Los legisladores de EU retoman el debate de la reforma inmigratoria

En noviembre pasado, los votantes hispanos plantaron la semilla de una reforma inmigratoria cuando apoyaron al presidente Barack Obama por una cifra récord de participación.

Este abril, veremos si las semillas crecen en el suelo ácido del Capitolio.

El Congreso regresa de sus vacaciones de primavera este lunes y la reforma inmigratoria es prioritaria en la agenda. El Grupo de los Ocho del Senado prepara la difusión de su muy esperado plan para resolver el estatus de 11 millones de hombres, mujeres y niños indocumentados en Estados Unidos.

¿Puede una peculiar confluencia de factores — un presidente demócrata que trata de construir su legado y un Partido Republicano que enfrenta una nueva realidad demográfica— superar su historial de inacción en un Congreso sumamente dividido? La respuesta no está clara.

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"Lo que tenemos ahora no es un sistema de inmigración legal para el siglo 21", dijo en enero el senador republicano Marco Rubio, un conservador clave para las negociaciones. "Tenemos una obligación y la necesidad de abordar la realidad de la situación que enfrentamos".

¿Qué es el Grupo de los Ocho? Un grupo que incluye a los republicanos Rubio, Lindsey Graham, John McCain y Jeff Flake, y a los demócratas Robert Menendez, Dick Durbin, Michael Bennet y Chuck Schumer.

Los detalles del plan del Senado

Una fuente familiarizada con las negociaciones dijo a CNN recientemente que los ocho senadores probablemente llegaron a un acuerdo sobre algunos de los asuntos más controvertidos, incluida la creación de un camino para la ciudadanía y de un sistema para evaluar el estatus de la seguridad fronteriza.

En específico, los senadores acordaron una ruta de 13 años para obtener la ciudadanía. Tomaría 10 años a trabajadores indocumentados adquirir una Credencial de Residente Extranjero (green card) y otros tres para la ciudadanía.

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En el camino, los obreros indocumentados tendrían que pagar una multa e impuestos, y pasar una revisión de antecedentes. El monto de la multa aún no está determinado.

Ningún trabajador indocumentado podrá aspirar a la ciudadanía hasta que se considere que la frontera está segura. Para ello se crearía una comisión con la tarea de establecer y evaluar una serie de criterios cuantificables. Este grupo estaría compuesto por funcionarios nombrados por líderes federales y estatales.

El desacuerdo por los trabajadores agrícolas

Un marcado desacuerdo sobre el tratamiento a futuro de los trabajadores indocumentados que laboran en las granjas de Estados Unidos detiene el avance de la iniciativa.

Los dos puntos controvertidos son los salarios y el número de visas a otorgar, confirmaron dos fuentes cercanas a las conversaciones este viernes. Cuatro senadores — los republicanos Rubio, Bennet y Orrin Hatch, así como la demócrata Dianne Feinsten— trabajan en el asunto.

"Es uno de los puntos más grandes sin solución", dijo una de las fuentes a CNN.

Las fuentes no pudieron dar detalles como el número de visas o los montos de los salarios a consideración. Pero generalmente los negocios agrícolas tienen interés por más visas y menos salarios.

Líderes sindicales, en contraste, apoyan menos visas y mejores salarios.

Además de la disputa en este tema, las fuentes dijeron que la complejidad de esta reforma hace lento el proceso para su publicación. Los senadores esperan difundirla esta semana, pero se requiere un periodo de tiempo significativo para que funcionarios de varias dependencias la adopten.

Sobre los otros trabajadores

Al parecer, los líderes sindicales y las empresas llegaron a un acuerdo para establecer un nuevo modelo de trabajador inmigrante invitado para los obreros no agrícolas.

El compromiso, de acuerdo con otra fuente, es la creación de una nueva visa “W” para trabajadores menos calificados fuera de la agricultura.  Se les permitiría entrar al país en periodos de escasez de mano de obra y eventualmente tendrían la posibilidad de solicitar la ciudadanía.

La visa “W” afectaría a trabajadoras del hogar, jardineros, vendedores y algunos contratistas, dijo la fuente. El acuerdo no incluye visas para indocumentados más calificados o familiares.

De acuerdo con la AFLCIO, la organización sindical más grande de EU, este programa de visas sería lanzado en abril de 2015. El número de visas nunca sería menor a 20,000 por año y podría llegar hasta 200,000 en momentos necesarios.

Un tercio de las visas estaría reservado para negocios que empleen a menos de 25 personas, mientras que no más de 15,000 irían para trabajadores de la construcción, explicó la AFL-CIO.

