La Corte Suprema de Argentina rechaza analizar el caso de Grupo Clarín
La Corte Suprema de Justicia de Argentina rechazó este jueves un pedido del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de tomar el caso de Grupo Clarín, y anular la extensión de una medida cautelar que lo protege de una nueva ley de medios.
El Supremo denegó el recurso de "per saltum" solicitado por el gobierno, que permite al máximo tribunal tomar para sí una causa judicial aun cuando no estén agotadas las instancias judiciales previas.
El tribunal también ratificó la vigencia de una medida cautelar dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial que frena la aplicación de los artículos de la ley de medios audiovisuales que obligan a los grupos a retirar inversiones en caso de que estén excedidos en el número máximo de licencias de radio y televisión permitido por la nueva ley de medios.
Por tanto, la medida cautelar, solicitada por Clarín, el mayor grupo de medios de Argentina, estará vigente hasta tanto haya una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad o no de la ley, aprobada hace tres años.
El máximo tribunal contradijo, sin embargo, el criterio de la Cámara de Apelaciones sobre el plazo máximo para que ocurra el retiro de inversiones.
El tribunal de segunda instancia había determinado que el plazo de un año para desinvertir correría a partir de la caducidad de la medida cautelar solicitada por Clarín, una vez que exista una sentencia definitiva en el litigio por la constitucionalidad de ley.
Sin embargo, la Corte consideró que el plazo de un año ha expirado ya, aunque la desinversión estará frenada hasta tanto siga vigente la medida cautelar, indicaron las fuentes consultadas.
El gobierno argentino había solicitado a la Corte el recurso de "per saltum" el pasado día 19 , alegando que el conflicto revestía características de "gravedad institucional".
El Ejecutivo que encabeza Cristina Fernández ya había solicitado otro recurso de "per saltum", pero el Supremo también lo denegó, el pasado 10 de diciembre.
El pasado día 14, el juez de primera instancia que entiende en este caso, Horacio Alfonso, determinó que la ley de medios audiovisuales es "constitucional", pero ese fallo fue apelado por Clarín ante la Cámara, que debe ahora expedirse sobre el fondo de la cuestión.
La Ley de Medios establece para cada empresa en Argentina un límite de hasta 24 licencias de televisión por cable, además de 10 licencias abiertas, que pueden ser empleadas para radio y televisión. La legislación tiene como principal objetivo el Grupo Clarín , el más grande de medios del país, que posee más de 240 sistemas de cable, 9 estaciones de radio AM, una de FM y 4 canales de televisión abierta, según datos del gobierno.
A ningún operador se le permitirá que dé servicios a más del 35% del total de la población del país o de los abonados a cada servicio, según la legislación. Clarín posee el 58% de los abonados.
La ley ha sido considerada como un mecanismo de censura del gobierno de Cristina Fernández por la Sociedad Interamericana de Prensa, además de los distintos medios de Clarín, ante la postura crítica del grupo mediático.
El argumento oficial es que la legislación busca favorecer “la pluralidad de voces evitando los monopolios” y democratizar los medios de comunicación.
Con información de la agencia EFE.
