La familia del agente Zapata demanda al gobierno de EU por 75 mdd
Las respuestas sobre qué causó la emboscada donde murió un agente estadounidense y otro resultó herido el 15 de febrero de 2011, cuando estaban asignados en México, no son claras.
¿La muerte de Jaime Zapata se debió a negligencia de sus supervisores?, ¿las tiendas que vendieron las armas con que fue realizado el ataque comparten alguna responsabilidad?, ¿qué se puede decir de la compañía de blindaje cuya camioneta falló en la protección de los agentes?
La familia del agente asesinado afirma que todos estos puntos fueron responsables en la muerte de Zapata, en una demanda de reparación de daños por casi 75 millones de dólares presentada el martes ante la corte, según el expediente judicial.
El expediente judicial originalmente pedía 75,000 millones de dólares como indeminzación, pero se modificó el jueves.
Un segundo agente de inmigración, Víctor Ávila, resultó herido cuando él y Zapata fueron emboscados en una autopista de San Luis Potosí. Ambos viajaban a la Ciudad de México en un vehículo blindado con placas diplomáticas. Fueron sacados del camino y atacados desde dos autos por hombres que abrieron fuego indiscriminadamente, según explicaron las autoridades mexicanas. Ávila también forma parte de la demanda.
El recurso acusa a más de 20 actores, que van desde el gobierno estadounidense hasta los compradores que adquirieron las armas, pasando por los funcionarios de la Oficina de Alcohol, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) que permitieron la operación de flujo de armas Rápido y Furioso .
Algunas personas, incluyendo el senador por Texas, John Cornyn, han cuestionado si algún programa similar a Rápido y Furioso tuvo la responsabilidad del asesinato de Jaime Zapata.
La demanda alega que desde principios de 2010 la ATF tenía identificados a los hermanos Otilio y Ranferi Osorio, además de Kelvin Morrison, como compradores de armamento para los cárteles del narcotráfico, pero no actuó para evitar que adquirieran más armas, una de las cuales fue hallada en la escena del crimen de Zapata.
“La ATF tenía una oportunidad y una causa probable para arrestar a los hermanos Osorio y a Morrison pero no lo hizo”, señala la demanda.
El documento menciona los departamentos de Justicia y Seguridad Interior, al igual que los supervisores de Rápido y Furioso como el grupo que desarrolló la estrategia de pase de armas que ya había sido usada en Texas.
El gobierno “puso armas en las manos de una peligrosa organización criminal y falló en advertir, poniendo, por lo tanto, a los agentes Zapata y Ávila en el trayecto del daño”, según la demanda.
Uno de los sospechosos de la muerte de Zapata, Julián Zapata Espinoza, también conocido como El Piolín fue arrestado en México y extraditado a Estados Unidos en 2011 . Las autoridades lo acusan de cuatro cargos, mientras que Zapata se declaró no culpable y se encuentra a la espera de un juicio.
La demanda por el caso Zapata es similar a la presentada hace dos meses por la familia del agente de la Patrulla Fronteriza asesinado, Brian Terry. Su asesinato en Arizona, en la frontera con México, sacó a la luz la estrategia de dejar pasar armas. La familia de Terry demandó a funcionarios federales y al propietario de una tienda de armas.
