Guatemala 'revive' el genocidio con los testimonios de las víctimas

Los soldados mataron a Magdalena, la hija adolescente de Jacinto López: la apuñalaron varias veces en el cuello. Luego mataron a tiros a sus hijos, Domingo y Pedro, de 13 y 10 años, respectivamente. No tuvieron clemencia con sus suegros. Casi nadie sobrevivió en la aldea.

Estas atrocidades ocurrieron en la remota ciudad guatemalteca de Santa María Nebaj en julio de 1982 y nunca se habían narrado en un tribunal. Por primera vez, López compartió su aterradora historia en el tribunal supremo del país. “Mataron a mi familia y destruyeron nuestras cosechas”, testificó López. “Incluso se llevaron mis vacas”.

El ataque contra la familia López fue uno de los incontables que ocurrieron a principios de la década de 1980 durante la guerra entre el gobierno guatemalteco y los rebeldes izquierdistas. Las fuerzas armadas usaron a los rebeldes como excusa para acabar con las aldeas rurales de los mayas ixil, a quienes acusaron de albergar a los insurgentes, de acuerdo con los fiscales.

El juicio vuelve a encender el debate acerca de las controvertidas políticas progubernamentales de Estados Unidos en la región durante los ochenta. También permite echar un vistazo fascinante en tiempo real a la forma en la que un país ha elegido enfrentar a sus propios demonios. Los dolorosos testimonios públicos podrían ayudar a superar la traición nacional que se refleja en el rostro de muchas víctimas mayas.

López, quien ahora tiene 82 años, está entre las decenas de testigos que declararon ante un panel de tres ministros de la Suprema Corte en el juicio contra Efraín Ríos Montt , un exdictador militar que gobernó Guatemala entre 1982 y 1983.

Por “primera vez, en alguna parte del mundo”, se juzga a un jefe de Estado por genocidio bajo el sistema legal de su propio país, según Naciones Unidas. Las anteriores acusaciones de genocidio, como en Ruanda o Serbia, se presentaron ante jueces internacionales en cortes externas a esos países. Los ataques en Guatemala son considerados por muchos analistas como el único caso conocido de genocidio en el hemisferio occidental en la era moderna.

Los ataques en este país centroamericano representan el único incidente conocido de genocidio en el hemisferio occidental en la era moderna , según la ONU. Los fiscales dicen que durante la campaña, más de 1,700 mayas ixil fueron asesinados. Según el censo de 2002, hay cerca de 95,000 mayas ixil, lo que representa menos del 1% de la población.

Ríos Montt, de 86 años, está acusado de autorizar una estrategia militar tan brutal que se le llamó “tierra calcinada”. Los abogados de Ríos Montt dicen que el exdictador no ordenó ninguna de las atrocidades.

Los cargos dependen de la acusación de que el Ejército recibió ordenes de Ríos Montt de dirigir sus ataques específicamente contra los ixil por su etnia y no porque eran sospechosos de proteger a los rebeldes.

La acusación se ha hecho antes, pero no en la corte. En un reporte de 1999, una comisión de verificación de Guatemala concluyó que “agentes del Estado cometieron actos de genocidio contra grupos de la población maya”.

Durante las primeras declaraciones del juicio, un abogado de Ríos Montt dijo que los ataques étnicamente dirigidos nunca ocurrieron. “Yo nunca escuché un discurso que dijera ‘maten a los ixil, exterminen a los ixil’”, dijo el abogado defensor Francisco García Gudiel. Ríos Montt “nunca dio una orden, escrita o hablada, para exterminar a un solo ixil en este país”.

Para el tribunal de la opinión pública, Estados Unidos también está en el banquillo. Los críticos dicen que Washington ignoró los abusos o algo peor. El gobierno de Ronald Reagan argumentó que la violencia estaba disminuyendo durante el mandato de Ríos Montt y levantó un embargo de armas en 1983. Sin embargo, este capítulo oscuro de la historia de Centroamérica tiene un final. Recientemente, Estados Unidos presionó para que se implementara una reforma judicial en Guatemala que ha hecho posible este juicio.

Recuerdos espantosos

Durante generaciones, los ixil han vivido en aldeas en el norte montañoso del país, mayormente aislados del resto de Guatemala y del mundo. Aún hablan principalmente el idioma ixil y muchos de los testigos a los que hasta ahora se ha llamado a declarar recurrieron a los servicios de un traductor.

Las terribles historias que revelaron más de 70 testigos de la fiscalía serían difíciles de escuchar en cualquier idioma.

“Tenía 12 años”, dijo una mujer, cuya identidad está protegida por la corte. “Me llevaron con el resto de las mujeres y me ataron las manos y los pies. Metieron un trapo en mi boca y empezaron a violarme. No sé cuántos se turnaron, perdí el sentido, la sangre seguía corriendo. Más tarde, no podía mantenerme de pie ni orinar”.

Las historias de violaciones eran tan comunes que se destinó todo un día del juicio para escuchar los testimonios de las víctimas de violación. Sus impactantes historias provocaron que muchos de los guatemaltecos que estaban en la corte se cubrieran la boca con las manos. La naturaleza poderosa del proceso generó un profundo silencio en la sala, que a veces se rompía por un sollozo solitario.

