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EU establece nuevas directrices para casos de redadas contra inmigrantes

Una demanda colectiva de inmigrantes, tras una serie de allanamientos sin orden judicial en 2006 y 2007, causó cambios a la política de ICE

En lo que los activistas consideran una victoria para los latinos, el gobierno de Estados Unidos resolvió los alegatos relativos a una serie de allanamientos de casas sin orden judicial, hechos por agentes de inmigración, que ahora deben seguir las nuevas directrices para operaciones similares en el futuro.

Los términos son parte de un acuerdo extrajudicial federal que se aprobó el jueves pasado en Nueva York, entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y casi dos docenas de demandantes que se unieron en una demanda colectiva.

La demanda fue  seguida de cerca por comunidades de inmigrantes , que alegaron que presuntamente agentes de ICE irrumpieron en ocho viviendas de familias latinas en Long Island, Nueva York, en 2006 y 2007, sin justificación legal.

"Este es un paso positivo en la capacidad de retener agentes de ICE responsables de mala conducta", dijo Axel Caballero, fundador de My Cuentame, una organización no lucrativa en defensa de los derechos de los inmigrantes

"Esperamos que los oficiales y los organismos sean lo suficientemente sabios como para no hacer caso omiso de la decisión. Pero esto no es suficiente. Esto es solo el comienzo de un cambio que tiene que ocurrir”.

La demandante principal, Adriana Aguilar, dijo que los agentes golpearon a la puerta a la mitad de la noche y entraron en su casa de East Hampton, a pesar de que les negó la entrada.

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Ella compartía la casa con sus padres, hermanos e hijos, todos ciudadanos estadounidenses.

Según las directrices revisadas para los casos sin orden judicial, ICE debe establecer una política en la que pida a los agentes que, cuando sea factible, obtengan permiso para entrar en una casa, con un lenguaje que los residentes puedan entender.

También hay nuevas restricciones respecto a las búsquedas que se pueden realizar en propiedades que rodeen una casa.

El gobierno, como parte del acuerdo, también acordó pagar un millón de dólares y soltar o hacer a un lado los procedimientos de inmigración de varios casos relacionados con las redadas.

ICE declinó hacer un comentario sobre el acuerdo.

Jaqueline Hurtado contribuyó con este reporte

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