La batalla de la ley de medios argentina, ¿antimonopolio o sobrelimitante?
El 10 de octubre de 2009, se aprobó en Argentina la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual con la que el gobierno de Cristina Fernández inició un proceso en contra de la concentración de medios de comunicación, pero al mismo tiempo se desató una pugna jurídica y política con el mayor consorcio del país.
La iniciativa presidencial que fue aprobada por el Congreso se puso como meta que el país tuviera un panorama de medios desconcentrado, que se generara competencia, abaratamiento del acceso a las señales, aprovechamiento de nuevas tecnologías, y “democratización y universalización”, palabras expuestas en la ley de medios que sustituyó a la de 1980 de la dictadura militar.
Para muchos en el país, la nueva legislación llevaba una dedicatoria al Grupo Clarín, un conglomerado de emisoras de televisión, radio, distribuidoras de señales por cable, y con uno de los periódicos de mayor circulación del país, Clarín, al que el gobierno señala en su portal —sin nombrarlo— de poseer el 73.3% de las licencias de medios actualmente.
Desde entonces, se han sucedido los episodios jurídicos, con el intento del gobierno de Fernández para el cumplimiento de la ley y las suspensiones judiciales conseguidas por el Grupo Clarín para evitar la fragmentación, llamada “desinversión” en el país, a la que obliga la legislación.
La fecha límite para que fuera aplicada la desconcentración era este 7 de diciembre (conocido como 7D), sin embargo, el Grupo Clarín obtuvo una medida cautelar emitida por la Sala 1 de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal la cual suspende la aplicación de los artículos 45 y 161 —impugnados en tribunales de primera instancia— y que este viernes el gobierno ha solicitado que sea la Corte Suprema la que emita una sentencia definitiva.
El artículo 45 establece los límites de licencias que puede poseer una sola compañía en todo el país: una licencia de servicio de comunicación audiovisual con origen satelital; hasta 10 señales sonoras, de televisión abierta o cable y hasta 24 licencias de radiodifusión por suscripción.
El objetivo que se fija el gobierno es que nadie pueda abarcar más del 35% del mercado en cobertura de televisión, y un igual porcentaje de los suscriptores de cable del país, medida que afecta mayoritariamente al Grupo Clarín
El otro artículo impugnado es el 161, el cual marca los procedimientos para desintegrar a las compañías que no hayan dividido sus concentraciones de medios con los límites que marca el artículo 45, y que hasta ahora sólo el Grupo Clarín es quien se ha negado a hacerlo por la vía jurídica.
El exsecretario de Comunicaciones argentino Henoch Aguiar explicó que es hasta este viernes la fecha en que los medios tienen que presentar sus planes de “desinversión” ante el gobierno de forma voluntaria en un plazo de 120 días, y tienen otros 180 más para finalmente quedar divididos.
“Cada grupo deberá adecuarse en aquello en donde le aprieta el zapato. Pero es cierto que el 7D sólo impacta en el Grupo Clarín, que tiene la medida cautelar, y no en los demás que deberían iniciar el proceso de desinversión”, dijo Aguiar en entrevista con CNN en Español.
Pese a que el objetivo de la ley es combatir los monopolios y concentraciones, Aguiar asegura que la ley pude prestarse a un aparente cumplimiento, como en el caso del Grupo Supercanal, que ha acatado la nueva ley dividiendo las compañías entre familiares, lo que genera sólo un cambio aparente.
“Es cierto que cada empresa será diferente, y que quizá con el tiempo tome un rumbo editorial diferente, pero la verdad es que no hay un cambio notable en la titularidad de los medios”, crítica el exsecretario.
La confrontación que ha escalado peldaños fuera de lo jurídico para convertirse en una disputa política en la que las autoridades judiciales se han visto atrapadas en el medio.
Por una parte el ministro de Defensa argentino, Julio Alak, acusó al Tribunal de Justicia de provocar “un alzamiento contra una ley de la nación y una burla a la voluntad popular” y generar "un conflicto de poderes” entre el gobierno y la corte.
En tanto que el Grupo Clarín reaccionó con un comunicado en su sitio de internet en el que afirma que la "única denegación de justicia, reconocida expresamente por la Corte Suprema, es la que está viviendo el Grupo Clarín, que tiene derecho a una sentencia de fondo o una prórroga de cautelar de manera urgente, tal como lo estableció el Máximo Tribunal”, se lee en el documento.
A su vez, Martín Sabbatellam, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y crítico de la actuación de la compañía, dijo que "la justicia argentina no está preparada para pelear con las corporaciones porque gran parte está colonizada por esas mismas corporaciones", refiriéndose a la decisión del jueves que protege al Grupo Clarín.
Por ello el gobierno presentó este viernes un recurso judicial llamado “per saltum” en la que pide a la Corte Suprema que dictamine la validez de la medida cautelar que suspende la aplicación, pues afirma que hay un proceso “viciado” al contraponerse a la decisión de la misma corte que puso al 7D como fecha límite, reportó la agencia EFE.
La presidenta Fernández ha ido más allá de la disputa al denunciar que Clarín alienta las protestas masivas que ha enfrentado el gobierno en los últimos meses, entre ellas una huelga general en noviembre, y también por anuncios televisivos del conflicto de la ley de medios.
La confrontación judicial que continúa entre el gobierno y el Grupo Clarín, uno de los mayores medios críticos de la administración de Fernández, podría finalizar dentro de los próximos tres o cuatro meses, prevé el exsecretario Aguiar.
Desde el exterior, el presidente de la misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) viajó este miércoles a Argentina en la que aseguró busca determinar si el gobierno pone “en juego la libertad de expresión y prensa”, y ha rechazado los señalamientos de que busca “defender al Grupo Clarín”, como el mismo dijo en declaraciones recogidas por EFE.