Pedro Chávez Brito tenía seis o siete años cuando el ejército atacó su aldea en noviembre de 1982. Dijo a la corte que los soldados mataron a su madre. En un desesperado intento por escapar, se escondió en el gallinero con su hermana embarazada y sus dos hijos. No funcionó.

Cuando los soldados los encontraron, arrojaron a la hermana de Chávez por las escaleras de su casa. Luego prendieron fuego a la casa y mataron a su hermana y a sus dos hijos, testificó Chávez. Otros siete familiares probablemente murieron en el incendio, dijo.

Chávez, al igual que otros sobrevivientes, vivió para contar su historia porque huyó hacia las inclementes montañas. Así fue como María Cruz Raymundo y su familia escaparon. Las condiciones eran tan duras que su esposo y sus hijos murieron de hambre, dijo a la corte.

Hasta ahora han declarado más de 100 testigos en un maratón de historias macabras. Otro testigo, Nicolás Bernal, testificó que los soldados mataron a sus vecinos, y luego les arrancaron el corazón y enterraron sus cuerpos.

Cada día que pasa, se revelan historias de pesadilla similares. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos, como el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos y la Asociación para la Justicia y la Reconciliación, están transmitiendo el juicio en vivo por internet. Además, la Iniciativa para la Justicia Sociedad Abierta de Estados Unidos proporciona resúmenes diarios en un sitio web creado para tal efecto. Los testimonios de este reportaje se obtuvieron a través de esas fuentes y de los medios estatales.

Cambio de postura de EU

Cuando Ríos Montt asumió el poder tras un golpe de Estado, en 1982, Guatemala ya sufría una violenta guerra civil que duraría 36 años. Durante dos décadas, los militares habían asesinado a los insurgentes y efectuado masacres extrajudiciales como parte de un conflicto mayor entre los rebeldes izquierdistas y los gobiernos radicales de la región.

Para cuando se llegó a un acuerdo de paz en 1996, se calculaba que habían muerto más de 200,000 personas. Ríos Montt está acusado de genocidio y crímenes contra la humanidad cometidos durante los 16 meses de su dictadura. Se le está juzgando junto con su entonces jefe de inteligencia militar, Mauricio Rodríguez Sánchez, quien está acusado de diseñar y ejecutar la estrategia militar.

Cuando Ríos Montt llegó a la presidencia, las violaciones a los derechos humanos ya habían provocado que Estados Unidos suspendiera la ayuda al gobierno guatemalteco. Sin embargo, a causa de un escándalo político que ocurrió en Estados Unidos en la década de 1990 se reveló que durante la guerra civil, la CIA siguió proporcionando dinero por varios años a las fuentes de la inteligencia militar guatemalteca.

Las comunicaciones ahora desclasificadas de la CIA indican que Estados Unidos sabía de las atrocidades que se estaban cometiendo contra los mayas ixil, pero no hizo nada al respecto, de acuerdo con Victoria Sanford, directora del Centro de Derechos Humanos y Estudios para la Paz de la Universidad de la Ciudad en Nueva York. “A veces elegían ignorarlo, pero a menudo lo encubrían”, dijo Sanford.

En un documento de la CIA, con fecha de febrero de 1983, la agencia reportó a Washington que el incremento de la violencia contra los civiles era consecuencia de “la violencia de derecha”.

Sin embargo, el entonces embajador estadounidense agregó al memorando una nota con una explicación definida: “Estoy firmemente convencido de que la violencia que se describe está ordenada y dirigida por el gobierno guatemalteco”.

En otro memorando de la CIA, se muestra que el gobierno de Estados Unidos podría haber estado al tanto de las tácticas violentas que se usaban contra los mayas ixil.

“Cuando una patrulla del ejército encuentra resistencia y se ve bajo fuego en una ciudad o un pueblo, se asume que todo el pueblo es hostil y por ende es destruido”, establece el documento de 1982. “Que el ejército tenga la bien fundada creencia de que toda una población ixil ha creado una situación en la que se puede esperar que el ejército no dará cuartel a los combatientes ni a los no combatientes”.

Los críticos culpan a Estados Unidos porque, a causa de su celo anticomunista, permitieron estas atrocidades al negarlas y levantar el embargo de armas. El entonces presidente estadounidense, Ronald Reagan, dijo que los críticos estaban calumniando a Ríos Montt. Simultáneamente, Estados Unidos respaldaba a otros caudillos que se enfrentaban a los izquierdistas en América Latina.

Sin embargo, si Estados Unidos se merece las críticas por permanecer en silencio durante el gobierno de Ríos Montt, también debería reconocérsele que apoyó los esfuerzos guatemaltecos para someter a juicio al dictador, dijo Anita Isaacs, profesora de Ciencias Políticas en el Colegio Haverford, cuya investigación se concentra en la política guatemalteca.

