El caso de AP expone la necesidad de mayor protección para los periodistas

Esta semana se reveló que el gobierno de Estados Unidos investigó los registros telefónicos de Associated Press , lo que desencadenó una gran maraña de temas que abarcan la libertad de prensa, la seguridad nacional y el uso o abuso del poder presidencial.

La controversia enfrenta a los defensores de la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión, con un gobierno que ha efectuado maniobras sin precedentes en nombre de la seguridad nacional para acabar con la filtración de los secretos gubernamentales.

¿Cómo puede evitar un periodista que los federales confisquen expedientes que podrían revelar a sus fuentes? De acuerdo con los expertos en la Primera Enmienda y las asociaciones de periodistas, la confiscación de los registros de AP pone de relieve que es necesaria una ley sobre el secreto profesional.

“Impediría que los fiscales persigan las notas y registros de llamadas de los reporteros y los obligaría a llevar a cabo investigaciones que no pisoteen la Primera Enmienda”, dijo Teri Hayt, presidente de la sección de la Primera Enmienda de los Editores de Medios de Associated Press.

“Si hubiera una ley que indicara que el gobierno tiene que informarte que solicitarán tus registros de llamadas telefónicas, sería útil”, dijo Chuck Tobin, presidente del departamento de leyes sobre medios del bufete Holland & Knight de Washington.

Associated Press anunció que descubrió que la semana pasada, unos agentes federales confiscaron los registros de llamadas que abarcan un periodo de dos meses a partir de mayo de 2012, incluidas las realizadas desde teléfonos personales y de líneas de AP en Nueva York; Hartford, en Connecticut, y Washington.

El servicio de noticias indicó que la investigación aparentemente está relacionada con una historia de AP en la que se indica que la Agencia Central de Inteligencia había frustrado un plan fraguado en Yemen para hacer estallar un avión.

“Estos registros podrían revelar comunicaciones con fuentes confidenciales que forman parte de las actividades periodísticas de AP durante un periodo de dos meses, lo que ofrecería un mapa de las operaciones de AP y revelaría información que el gobierno no tiene derecho a saber”, dijo Gary Pruitt, presidente y director operativo de AP, en una carta de protesta dirigida al procurador general, Eric Holder.

Según el Comité de Reporteros a favor de la Libertad de Prensa, en 40 estados de existen leyes sobre el secreto profesional y en otros nueve, leyes de facto creadas por la jurisprudencia. Sin embargo, no ofrecen protección contra actos federales como los que reporta AP.

“Ocultaron esa información a los periodistas y acudieron directamente a la compañía telefónica, lo que impidió que los periodistas impugnaran la acción ante una corte”, dijo Tobin en una entrevista telefónica. “Es realmente preocupante que el gobierno pueda interponerse entre los periodistas y sus fuentes de esta forma tan específica y descontrolada”, agregó.

Las regulaciones del Departamento de Justicia sólo permiten al gobierno actuar de esa forma en caso de “una amenaza considerable contra la integridad de la investigación”, dijo Tobin, que al parecer no era el caso de AP. Eric Holder disintió y declaró ante la prensa el martes que el artículo que desencadenó las investigaciones era “una de las filtraciones más graves que he visto”.

Durante la última década, el Congreso ha estado a punto de aprobar una ley sobre el secreto profesional que protegería las fuentes de los periodistas. Sin embargo, la medida perdió apoyo por el escándalo de WikiLeaks, en el que se publicaron miles de cables diplomáticos confidenciales de Estados Unidos.

Al parecer, la maniobra del Departamento de Justicia fue lícita , dijo el analista legal senior de CNN, Jeffrey Toobin. “Muchas personas piensan que la Primera Enmienda protege el derecho de los periodistas a mantener la confidencialidad de esta clase de información, pero no es verdad, de acuerdo con la ley federal. No existe ningún privilegio que proteja esta información”.

El gobierno de Obama ha echado mano de la Ley contra el Espionaje de 1917 para descubrir a los sospechosos de filtrar información en seis casos, el doble de los que se han descubierto en todas las presidencias anteriores.

El asunto trasciende la seguridad nacional para introducirse en la política. Varios republicanos han criticado las acciones del Departamento de Justicia. “Es perturbador”, dijo el asambleísta republicano por California, Darrell Issa.

“A una semana de que se diera a conocer que la Casa Blanca engañó al pueblo estadounidense acerca de los atentados en Bengasi y de que el servicio tributario arremetió contra algunos estadounidenses conservadores por sus ideas políticas, los estadounidenses deben darse cuenta de que los funcionarios del gobierno de Obama creen que están por encima de la ley", dijo Issa. El republicano es uno de los republicanos que votaron en contra de la ley federal sobre el secreto profesional.

“Los republicanos pidieron esta investigación y, una vez que se llevó a cabo, actúan como si estuvieran sorprendidos de que el departamento diera los pasos necesarios y obvios”, dijo Miller.

“El presidente es un firme defensor de la Primera Enmienda y cree que la prensa necesita tener la libertad de realizar reportajes de investigación para que haya un libre flujo de información”, dijo el secretario de prensa de la Casa Blanca, Jay Carney. “También reconoce que es necesario que el Departamento de Justicia investigue la presunta actividad criminal sin ceder a las influencias indebidas, es necesario mantener un equilibrio cuidadoso”. Carney aclaró que la Casa Blanca no tenía nada qué ver con la investigación del Departamento de Justicia.