Gobierno argentino gana batalla contra el Grupo Clarín sobre ley de medios
Un juez argentino declaró constitucional el artículo 161 de la Ley de Medios Audiovisuales que había sido objetado por el Grupo Clarín, el principal complejo mediático en el país, desde hace tres años.
A través de un documento de 62 páginas, el juez federal civil Horacio Alfonso rechazó este viernes la acción de inconstitucionalidad promovida por el Grupo Clarín y señaló que con la aplicación del artículo “no se vislumbra afectación a la libertad de expresión”, informó Télam, la agencia gubernamental argentina de noticias.
El inicio del conflicto entre el Grupo Clarín y el gobierno argentino comenzó con la creación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009 que dispuso terminar con la formación de monopolios y oligopolios, y puso límites a la concentración, fijando topes a la cantidad de licencias por tipo de medio.
Un mismo concesionario solo puede tener una licencia de servicio de comunicación audiovisual sobre soporte satelital; hasta 10 señales sonoras, de televisión abierta o cable y hasta 24 licencias de radiodifusión por suscripción.
El Grupo Clarín debería desprenderse de más de 200 licencias de televisión por cable, donde posee el 58,61 % de los abonados y también desinvertir en radio y televisión analógica, según un informe de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina (Afsca), citado por la agencia EFE.
"Estamos muy contentos, se hizo justicia", dijo el titular de la Afsca, Martín Sabbatella minutos después de haber recibido la noticia sobre el fallo, de acuerdo con Télam.
“Fue una barbaridad que una ley de la democracia esté frenada durante tres años por presiones de las corporaciones. Nuestra democracia necesita de la aplicación integral de la ley”, informó la agencia.
El Grupo Clarín es dueño de los principales operadores de cable del país, del diario más vendido, de algunas de las radios más escuchadas y de un importante canal de televisión, entre otros medios.
La ley contempla la regulación de los servicios de comunicación audiovisua l en todo el ámbito territorial de Argentina y el desarrollo de mecanismos destinados a promover, desconcentrar y fomentar la competencia en las telecomunicaciones, la democratización y la universalización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
A ningún operador se le permite que dé servicios a más del 35% del total de la población del país o de los abonados, según corresponda. Por otra parte, quien maneje un canal de televisión abierta no podrá ser dueño de una empresa de distribución de TV por cable en la misma localidad, y viceversa. También se impide que las compañías telefónicas brinden servicios de televisión por cable.
