Nuevas normas facilitan la legalización de familiares de migrantes en EU
Inmigrantes indocumentados podrán solicitar, a partir de este lunes, una exención provisional para permanecer con sus familias en Estados Unidos mientras dura el proceso para obtener su residencia legal en el país. La idea es reducir el tiempo que los miembros de la familia están separados de los que dependen durante el trámite.
De esta forma, los cónyuges, los hijos indocumentados menores de edad, y los padres de ciudadanos estadounidenses no tendrán que dejar el país durante años para realizar el proceso consular de sus solicitudes de visa y convertirse en residentes legales permanentes.
Los inmigrantes sin documentos deben demostrar que estar separados de sus familiares directos les crearía una “dificultad extrema”, como requisito para comenzar el proceso sin dejar el país. Una vez que su visa es aprobada, deben viajar a sus países de origen para recogerla.
La nueva regla no garantiza el estatus legal a los inmigrantes indocumentados, la familia todavía tiene que demostrar que la deportación del cónyuge o de los padres causaría "dificultades extremas" para el ciudadano de EU.
Bajo la ley actual, los familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses que no son elegibles para regular su situación en EU para convertirse en residentes permanentes legales tienen que abandonar el país y obtener una visa de inmigrante en su país de origen.
"Esta regla final facilita el proceso de inmigración legal y reduce la cantidad de tiempo que los ciudadanos estadounidenses están separados de sus familiares más cercanos que se encuentran en el proceso de obtener una visa de inmigrante", dijo la secretaria de Seguridad Interna Janet Napolitano en un comunicado de prensa.
Según el Departamento de Seguridad Interna, la nueva regla implementada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EU reducirá de forma significativa el tiempo de espera para obtener la residencia legal, una medida que beneficiará a alrededor de un millón de personas de los 11 millones que se estima están en EU de forma ilegal.
El departamento recordó que la exención no protege al inmigrante por la acumulación de periodos adicionales de presencia ilegal, no autoriza a un inmigrante a entrar a Estados Unidos sin visa, no da beneficios como autorización para trabajar, libertad condicional o libertad anticipada, y no protege a una persona que está en proceso de deportación por violar las políticas inmigratorias.
La Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante, aprobada por el Congreso estadounidense en 1996, sancionaba con tres años fuera de EU a los indocumentados que permanecieran menos de un año en el país, una pena que se elevaba a 10 años si permanecía más de un año, penas que son anuladas por la nueva regla.
La nueva regla entra en vigor en medio de una ola de liberaciones de inmigrantes ilegales que enfrentarán sus procesos de deportación en libertad, acción que ha sido criticada por los republicanos .
La semana pasada el servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) inició un proceso para liberar a “varios cientos” de personas consideradas de bajo riesgo, debido a problemas presupuestales, quienes estarán bajo supervisión menos costosa.
En prisión, solo permanecerán aquellos que cometen delitos graves, y en otros individuos que representan una amenaza significativa para la seguridad pública.
El ICE no informó ni al Departamento de Seguridad Interna, ni a la Casa Blanca hasta que las liberaciones ya estaban en marcha.
La medida fue calificada como “indignante” por la gobernadora de Arizona Jan Brewer. “Está mal y es indignante, y es terrible que se algo de esta magnitud sin contactarme o contactar a las personas de seguridad interna”.
A estas dos medidas se suma la de junio de 2012, cuando el gobierno de Barack Obama anunció que detendría las deportaciones de los jóvenes inmigrantes ilegales que hubieran llegado durante la infancia a Estados Unidos y que cumplieran con ciertos requisitos.
Durante su mensaje del Estado de la Unión, Obama pidió que los legisladores le envíen un proyecto de ley, para concretar la reforma inmigratoria y firmarla de inmediato.