Una nueva dependencia gubernamental, la Oficina de Inmigración e Investigación del Mercado Laboral, determinaría a las industrias con escasez de mano de obra y enviaría sus recomendaciones al Congreso. La agencia también jugaría un papel para establecer el tope anual de visas “W”. Dependería de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de EU, mientras que su director sería designado por el presidente y confirmado por los legisladores.

“La belleza de este programa es que sube y baja según la economía”, dijo Ana Avendano, de la AFL-CIO, a CNN. “Cuando la economía esté floreciendo habrá más visas disponibles para trabajadores extranjeros. Cuando no, no habrá, y eso es algo que jamás hemos visto en Estados Unidos antes”.

Randy Johnson, vicepresidente de la Cámara de Comercio de EU, emitió un comunicado en el que declaró que la propuesta de la nueva visa “es un programa sólido y factible para la comunidad empresarial”.

La resistencia del Senado

Puede que el Grupo de los Ocho tenga una representación ideológica, pero eso no significa que no haya resistencia al plan una vez que sea lanzado, en especial entre los conservadores. Entre los votantes de base del Partido Republicano hay resistencia a cualquier plan que implique una amnistía para quienes entraron al país ilegalmente.

Los demócratas liberales, en tanto, están preocupados porque los conservadores nunca acepten que la frontera sur de EU está segura, y que traten de usar ese asunto constantemente para negar la ciudadanía a los residentes indocumentados.

En el Senado, el republicano de Alabama Jeff Sessions y otros han expresado su preocupación porque los líderes demócratas presionen por el plan del Grupo de los Ocho antes de que otros legisladores puedan revisarlo.

Líderes demócratas “quieren que el Congreso apruebe una iniciativa de amplio alcance antes de que los estadounidenses sepan qué es”, dijo Sessions en un comunicado emitido el pasado 2 de abril. “Ahora que los intereses especiales tienen lo que ellos quieren, el trato se ha hecho: forzarlo y poner a un lado el interés público”.

Rubio también ha dicho que está preocupado porque la legislación pase rápido por el Congreso. Algunos analistas dicen que esa preocupación refleja necesidades políticas a medida que el legislador equilibra su rol como negociador de la reforma inmigratoria y sus posibles aspiraciones presidenciales.

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En respuesta a la presión del Partido Republicano para difundir detalles sobre las deliberaciones secretas del Grupo de los Ocho, Rubio prometió este viernes informar a sus compañeros senadores el 9 de abril.

“Esta propuesta será un punto de partida”, escribió el legislador a cuatro colegas. “Espero que tengan la gran oportunidad de revisar, comentar y modificar como lo consideren necesario”.

El presidente de la Comisión Judicial del Senado, Patrick Leahy, quien revisará la iniciativa una vez que sea difundida, ha minimizado las preocupaciones de Session y Rubio.

La Comisión Judicial “ha tenido varias audiencias para examinar la necesidad de una reforma inmigratoria integral”, dijo Leahy en un comunicado el 2 de abril. “Si no actuamos rápido y decisivamente perderemos la oportunidad que ahora tenemos”.

Leahy dijo que espera el voto final del Senado este verano.

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La alternativa de los representantes

Mientras la atención está en el Senado, un grupo bipartidista de representantes trabaja en su propia versión de una reforma inmigratoria. El presidente de la Cámara baja, John Boehner, dijo a reporteros el mes pasado que los legisladores están en un “esencialmente de acuerdo” en un plan para abordar el asunto.

Las negociaciones en la Cámara de Representantes incluyen a los republicanos Mario Diaz-Balart, Sam Johnson, John Carter y Raul Labrador, así como a los demócratas Xavier Becerra, Luis Gutierrez, Zoe Lofgren y John Yarmuth.

Los miembros de este grupo de legisladores se han negado a hablar públicamente sobre las conversaciones bipartidistas. Algunos han trabajado en el Congreso desde que otro plan falló en 2007.

"Las libertades y oportunidades de Estados Unidos atraen a gente de todas las naciones", escribió Labrador el 31 de marzo en una columna en Los Angeles Times. “Aunque no tenemos ninguna obligación de aceptar a cualquiera que busque un futuro para ellos aquí, para aquellos que desean venir legalmente podemos proveer un camino justo. A aquellos que están aquí ilegalmente, podemos ofrecerles una oportunidad justa para redimirse”.

“Y para el pueblo de EU”, añadió, “podemos ofrecer un sistema de inmigración moderno que mantenga a Estados Unidos fuerte, seguro y libre”.