Familias son separadas en EU por la persecución judicial de inmigrantes

El número de casos de personas perseguidas por la justicia federal en Estados Unidos por delitos inmigratorios se ha incrementado significativamente en la última década y con ello la separación de familias, según un reporte de la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW).

Los casos por delitos inmigratorios ya representan el 40% de todos los casos criminales en cortes federales de EU; en comparación con los relacionados a crímenes de drogas que son el 22% del total, de acuerdo con el reporte de la organización que cita cifras del gobierno.

Muchos de los casos de personas que cometen delitos con aquellas que regresan a Estados Unidos luego de ser deportados a sus países de origen, señala el reporte de 82 páginas Convirtiendo a los Migrantes en Criminales.

HRW denunció que en muchos de los casos se violó el debido proceso, que muchos de los procesados intentaban regresar porque fueron separados de sus familias, y que los costos se han elevado significativamente para el sistema de prisiones.

El juez de distrito Robert Brack, que estima ha sentenciado en su carrera judicial a más de 11,000 personas por entrar ilegalmente a Estados Unidos por segunda vez, dijo a HRW que esto "es un proceso que destruye familias todos los días y varias veces al día".

La organización afirma que la mayoría de los deportados no tenían antecedentes criminales, y fueron enviados a sus países de origen sin que se presentaran cargos, por lo que al regresar automáticamente se convierten en criminales.

De acuerdo con el reporte de Human Rights Watch, hasta hace 10 años el panorama era distinto: la deportación de una persona de Estados Unidos se realizaba si el inmigrante ilegal había cometido un crimen violento y relacionado con armas.

Las leyes estadounidenses castigan con seis meses de prisión un intento de entrar ilegalmente a Estados Unidos. Si el acusado reincide, la pena aumenta a dos años, así como a 20 si el inmigrante tiene antecedentes criminales graves.

Según el reporte de la ONG, las entradas ilegales se han incrementado 1,400% en los últimos 10 años, mientras que las reentradas ilegales han subido 300% en el mismo periodo, y más de 80,000 personas fueron procesadas judicialmente por esos crímenes en 2012.

El reporte está basado en un análisis de datos del gobierno estadounidenses, así como más de 180 entrevistas a migrantes, sus familias, abogados, fiscales y jueces, según HRW.

La organización afirmó que el número de prisioneros acusados por delitos migratorios creció de unos 10,000 en 1999 a 22,526 en marzo pasado. El costo en 2011 de encarcelar a inmigrantes fue de 1,000 millones de dólares, según la organización, una cifra que incluye los costos de legales, de fiscales y defensores.

En el estudio, la organización pidió regresar a la anterior práctica, cuando solo se deportaba a un inmigrante ilegal si había cometido un delito grave, y recomendó no perseguir criminalmente a personas que tienen familia en Estados Unidos o que están amenazados de ser perseguidos criminalmente en su país de origen.

“Aumentar los juicios relacionados con la inmigración sería contraproducente e inútil”, afirma la organización. “El volumen de casos fronterizos ha atiborrado a las cortes federales en la frontera suroeste, lo que ha llevado al sistema de justicia criminal federal de Estados Unidos a adoptar atajos, como juicios en grupo que ponen en riesgo el derecho al debido proceso”, agrega.

El reporte fue dado a conocer el mismo día en que el Comité Judicial del Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de reforma inmigratoria preparada por un grupo bipartidista de legisladores.

La propuesta, que será llevada al pleno el próximo mes, delinea un camino de 13 años para que cualquiera de los 11 millones de inmigrantes que se encuentran de manera ilegal en Estados Unidos regularicen su situación.

Además propone fortalecer la seguridad fronteriza e incrementar el número de visas para trabajadores altamente calificados, y establecer un nuevo programa de visas para trabajadores temporales, como los dedicados a la agricultura.

La Cámara de Representantes trabaja en su propia versión de la reforma inmigratoria.