sea necesario”.

El Estado uruguayo creará un registro de consumidores, plantadores y clubes de membresía. Y también llevará a cabo programas de salud y de educación para prevenir el consumo de cannabis. No se permitirá fumar marihuana en locales públicos cerrados ni realizar publicidad de la droga.

En cualquier caso, todavía no está claro si la iniciativa se aprobará. La bancada oficialista, que cuenta con mayoría parlamentaria, estima sancionar el proyecto en la Cámara baja antes de fin de año, de manera que en 2013 continúe el debate en la Cámara de Senadores (Cámara alta). Ya dos diputados del partido de gobierno anunciaron que no votarían el proyecto como está redactado.

“Esto será un proceso lento”, vaticinó Youngers. “Incluso una vez aprobado, seguramente se demore un año en la reglamentación, en poner en función el INCA, entonces no vamos a ver cambios de hoy a mañana. Pero está resurgiendo el debate en América Latina”.

Argentina discutió este año una ley que despenalizaba la tenencia de drogas para consumo personal y permitía el autocultivo de marihuana, aunque el proyecto naufragó. La reforma constitucional de Ecuador, aprobada en 2008, establece que el consumo de drogas es un asunto de salud pública, y no criminal. Bolivia ha defendido el uso tradicional de la hoja de coca frente a la Convención Única de Estupefacientes de la ONU. Brasil discute iniciativas parlamentarias que establecen una regulación del mercado de marihuana.

“Lo que vemos en la región es una tendencia hacia reformas en políticas de drogas que sean menos represivas y más orientadas a tratar el problema desde una perspectiva de salud, de manera de enfocar los recursos en cómo enfrentar al crimen organizado. Eso es el reto para la región”, dijo Youngers.