El yerno del rey español niega que su esposa esté involucrada en un fraude
Iñaki Urdangarin, el yerno del rey de España, declaró este sábado ante el juez que supervisa el caso Nóos de corrupción, que su esposa, la infanta Cristina, no tiene nada que ver con los negocios de la fundación que presidió y a la que se investiga por presunto desvío de fondos públicos.
Antes de responder este sábado a las preguntas del juez, Urdangarin leyó una declaración en la que aseguró que la Casa del Rey "no opinó, asesoró, autorizó o avaló las actividades" que desarrollaba el Instituto Nóos, la entidad sin ánimo de lucro que presidió.
En su declaración en un juzgado de Palma de Mallorca, Urdangarin negó también que hubiera habido alguna reunión en el Palacio de la Zarzuela, la residencia de los Reyes de España, para preparar un evento organizado por Nóos, la cumbre Valencia Summit, que se investiga por el supuesto desvío de millones de euros del erario.
Tanto él como su exsocio Diego Torres están bajo investigación por un supuesto desvío de unos 6.1 millones de euros (cerca de ocho millones de dólares) de las administraciones regionales de Baleares y Valencia al Instituto Nóos entre los años 2004 y 2007.
Según informaron fuente jurídicas, Urdangarin aseguró además, que en marzo de 2006, por consejo de la Casa Real, se desmarcó del Instituto Nóos, y rechazó que posea cuentas bancarias en Suiza y utilice prestanombres.
Urdangarin señaló también que considera nulos los correos electrónicos aportados a la causa por Torres.
Mediante dichos correos, que Torres ha entregado en distintos momentos al juez, pretende demostrar que Urdangarin y el secretario personal de las hijas del rey, Carlos García Revenga, tomaban decisiones empresariales en los negocios del entramado empresarial del Instituto Nóos.
García Revenga también está citado a declarar como imputado hoy ante el mismo juez de instrucción, José Castro.
En su defensa, Torres proclama que la junta directiva de Nóos la componían cinco personas: Urdangarín ocupaba la presidencia, Torres era vicepresidente; Miguel Tejeiro, secretario general; García Revenga, tesorero; y la propia infanta Cristina, vocal.
A lo largo de la investigación, el juez Castro ha constatado "indicios racionales" de los delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos, fraude a la Administración y tráfico de influencias.