“Este juicio no estaría ocurriendo si no fuera porque Estados Unidos presionó para que se reformara el sistema judicial de Guatemala”, dijo. En su opinión, el embajador de Estados Unidos en Guatemala entre 2008 y 2011, Stephen McFarland, fue “el único responsable” de cambiar la percepción que el país tenía de Estados Unidos, que dejara de ser visto como un entrometido y se le considerara un apoyo.

McFarland escuchó las historias de los sobrevivientes de la guerra civil y asistió a las audiencias en apoyo a las víctimas, dijo.

El juicio

La naturaleza histórica del juicio no pasa desapercibida para el público del país, aunque algunas personas dicen que ha pasado demasiado tiempo como para que el juicio sea justo.

Hasta el actual presidente, Otto Pérez Molina —un exgeneral que estuvo al mando de tropas en tierras ixil—, ha dicho que cree que no hubo genocidio. Él considera que algunos de los ataques fueron una especie de campaña de defensa nacional.

Las fuerzas armadas guatemaltecas consideraban que los mayas ixil colaboraban con los rebeldes que amenazaban al gobierno.

Los manifestantes con lazos políticos que han protestado fuera del tribunal comparten esta opinión; llevan carteles en los que exigen que se respete a las fuerzas armadas y que se lleve a cabo un juicio justo. Uno de los manifestantes, Víctor Manuel Argueta, dijo a la agencia noticiosa estatal AGN que los soldados “estamos orgullosos de lo que hicimos durante la guerra civil”.

Dijo que el ejército de principios de los ochenta “estaba dedicado a defender a la gente de quienes querían usurpar el poder” y que el juicio no es más que un “linchamiento político”.

En los documentos desclasificados de Estados Unidos, se repite la afirmación del Ejército guatemalteco: que los ixil estaban protegiendo a los rebeldes.

Sin embargo, los antropólogos han efectuado decenas de estudios en los que se indica que el asunto era mucho más complejo, dijo Kate Doyle, directora del Proyecto de Documentación Guatemala del Archivo Nacional de Seguridad, un importante instituto estadounidense de investigaciones.

Algunos mayas ixil se unieron a las guerrillas como combatientes y otros les proporcionaban alimentos o protección, aunque otros no tenían lazos con los rebeldes. Algunos incluso se oponían activamente a los rebeldes, dijo Doyle.

Desde que empezó el juicio, Ríos Montt ha despedido y ha vuelto a contratar a sus abogados. Los abogados de la defensa han argumentado que no hay pruebas que indiquen que Ríos Montt ordenó alguno de los abusos.

Sus abogados han exigido en repetidas ocasiones —sin éxito— la recusación de la juez. Dicen que ha violado los derechos de Ríos Montt al insistir en que se llevara a cabo el juicio aunque sus abogados no estuvieran preparados.

¿Una victoria sin importar el resultado?

Las historias de las víctimas son aterradoras y la sed de justicia es fuerte, pero la tarea de demostrar un genocidio no es fácil.

Los fiscales deben demostrar que los ataques estaban dirigidos en contra de un grupo étnico específico con la intención de destruirlo, dijo Naomi Roht-Arriaza, profesora de Derecho en la Escuela de Leyes Hastings de la Universidad de California.

Para condenar a Ríos Montt, los fiscales también tienen que convencer a los jueces de su responsabilidad.

No está tan claro lo que está en juego. Los cargos de genocidio no tienen precedentes. Si se condena a Ríos Montt y a Rodríguez Sánchez, se desconoce la posible sentencia máxima a la que estarían sujetos.

En 2011, un tribunal guatemalteco sentenció a cuatro soldados a 6,060 años de prisión cada uno por su intervención en la masacre de Dos Erres, una aldea en la que murieron 201 personas en 1982. Se sentenció a un quinto soldado por el mismo crimen el año pasado. Las sentencias inauditas fueron por crímenes contra la humanidad, no genocidio. En vista de la edad de Ríos Montt, muchos asumen que no cumplirá una condena en prisión si se le halla culpable. Por el momento, los observadores legales dicen que el juicio es un gran triunfo en sí mismo.

Un asunto nacional

Muchos de los mayas ixil han descrito su penuria con la misma frase: dijeron que el ejército los había tratado “como animales”. Roht-Arriaza dijo que estas revelaciones descorazonadoras ofrecen a las víctimas una oportunidad muy importante.

Finalmente, pueden hablar en un tribunal público sobre los horrores que vivieron hace tantos años. Varios testigos dijeron que no buscan venganza, sino que simplemente quieren “liberarse” con la inclusión de su historia en el registro oficial.

Deben “hacer público lo que se han guardado”, dijo Roht-Arriaza. “Abrir la conversación en la nación. Permitir que la gente vea que el sistema de justicia funciona”.

Al mirar a los ojos a algunas de las víctimas en la corte, es difícil saber si muestran dolor, fe, paz o el alivio por quitarse el peso de encima. Conforme los testigos narran sus terribles historias con detalle, Ríos Montt escucha a unos metros de distancia, inexpresivo. Sólo escucha.

Como lo describe Isaacs, esto “es en sí una forma de justicia”.

Mariano Castillo, de CNN, reportó y escribió esta historia desde Atlanta. El periodista Miguel Salay colaboró desde Ciudad de Guatemala.